Esta semana sucedió algo sorpresivo en el Congreso de la República, que nos había acostumbrado a tener una agenda legislativa paralizada. Sin embargo, por arte de “magia” se movieron las piezas en el tablero, se establecieron los espacios necesarios y se alcanzaron acuerdos para elegir a la Junta Directiva del próximo año.
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Lo interesante de este suceso es analizar las estrategias, los intereses y las formas que utilizó la alianza oficialista para reunir los votos necesarios para elegir a la Junta Directiva, con mayoría calificada, con 107 votos. Evidentemente, el oficialismo está enviando un mensaje político del poder y de la capacidad que tiene, de manera temporal y con mecanismos perversos y antidemocráticos, pero que puede determinar el balance de poder que prevalecerá en el Congreso, por ejemplo, de cara a la aprobación del presupuesto y la elección de cortes.
¿Qué tipo de ejercicio político está realizando la alianza oficialista? Este aspecto es en parte lo que deseo conversar con ustedes, no solo se trata de ejercer el poder, desde la perspectiva de la legalidad, sino de considerar que también hay una dimensión importante que es la legitimidad. Es decir, el ejercicio político se funda en la legalidad, quién está autorizado para tomar la decisión, en este caso, elegir a la Junta Directiva; y por otro lado, la aceptación y el respaldo que la autoridad tiene al ejercer el poder, en este caso, materializar la elección, y a eso se le llama legitimidad.
Nadie está cuestionando la legalidad. La elección de la próxima Junta Directiva se da en el período establecido, aunque prematuro, pero se entiende la urgencia porque los acuerdos que necesitaba la alianza oficialista se podían caer con facilidad. Además, la realizaron en el espacio y las personas que tienen el poder para hacerlo.
Lo que termina siendo cuestionable es la legitimidad, que se materializa en los señalamientos, cada vez más fuertes, que se han hilvanado sobre las formas en que la alianza oficialista utilizó para lograr los votos en el hemiciclo. Este tipo de aspectos, las prácticas y cómo ejercen el poder son importantes porque están íntimamente vinculados a la legitimidad de las autoridades. El poder no solo necesita ser legal, sino también legítimo y aceptado, en este caso, por los ciudadanos.
El Congreso es una de las instituciones que históricamente tiene menor confianza y credibilidad, desde los ciudadanos, que no se sienten representados. No me lo estoy inventando; por un lado, hay múltiples encuestas que lo demuestran de manera contundente, con cifras preocupantes y, además, más importantes que los porcentajes y las gráficas están las continuas quejas y señalamientos de los ciudadanos que evidencian la fuerte crisis de legitimidad y representatividad que tiene este organismo del Estado.
La elección de la Junta Directiva entra justamente en esta discusión, derivado principalmente de los fuertes señalamientos de injerencia del Ejecutivo, negociaciones espurias, pactos bajo la mesa y la compra de votos, que indican que fueron los elementos que sirvieron para alcanzar acuerdos y lograr los votos necesarios para la elección. Estas acusaciones, lamentablemente nada nuevas, abonan y alimentan la desconfianza y la pérdida de credibilidad del Congreso.
Es lamentable que, en lugar de buscar los espacios para impulsar genuinas negociaciones políticas, alrededor de una agenda legislativa que promueva la reactivación económica, o bien, fortalecer la institucionalidad democrática del país, estemos encerrados en un círculo perverso promovido por intereses espurios y marcados por una agenda que promueve prácticas nefastas que desvirtúan los procesos políticos. La política y el ejercicio político no es comprar ni negociar voluntades. ¿Qué opina usted?
