Reducir las extorsiones, tarea de todos

María del Carmen Aceña
“¿Qué recomienda el estudio? Incentivar la denuncia de las extorsiones. La población debe conocer dónde avocarse, ya sea por medio del número 1574 del MP, sedes de Dipanda o los entes especializados en la investigación del delito”.
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¿Alguna vez usted o un miembro de su familia ha sido víctima de una extorsión? En Guatemala se ha reducido la tasa de homicidios; sin embargo, la tasa de denuncias de extorsiones por 100 mil habitantes ha subido. A partir de 2016 se observa un aumento sostenido en las denuncias, incrementando 70% entre 2018 y 2019, llegando a una tasa de denuncias de 89 por cada 100 mil habitantes. Es de resaltar que solo una tercera parte de las víctimas denuncian, por lo que el desafío es aún más grande.

Recientemente, la Coalición por la Seguridad actualizó un estudio de extorsiones que se llevó a cabo en el año 2014, realizado juntamente con el CIEN. Este muestra una radiografía de la situación. Resulta que la mayoría de las denuncias de las extorsiones las ponen las personas. De las 67 mil denuncias realizadas en el periodo 2011 a 2019, el 60% fue puesta por personas que recibieron extorsiones o amenazas en sus residencias, una tercera parte la pusieron comerciantes y un 6% provino del sector de transporte.

Las tasas de denuncias por departamento muestran que es el delito que afecta más al área metropolitana y el sur del país. Los departamentos de Guatemala, Escuintla, Jalapa, Retalhuleu y Quetzaltenango registraron las tasas de denuncias de extorsión más altas en 2014 y en 2019.

Hay respuestas de las instituciones públicas ante las denuncias. De las 86 mil denuncias recibidas en el Ministerio Público -MP- en el periodo de 2010 a julio de 2020, dos terceras partes habían sido concluidas, el 8% de las denuncias recibieron sentencia. Para el mismo periodo, el Organismo Judicial -OJ- emitió 16,250 sentencias, de las cuales el 84% fueron condenatorias, lo que significa que 13,686 personas fueron condenadas por el delito de extorsión en el periodo de 11 años y medio.

Algo relevante del estudio es cómo se ha comportado este delito en los últimos años. Al principio, hasta el año 2005, las pandillas realizaban el cobro de una “renta” en los lugares en donde operaban. Entre 2006 y 2011, las pandillas se fortalecieron y sus clicas iniciaron a tener mayor presencia y control territorial, logrando que la “renta” se convirtiera en una extorsión sistemática. Después de que las pandillas sembraron el terror en la población, las condiciones fueron propicias para que nuevos grupos de extorsionistas copiaran la forma en que las pandillas realizaban el cobro de extorsiones y surgieron los “imitadores”. Inicialmente, eran miembros del crimen organizado que estaban cumpliendo penas en prisión y que se hacían pasar por pandilleros para hacer efectivos los cobros extorsivos. Luego, la mayoría de “imitadores” son actores que trabajan por su cuentan con una estructura pequeña y que no suele ser fija; involucran a amigos, familiares y compañeros de prisión según las necesidades. Sus víctimas son seleccionadas al azar y las contactan a través de llamadas o mensajes telefónicos. Los cobros extorsivos en su mayoría son cobros únicos y a veces obtenidos mediante engaños, por lo tanto, la extorsión suele ser casual. Y las llamadas a residencias o a personas individuales son la gran mayoría de sus víctimas. Resulta que el 80% de las extorsiones es cometido por “imitadores” desde las cárceles.
Es importante anotar que la mayoría de las instituciones del sector de seguridad y justicia ha evolucionado para hacer frente al delito de extorsión. Los operativos contra las extorsiones iniciaron a realizarse en el año 2008. Posterior a ello, la Policía Nacional Civil -PNC- y el Ministerio Público -MP- modificaron y fortalecieron sus estructuras para hacer frente de mejor manera al delito de extorsión. También se cuenta con un juzgado especializado. Por ejemplo, en el año 2009 surgió el Programa contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas en la PNC, el cual fue institucionalizado como una unidad en la División Especializada de Investigación Criminal -DEIC- en el año 2011 y se convirtió en una División -Dipanda- desde 2014. A la fecha, Dipanda cuenta con 11 sedes departamentales y municipales.

¿Qué recomienda el estudio? Incentivar la denuncia de las extorsiones. La población debe conocer dónde avocarse, ya sea por medio del número 1574 del MP, sedes de Dipanda o los entes especializados en la investigación del delito. Es importante mejorar la coordinación interinstitucional, especialmente con el Sistema Penitenciario -SP-, para que los esfuerzos de Dipanda y el MP no sean en vano; también compartir con el OJ las estrategias de reclusión para que los jueces emitan sus resoluciones tomándolas en consideración. Urgente concretar la coordinación con la Superintendencia de Bancos -SIB- para frenar el blanqueo de dinero producto de la extorsión.

Y, lo más importante, se debe modificar el funcionamiento del SP. De inmediato deben mejorar los controles de ingreso a las cárceles para evitar que sigan ingresando teléfonos móviles. Para reducir la corrupción en el SP es necesario establecer una carrera penitenciaria y depurar al personal. También se debe lograr en definitiva el bloqueo de cualquier tipo de comunicación en los recintos carcelarios, para lo que será necesario llegar a un acuerdo con las empresas telefónicas y establecer un convenio de cooperación. A largo plazo, es necesario reducir el hacinamiento, ampliando la infraestructura, contar con cárceles modelo y de alta seguridad.

Por lo tanto, si usted es o ha sido víctima de extorsión, denuncie. No se deje engañar por los imitadores que desde los centros carcelarios amenazan y carecen de una estructura. Las autoridades están a disponibilidad par ayudarlo. El combate a las extorsiones es tarea de todos. ¿Qué opina que la mayoría de las llamadas para extorsionar provengan de las cárceles? ¿Cómo identificar a un imitador? ¿Cómo lograr confianza de los habitantes en sus autoridades?

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