En el país lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar escándalos relacionados con casos de corrupción y clientelismo en la administración pública. A pesar de que en esta ocasión, con el espacio presupuestario de Q135 millones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), no se ha determinado exactamente qué sucedió, quiénes están involucrados y qué intereses prevalecen, y hasta dónde nos puede llevar la revelación de este caso, resulta interesante plantear algunas reflexiones.
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No es nada sorpresivo. La escena que evidenciamos en estos días se ha repetido en un sinnúmero de ocasiones: El telón del teatro se abre y vemos a funcionarios con claros conflictos de interés demostrando incompetencia, entre otras trágicas escenas. Es inconcebible que el titular de la cartera de Comunicaciones no tenga conocimiento ni control de lo que sucede en el ministerio que dirige o que el director de caminos reconozca públicamente que empresas vinculadas con sus familiares estén beneficiadas con millonarios contratos o que le falsificaron su firma para autorizar las transferencias.
El caso va avanzando y, desde la formalidad, las autoridades están haciendo malabares para tratar de explicar y justificar las ampliaciones presupuestarias. Los esfuerzos hasta el momento han sido poco efectivos e infructuosos porque están tratando de tapar el sol con un dedo.
Las autoridades no han podido explicar las razones técnicas que prevalecieron para realizar esas ampliaciones. Si bien este tipo de acciones son normales y legales, el problema está en que no se presenta la suficiente evidencia para justificarlas y termina abriendo la posibilidad, dado que siempre los proyectos se modifican en tiempo y costo, para los tradicionales actos de corrupción, que se dan a lo largo de todo el proceso de gestión de estos proyectos.
No hace falta sentarse a realizar profundas investigaciones para evidenciar que el Micivi ha sido uno de los principales focos de corrupción en este país. Hay que desempolvar un poco la historia reciente y encontramos uno de los más escandalosos casos de corrupción con Alejandro Sinibaldi.
O bien, no vayamos tan lejos y solo revisemos uno de los más recientes escándalos relacionados con el Micivi y sus exministros, cuando el Ministerio Público (MP) en un allanamiento encontró unas maletas de dinero en efectivo en una casa en La Antigua Guatemala. El MP relacionó las “caletas” con el ministro del gobierno de Jimmy Morales José Luis Benito Morales, quien inauguró el desastroso libramiento de Chimaltenango; contradictoriamente, una de las obras icónicas del trágico legado del presidente Morales.
Es indignante que las autoridades se burlen de la población y traten de vernos la cara presentando débiles argumentos y enredadas justificaciones para tratar de salir “bien librados” del escándalo. En cualquier país del mundo este caso hubiera sido suficiente para promover la destitución de parte del presidente o que el funcionario presentara su renuncia. En este caso, las autoridades nos han quedado mal. Envían un mensaje equivocado manteniendo a funcionarios incapaces, en el caso del presidente; y aferrándose de manera desesperada al puesto, en el caso de los funcionarios involucrados en el escándalo.
En síntesis, este gobierno no ha cumplido un año, desde luego en medio de una pandemia, pero está demostrando que no es nada distinto a los gobiernos que hemos tenido, plagados de casos de corrupción. Una vez más, la ciudadanía se siente frustrada y decepcionada, y tristemente conviviendo con una clase política que está cegada por buscar beneficios propios, dándole la espalda a la población. ¿Qué opina usted?
