El sábado pasado presenciamos un desmedido, desproporcionado e innecesario uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) en las diversas manifestaciones que se desarrollaron en las principales plazas del país. Esto se dio en el marco de movilizaciones que evidencian la pérdida de legitimidad del Ejecutivo y el Congreso de la República, luego de que se aprobó con prácticas muy sospechosas un cuestionado presupuesto para el próximo año.
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La aprobación del presupuesto termina siendo la gota que derramó el vaso de un cansancio y hartazgo de la ciudadanía que repudia las acciones de una clase política que le ha dado la espalda y que se encuentra envuelta en fuertes acusaciones de corrupción y clientelismo. Nada nuevo. Se repite la triste historia.
Las manifestaciones son una muestra de la genuina y auténtica indignación de la población que salió a las calles a gritar su rechazo a los abusos y las medidas que se han estado tomando. El problema está en que al parecer las autoridades sordas y miopes no quieren escuchar o se están haciendo de la vista gorda, cometiendo un grave error, porque esto sí genera una fuerte crisis de gobernabilidad y legitimidad. Es el final del primer año de su mandato y el presidente y los diputados han entrado en una acelerada espiral de cuestionamientos y críticas que van minando y carcomiendo el apoyo y respaldo popular.
Esta dinámica entra en un momento crítico para nuestro sistema democrático porque el abuso de autoridad y el uso desproporcional nos acerca, lamentablemente, a las prácticas y dinámicas autoritarias y represivas que marcan de manera triste y negra la historia reciente de nuestro país. Evidenciando la fragilidad de nuestra democracia y lo peligroso que puede ser un viraje regresivo.
Solo por citar un par de elementos: Fue clara evidente represión que vivimos los pacíficos manifestantes que asistimos a las plazas, la incapacidad de las autoridades para evitar los daños al Congreso de la República, que terminaron utilizando después como excusa para reprimir o bien pudo eventualmente ser algo planificado con propósitos claros para deslegitimar la protesta y justificar el innecesario y excesivo uso de la fuerza policial, dados los indicios y la forma en que se materializaron los hechos, o bien las personas que fueron capturadas y luego puestas en libertad, y que los mismos jueces cuestionaban el actuar tanto de la PNC como del MP. Este último aspecto reafirma la importancia de la independencia judicial, en medio de la compleja elección de las Cortes, no solo la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, sino también de la Corte de Constitucionalidad.
Estos aspectos nos llevan a presentar serios cuestionamientos a las autoridades encargadas de preservar la vida, la seguridad y la integridad física de todas las personas, que fueron incapaces de cumplir con sus funciones. Una vez más parecen que están al servicio de las autoridades y no de la población. Inventando justificaciones e irreales argumentos relacionados con conspiraciones políticas o criminalizando las protestas, calificando de terroristas a los manifestantes.
Desde la perspectiva de responsabilidad política, se justifica plenamente la destitución del ministro de Gobernación, el viceministro de Seguridad, el director de la PNC y todos aquellos mandos policiales que estuvieron implicados en las órdenes que se dictaron. No hacerlo agudizará la crisis.
Por ello, el temor está en que la crisis política derive en una indeseable regresión al autoritarismo y la represión, tirando por la borda los avances que habíamos tenido en la consolidación de nuestra democracia. Lo actuado por las fuerzas públicas evidencia un retroceso que atentan contra los principios de seguridad democrática y la esencia de los Acuerdos de Paz y toda la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado construir. Nos vemos mañana en la plaza porque hay que defender nuestros derechos civiles y políticos en el marco del sistema democrático. ¿Qué opina usted?
