En estos días se cumplió un año de atraso en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. Ha sido un proceso en el que se ha evidenciado la necesidad de reformar profundamente el sistema de justicia.
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Las excusas y justificaciones que algunos tratan de enarbolar como débiles argumentos que intentan esconder los verdaderos intereses y razones que explican el porqué no se ha realizado la elección están a la orden del día. En concreto, sin darle muchas vueltas al asunto, el Congreso de la República no ha cumplido con la resolución de la Corte de constitucionalidad –CC– que manda a elegir a magistrados, razonando su voto de viva voz y excluyendo a los candidatos que fueron señalados en la investigación del Ministerio Público.
No podemos negar que el atraso en la elección responde a una compleja crisis política, generada por diversas acciones que algunos actores, que están cada vez más coordinados y articulados, desarrollan con el objetivo de cooptar el sistema de justicia y otras instituciones para que Guatemala pase de ser el país de la eterna primavera al país de la eterna “impunidad y corrupción”.
Una vez más este tipo de situaciones nos enfrentan con la dura realidad en el sistema de justicia. La institucionalidad está siendo erosionada y debilitada por estructuras que buscan promover, para el caso del sistema de justicia, impunidad.
Estas circunstancias no permiten consolidar la institucionalidad democrática y especialmente que en el país contemos con una justicia independiente, pronta y cumplida. Además, manda señales muy negativas y genera efectos nocivos para el desarrollo económico, afectando significativamente el ambiente empresarial y de inversión.
Algo completamente contraproducente, en un momento en el que, derivado de las implicaciones económicas del Covid-19, necesitamos impulsar una profunda reactivación económica. La certeza jurídica es uno de los elementos clave para ello y un sistema de justicia cooptado, frágil y débil termina siendo uno de los indicadores que desalientan la inversión, y los terribles efectos que esto tiene en la generación de empleo.
Ahora, la solución, en medio de todo este embrollo, es que el Congreso haga lo que tiene que hacer, elegir, cumpliendo con la sentencia de la CC. La voluntad política se tiene que poner de manifiesto. Por ejemplo, dado que el proceso puede tomar mucho tiempo, que el mismo Congreso establezca sesiones específicas, una o dos a la semana, para realizar la elección. Esto mostraría un verdadero interés.
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No obstante, mientras se realiza la elección, hay un debate que está siendo desplazado y que tiene importancia en este contexto: Discutir las alternativas de reforma institucional para corregir los problemas que tiene el sistema de justicia. La misma CC, en la resolución, consciente de que más allá de elegir jueces se necesita una reforma constitucional e invita a que en el Congreso la impulse.
Muy probablemente esto parecerá prematuro porque, primero, se tiene que realizar la elección y posterior a ello esta discusión. No obstante, hay que insistir que, además de los elementos de la coyuntura, la crisis en el sistema de justicia es estructural y debe ser atendida desde esa perspectiva.
El ideal debe apuntalar a consolidar un sistema de justicia que no esté cooptado por intereses de grupos que vulneren la independencia judicial. Gana la democracia, gana la economía y gana usted y todos los ciudadanos de este hermoso país. En este caso, como decían en un viejo eslogan político, aquí ganamos todos. Estamos un año atrasados y ojalá esta crisis no se prolongue porque el daño será mayor del que tenemos. ¿Qué opina usted?
