Lecciones aprendidas de los programas #COVID19GT

María del Carmen Aceña
“Se considera pertinente promover un diálogo informado para analizar cada uno de los programas a la luz de sus respectivos diseños y procesos de implementación con el fin de sacar conclusiones y recomendaciones valiosas para tomar decisiones de políticas públicas de cara al futuro”.

Uno de los mayores aprendizajes del Covid-19 para Guatemala es que no basta con asignar recursos públicos para realizar una serie de programas. Se requiere un buen diseño, un sistema de gestión eficiente y logística funcional para ejecutar los mismos. Es importante señalar que el país se endeudó considerablemente este año y debemos evaluar si realmente valió la pena.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) cuenta con el Observatorio #COVID19GT, cuyo objetivo es ir monitoreando la ejecución de los recursos asignados por el Congreso de la República para combatir la pandemia. El Observatorio trabaja con el apoyo del Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) y su fin es transparentar el gasto público específico para aliviar el impacto del Covid-19 en el país.

Desde un principio, el CIEN decidió agrupar los Q14,610 millones destinados a la pandemia en cuatro categorías: 1) Apoyo a personas, 2) Apoyo a empresas, 3) Servicios de salud, y 4) Infraestructura.

Al 31 de octubre, el principal avance presupuestario corresponde a la categoría “Apoyo a personas”. Esto se debe a la totalidad de recursos del subsidio de la energía eléctrica al INDE y a que el Programa Bono Familia logró una ejecución del 91%. Sin embargo, el Programa de Agricultura Campesina lleva una ejecución de 0%, ya que, aunque se programó que 6,250 familias de los 22 departamentos cuenten con sistemas de mini riego por goteo para huertos familiares este proyecto aún no se logra completar. En esta categoría también se encuentra el Programa de Dotación Alimentaria, con una ejecución presupuestaria de 5%.

La categoría “Apoyo a empresas” también muestra una alta ejecución presupuestaria. Esta incluye las transferencias al Crédito Hipotecario Nacional (para el Fondo de Protección de Capitales, para el Fondo de Crédito de Capital de Trabajo y para el Fondo de Protección al Empleo). Los recursos del Fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas -Mipyme- que tienen previsto colocar por medio de Banrural aún no se ejecuta. Desde septiembre de 2020 se estaba gestionando el trámite para transferir los primeros Q30 millones.

La categoría “Servicios de salud”, que contempla adquisiciones en tres renglones de gasto, su ejecución es baja. Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud ha ejecutado menos de la mitad (47% del presupuesto vigente). Elementos y compuestos químicos, una tercera parte, y mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio no llega ni a una curta parte (23% del presupuesto vigente).

Respecto a la categoría “Infraestructura”, se muestra algún avance por las adquisiciones en el programa de remodelación e infraestructura del Ministerio de Salud con un préstamo del Banco Mundial (Decreto 12-2020), pero la ejecución ha sido de 20% en las obras de infraestructura de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Ahora bien, de los cinco proyectos de infraestructura del Ministerio de Salud (Q15 millones para el mejoramiento de las áreas existentes del Hospital de Joyabaj; Q.6.5 millones para la construcción de un centro de salud en la aldea El Cerinal, en el municipio de Barberena del departamento de Santa Rosa; Q5.4 millones para el mejoramiento de las áreas existentes del Hospital de Nebaj, en Quiché; Q1.8 millones para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Huehuetenango; y Q1.3 millones para la construcción de un puesto de salud para la aldea San Antonio Tzejá, en el Municipio de Ixcán del departamento de Quiché) no se ha ejecutado nada.

Finalmente, en relación con la ejecución presupuestaria de los recursos asignados mediante los tres decretos: préstamos internacionales del BIRF, BID y BCIE, y Bonos del Tesoro (Banco de Guatemala y en el mercado primario de capitales), en el primer grupo había una ejecución del 32%, mientras que en el segundo era del 86%.

CIEN concluye que es posible dar seguimiento a los distintos programas por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera a la ejecución presupuestaria de la asignación presupuestaria del Gobierno Central para dar respuesta al Covid-19; sin embargo, en el caso de algunos programas que hacen transferencias o anticipos a otras entidades, estas deben brindar información adicional para determinar su ejecución.

Los programas de menor ejecución presupuestaria en la categoría “Apoyo a las personas” son: el Programa de Agricultura Campesina y el Programa de Dotación Alimentaria; en la categoría “Apoyo a empresas” es el Fondo para las Mipyme. En la categoría “Infraestructura” son la Infraestructura en Salud y los Proyectos para Reactivación Económica. Es evidente que el Gobierno tiene serios problemas de gestión y no cuenta con la logística para llevar a cabo con éxito este tipo de programas.

Se considera pertinente promover un diálogo informado para analizar cada uno de los programas a la luz de sus respectivos diseños y procesos de implementación con el fin de sacar conclusiones y recomendaciones valiosas para tomar decisiones de políticas públicas de cara al futuro. ¿Cómo modernizamos la gestión pública? ¿Valió la pena endeudar al país? ¿Debería pagarse gasto recurrente con deuda?

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