Es muy lamentable lo sucedido el sábado pasado. La quema del edificio del Congreso y una estación del Transmetro, el daño a la propiedad y sobre todo las víctimas debido a la actividad violenta por la protesta son inaceptables. Adicionalmente, es cuestionada la agresión entre autoridades y personas ante la provocación. Guatemala se caracterizaba por sus protestas ciudadanas pacíficas y no utilizar la violencia para que sus dirigentes políticos atendieran sus demandas. Duele haber perdido esa paz y llegar a extremos.
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A pesar de todas las advertencias que el Congreso tuvo ante las expresiones de distintos sectores y personas, luego de la aprobación el martes en la madrugada del presupuesto de 2021 por Q99,700 millones, esta institución y sus miembros no reaccionaron con suficiente ímpetu. El presidente de la República, preocupado, convocó a una serie de instituciones; sin embargo, el vicepresidente tomó distancia, solicitando la renuncia de ambos, lo cual confundió mucho a la población.
Según el estudio del CIEN, el presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo tenía grandes problemas. De aprobarse el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal de 2021, ganaría participación el presupuesto de inversión y de servicios de la deuda pública. Sin embargo, el gasto de funcionamiento seguiría siendo el de mayor participación. La inversión bajaba, mientras que el gasto corriente aumentaba al comparar el período 1996-1999 con el de 2016-2019. Lo más preocupante era que Q8,354 millones de gastos de funcionamiento se financiarían con préstamos, lo cual realmente es intolerable.
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El lunes pasado el Congreso de forma “exprés”, luego de un acuerdo entre distintas bancadas y con el aval de la mayoría de los diputados, durante una sesión maratónica, aprobó el presupuesto de 2021 con algunas modificaciones, aunque marginales. Suficiente para el despertar ciudadano. El aumento del presupuesto del Congreso para alimentación e infraestructura, la disyuntiva del aporte de Q200 millones para la Gran Cruzada por la Nutrición, la disminución de los recursos a la Procuraduría de los Derechos Humanos y el no haber discutido el presupuesto durante tres sesiones generó gran indignación
La forma y el fondo disgustaron a tal nivel a la población que pronto vino la plaza como alternativa, ante la falta de reacción de los políticos. Varias instituciones y personas se expresaron ante la situación y la mayoría de las bancadas del Congreso, que aprobaron el presupuesto, no reaccionaron. Cabe señalar que al sábado pasado había ocho recursos ante la Corte de Constitucionalidad en contra de esta acción del Congreso.
Ahora, el desafío se vuelve más grande debido a la violencia, la reacción de las autoridades ante la situación y la falta de acuerdos. Será de buscar un arreglo a corto, mediano y largo plazo. Debe considerarse que cambiar al presidente y/o vicepresidente de la República no es algo que cambiaría sustantivamente la situación, ya que lo que tenemos es un reto estructural. Depurar al Congreso es como incongruente, ya que todos fueron electos democráticamente el año pasado. Sin embargo, estamos hartos de la poca transparencia y rendición de cuentas de muchas de las autoridades.
Me pregunto cuál es la causa. Considero que es el momento para que los guatemaltecos nos pongamos a dialogar y discutir qué país deseamos y cómo lo vamos a financiar. Lamentablemente, en Guatemala pocos tributan y los ingresos se han quedado estancados en un 10% de la producción nacional. Si deseamos gastar más, debemos ser responsables y efectivos y no endeudarnos más. Los pactos colectivos del sector público y los compromisos políticos nos están ahogando, sin resultados positivos. Adicionalmente, la mayoría del presupuesto está comprometido con asignaciones constitucionales, razón por la que no hay mayor maniobra.
Basta ya de la mediocridad. Tomemos un rumbo definido, hacia un cambio trascendental en busca del desarrollo del país. No más deterioro en la situación financiera. Debemos acabar con el déficit fiscal. Independientemente del carácter transitorio de las medidas gubernamentales para responder a la pandemia del Covid-19, los indicadores fiscales han sufrido un gran deterioro. No debemos permitir el debilitamiento de los indicadores fiscales, ya que es potencial rebaja de las calificaciones de crédito de Guatemala y, en consecuencia, el aumento de los costos de la deuda externa privada y pública.
Aunque muchos guatemaltecos no comprenderán este problema, es importante el compromiso formal de retornar, en el mediano plazo, el balance fiscal que se acordó con el Pacto Fiscal hace más de una década. Por el lado de los ingresos, CIEN sugiere establecer los techos presupuestarios para los próximos ejercicios fiscales a partir de fijar un déficit fiscal cercano al 1.5% de la producción nacional e iniciar la búsqueda de lograr un ahorro en cuenta corriente de 3%, pero tomando en cuenta únicamente los ingresos tributarios que cuentan con un fundamento técnico en su estimación. Se recomienda eliminar la práctica de incluir montos significativos de recursos en las categorías de “otros impuestos”. Es de revisar y actualizar la estimación de los ingresos tributarios a partir de escenarios macroeconómicos actualizados, explicitar los supuestos y hacer un análisis de sensibilidad a partir de los nuevos escenarios macroeconómicos.
Por el lado de los egresos, CIEN señala que debe garantizarse que todos los programas y proyectos sustantivos que se incluyen en el presupuesto produzcan bienes y servicios que generen valor público, es decir hacer bien las cosas correctas. Esto implica eliminar todo el gasto que no ha demostrado ser efectivo o que sea innecesario para el logro de los resultados de cada institución en el ejercicio fiscal de 2021 a fin de avanzar en la mejora de la eficiencia y eficacia del gasto público. Es crucial llevar a cabo procesos de planificación estratégica y de presupuestos interinstitucionales. En definitiva, se deben buscar intervenciones costo-efectivas basadas en evidencia que permitan lograr mejores resultados con los mismos recursos.
Además, se señala no hacer excepciones a otras legislaciones en la Ley Anual del Presupuesto y más bien hacer las reformas directamente en la legislación correspondiente, pero a partir de un sólido diagnóstico previo.
El principio de austeridad debe priorizarse en todas las organizaciones del Estado, iniciando por el Congreso. Vienen tiempos difíciles, pero podrán convertirse en un “parteaguas” para avanzar hacia un presupuesto transparente, eficiente y en beneficio de todos los guatemaltecos. Los funcionarios tendrán que buscar una salida ante la encrucijada. ¿Qué opina de las manifestaciones violentas? ¿Cómo conciliar al presidente y al vicepresidente? ¿Qué esperamos de los diputados antes de que termine noviembre respecto al presupuesto?