Las reacciones no se han hecho esperar luego de la sorpresiva, irresponsable y rápida aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del próximo año. Han sido muy fuertes las críticas a los partidos y a los diputados que lo aprobaron en una larga sesión, de madrugada y a espaldas de la población.
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No es de extrañar, una vez más, que las prácticas de compra de voluntades y negociaciones a puerta cerrada que tanto daño le han hecho a la democracia fueron las que utilizaron para asegurar los votos necesarios para aprobar el presupuesto.
La aprobación del presupuesto ha recibido críticas desde diversos puntos. Por un lado, desde la perspectiva técnica, financiera y presupuestaria, termina siendo un presupuesto irresponsable que no está pensado en una lógica de política pública, en la que prevalecen objetivos para solucionar los asuntos públicos. El caso más dramático termina siendo cómo priorizan los “negocios” y perjudican con reducciones de fondos a rubros para atender la desnutrición crónica. Sin entrar a hablar de los niveles irresponsables de endeudamiento que están comprometiendo el futuro del país.
Es decir, desde la técnica financiera se ve que el presupuesto no está pensado con una lógica desde una ética fiscal, responsable, en la que prevalezca la estabilidad financiera y presupuestaria. Ni mucho menos como un instrumento de política pública con prioridades claras. Al contrario, evidencia una premura por establecer espacios presupuestarios para pagar favores políticos, cuando se revisa la estructura y la asignación de los recursos que no está en dónde más se necesita, desnudando las prioridades que tiene el Ejecutivo y evidenciando las prácticas dañinas para el sistema democrático.
Por otro lado, hay fuertes críticas a la forma en que se aprobó el presupuesto. Este aspecto generó mucha indignación y rechazo porque fue un proceso expedito, sin discusión, a puerta cerrada, de una forma impositiva, en la que la alianza oficial y sus aliados emitieron el dictamen y en un abrir y cerrar de ojos ya se estaba discutiendo y aprobando en el pleno.
Una decisión que tiene grandes implicaciones se toma a la ligera, sin analizar, reflexionar o tan siquiera considerar opiniones sobre los aspectos técnicos, no digamos sobre las prioridades políticas. Generó mucha molestia en la ciudadanía que la alianza oficialista, que ha tenido paralizada la agenda legislativa, logre acuerdos utilizando las prácticas perversas y dañinas, y que sorpresivamente apruebe cosas que les beneficie solo a ellos, desnudando la ambición y mezquindad que prevalece en sus decisiones. Un claro ejemplo fue la elección de la Junta Directiva del próximo año. Esa misma energía y determinación no está presente en casos cuando toca hacer avanzar leyes de beneficio para el país. La agenda para la reactivación económica está empantanada y mientras tanto el desempleo y la pobreza creciendo.
En términos de estrategia política, la forma de actuar de la alianza oficialista hace presuponer que existe una ingenua apuesta en el Ejecutivo por utilizar el presupuesto como una moneda de cambio para mantener la gobernabilidad. El diseño y las prioridades en la asignación de los recursos brindan algunas señales en ese sentido.
Sin embargo, no se dan cuenta de que el efecto en el corto plazo es contrario, porque la gobernabilidad al Ejecutivo no se la darán los acuerdos ni los pactos con estos actores políticos, que lo pueden dejar solo y le darán la espalda en cualquier momento, sino que la gobernabilidad la alcanzará en la medida que su gobierno tenga la capacidad para atender las demandas de la población. Esta está seriamente afectada por los efectos de la pandemia del Covid-19 y ahora con los estragos de las tormentas que literalmente hizo que nos “lloviera sobre mojado”. ¿Qué opina usted?
