Ante la Covid-19, las prioridades en la asignación de recursos han cambiado en la propuesta de presupuesto para el año 2021. Sin embargo, preocupa el déficit de recursos que tiene el país. La recaudación ha bajado y este año se aprobaron una serie de préstamos que tendremos que pagar.
PUBLICIDAD
Respecto con las instituciones que componen el sistema de justicia criminal, es importante estudiar lo que cada una de estas realiza en la cadena, cuántos recursos recibirán, cómo hacen su planificación y qué pueden realizar para tener mejores resultados.
El sistema de justicia criminal lo integran: el Ministerio de Gobernación (Mingob), encargado de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), regula la seguridad interna del país. El Ministerio Público (MP) ejecuta la persecución penal pública. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realiza la investigación científica forense y emite dictámenes periciales. El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) lleva a cabo la defensa pública gratuita en el ramo penal a las personas que lo requieran. Y el Organismo Judicial (OJ) se encarga de impartir justicia. Según el Flujograma de la Justicia Criminal, en el año 2019 la eficiencia del sistema era del 32.3%.
Recomendados
“Cinco para despedir el año en que vivimos en peligro"
"Un amparo que Ilumina Guatemala en tiempos de transición y Navidad"
"Cinco episodios del Netflix Guatemala"
Dentro de las ampliaciones realizadas al presupuesto de este año (2020) se incluyó un aumento de Q600 millones para el incremento salarial de los agentes de la PNC y dos préstamos. El primero, de US$ 300 millones para el OJ (US$85 millones), el IDPP (US$20 millones), el Inacif (US$20 millones) y al Ministerio de Gobernación -PNC y SP- (USD 175 millones); el segundo, al MP por US$60 millones. Los recursos presupuestados para las instituciones de la justicia criminal para este año ascendieron a Q10,186.9 millones, presentando un incremento del 22% respecto con 2019. El presupuesto asignado para el año 2021 por el Ministerio de Finanzas asciende a Q9,543.20 millones (6% menos). Sin embargo, cuando se contrasta este con los recursos solicitados por las instituciones autónomas del sistema de la justicia criminal (OJ, MP, IDPP e Inacif) se encuentra una brecha de Q3,725.8 millones.
Con el objetivo de analizar las demandas de cada unas de las organizaciones, el CIEN llevó a cabo reuniones con los directores financieros de las instituciones que son entidades autónomas (MP, Inacif, IDPP y OJ), a partir de las cuales es importante señalar algunos puntos relevantes.
1. El Congreso de la República reforma o aprueba leyes sin acompañarlas de su respectiva fuente de financiamiento. Por ejemplo, por medio de la aprobación de la Ley de Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, el Inacif tiene la responsabilidad de implementarla, que solo para 2021 tendrá un costo de Q3.2 millones sin haberle asignado los recursos.
2. Brindar apoyo para que una institución alcance las metas que se ha trazado genera necesidades financieras adicionales en otras entidades. Por ejemplo, el MP se ha trazado como objetivo mejorar el acceso a la justicia y contempla para 2021 tener agencias fiscales en los 340 municipios del país. Una de las mayores atribuciones del Inacif es llevar a cabo las pericias y los análisis que le soliciten los investigadores del MP; sin embargo, a julio de 2020 contaba únicamente con 28 subsedes periciales municipales.
3. Las instituciones del sistema son prestadoras de servicios, por lo que la mayoría de los recursos que necesitan son para gastos de funcionamiento (aproximadamente el 90% de su presupuesto). Pese a haber recibido la aprobación de préstamos, al momento de ejecutarlos y construir nuevas sedes y hacerse de nuevo equipo, necesitarán de más recursos para financiar sus operaciones, necesidad que no se puede atender vía préstamos.
4. La dinámica que ha perdurado a lo largo de distintos ciclos presupuestarios consiste en que cada institución realiza su planificación a nivel individual buscando mayores recursos sin incorporar una planificación estratégica interinstitucional que pueda considerar la necesidad financiera de las instituciones del sistema. No se definen resultados en conjunto, mucho menos se cuantifica el aporte que tienen las acciones de cada entidad sobre el resultado que se desea alcanzar.
Definitivamente no se contará con más recursos financieros. El desafío es lograr mejores resultados en la justicia criminal, por lo que urge que estas instituciones operen como sistema, en el que todas las partes tienen un rol específico en los resultados.
Se recomienda desarrollar un plan estratégico interinstitucional que contenga metas priorizando la reducción de delitos. Utilizar el Flujograma de la Justicia Criminal como herramienta para identificar y liberar los cuellos de botella a nivel institucional y del sistema en su conjunto. Incorporar la tecnología para ahorrar costos y aumentar la eficiencia de cada institución y la del sistema. Facilitar el uso de herramientas cuantitativas para monitorear el desempeño de las instituciones del sector, vinculando la ejecución de recursos financieros a los resultados. El Sistema Integrado de Justicia -SIJ- desarrollado por la CICIG podría actualizarse y utilizarse como punto de partida. También será necesario publicar la encuesta de victimización y realizar otras de manera periódica. ¿Percibe una mejora en la justicia criminal? ¿Cómo impulsar la eficiencia de las instituciones? ¿Qué opina de que la eficiencia del sistema sea tan baja?