Estamos enfrentando una crisis política (una vez más) que evidencia y es un reflejo de los grandes problemas estructurales que no decidimos resolver y solo se postergan. Alimentando y agudizando los mismos problemas, y generando así, continuas crisis políticas en el país.
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No hemos terminado el primer año del mandato del presidente Alejandro Giammattei y pareciera que entramos en una escalada que está erosionando rápidamente la débil credibilidad y confianza con la que inició su periodo de gobierno.
Las últimas encuestas que se han publicado reflejan que el presidente está perdiendo rápidamente el respaldo popular. No es excusa, pero no está de más recordar que a este gobierno le tocó enfrentar una pandemia mundial que puso en jaque a todos los presidentes. Se tomaron a ciegas sobre la marcha muchas decisiones, algunas desafortunadas y muchas fuertemente cuestionadas. Todos en el mundo aprendimos sobre la marcha a vivir con el Covid-19.
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No obstante, la crisis que estamos viviendo, si bien trae rezagos del desgaste político de la pandemia, se agudiza por los daños provocados por las tormentas “Eta” e “Iota”, que se suman a los problemas estructurales, pero que estalla por las desafortunadas prácticas autoritarias que prevalecen y han estado caracterizando, además de ser muy articuladas, principalmente al bloque oficialista en el Congreso, y su relación con el Ejecutivo. Esto se evidenció con la aprobación del presupuesto y la elección de la Junta Directiva del Congreso del próximo año.
La gota que derramó el vaso fue la reacción y la estrategia represiva que han implementado para responder a las genuinas, pacíficas y auténticas manifestaciones de descontento que surgieron en todo el país. Desde el uso injustificado y desproporcional de la fuerza hasta las operaciones para que “infiltrados” generaran desorden y caos. El objetivo de estas acciones a todas luces era deslegitimar las manifestaciones. Las últimas expresiones masivas, tanto en la ciudad como en varios departamentos, evidencian lo contrario. La indignación y las críticas hacia el gobierno están sólidas y las personas están dispuestas a seguir manifestándolo en las plazas.
En este contexto, en varios espacios se está hablando de cuáles pueden ser las salidas democráticas e institucionales a la crisis. Desde mi perspectiva, un primer paso es que el gobierno muestre una genuina voluntad para redireccionar el rumbo que ha tomado. Para ello, se convierte en elementos clave, por ejemplo, la destitución del ministro de Gobernación y del director de la Policía Nacional Civil –PNC–. De lo contrario, la demanda de insistencia escalará y llegará con mayor fuerza a exigir la renuncia del presidente, demanda que está en el ambiente, pero aún no ha tomado una dimensión crítica.
El problema principal es que el gobierno tiene una lectura y una visión de la crisis bastante distorsionada de lo que en realidad está pasando, cuáles son las causas y qué medidas se deben tomar para encontrar la salida. Una muestra de ello fue la injustificada e innecesaria invocación de la Carta Democrática de la OEA. La institucionalidad democrática no está amenazada por un intento de golpe de Estado gestado por una minoría, como ha tratado de presentar el gobierno.
La salida a la crisis política en gran medida está en el gobierno. Además de la genuina voluntad política, debe tender puentes, reencauzar el accionar, redefinir las prioridades, dejar de darle la espalda a la población y volcar la institucionalidad para atender sus demandas, dejando, por un lado, interés que lo acerca más a los círculos de dinámicas clientelistas, de corrupción, que buscan terminar de cooptar la institucionalidad pública. La gobernabilidad y estabilidad la alcanzará si logra dar ese viraje y cambio de rumbo. ¿Qué opina usted?