En los últimos días, con un grupo de ciudadanos hemos estado escuchando a líderes de distintos sectores del país. Interesante que todos comentan la importancia de la certeza jurídica y del fortalecimiento del Estado de derecho para el bien de Guatemala.
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Según el licenciado Julio García-Merlos, la Corte de Constitucionalidad -CC- ha definido la certeza jurídica como la confianza que debe tener el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico (…), es decir que el conjunto de leyes, coherentes e inteligibles, garanticen seguridad y estabilidad, tanto en su redacción como en su interpretación (sentencia de 18 de diciembre de 2012 dictada dentro del expediente 2836-2012).
Expertos indican que la seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los gobernados, es decir los individuos, de que su persona, familia, pertenecías y derechos estén protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades, y en caso de que se tenga que llevar a cabo un procedimiento legal, este sea realizado según lo establecido en el marco jurídico.
Según el secretario general de las Naciones Unidas, un Estado de derecho es “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.
A criterio del Dr. José María Alvarado, la estructura constitucional busca limitar efectivamente al poder político y al mismo tiempo dejar espacios de autonomía individual frente al poder y debe buscar traducirse en una mejor legalidad, reducción de los costos de transacción en el mercado, el respeto a la propiedad privada, la economía de mercado y la certeza jurídica.
Sin embargo, la poca confianza que impera en la ciudadanía por el ordenamiento jurídico se debe fundamentalmente a la escasa garantía que ofrece la justicia a sus habitantes, quienes no encuentran una tutela judicial efectiva frente a sus controversias y un poder público que no garantiza ni la seguridad ni la certeza jurídica. Por ello, el símbolo de la justicia se representa por una mujer con los ojos vendados que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho y en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo. La espada sin la balanza es la fuerza bruta y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia.
Acá se tienen grandes desafíos. La CC ha intervenido en la elección de los magistrados de la Corte Suprema y magistrados de Salas de Apelaciones, autoridades que debieron haber tomado posesión el 13 de octubre de 2019. Esto por vicios en el procedimiento de selección, para lo que mandó al Congreso a elegir a los magistrados con un procedimiento prácticamente inoperante que tomará más de cien sesiones, lo cual se visualiza como irrealizable. De hecho, el Congreso no ha iniciado dicho procedimiento.
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El Flujograma de Justicia Criminal, herramienta que mide la eficiencia del sistema de justicia criminal cada año, muestra que para el año 2019 la eficiencia era del 32%, siendo la eficiencia del Organismo Judicial apenas del 20%. Es de comentar que durante la pandemia este organismo pasó varios meses sin operar, por lo que habrá serias repercusiones en la aplicación de la justicia.
El World Justice Project (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el estado de derecho en todo el mundo. Esta organización ha creado el Índice del Estado de derecho, que mide ocho factores: 1) Límites al poder gubernamental, 2) Ausencia de corrupción, 3) Apertura, 4) Derechos fundamentales, 5) Orden y seguridad, 6) Cumplimiento regulatorio, 7) Justicia civil y ? Justicia penal. Este índice es la principal fuente de datos originales sobre el Estado de derecho en el mundo y se basa en encuestas en más de 130 mil hogares y a más de 4 mil especialistas en 128 países. Mide la percepción y la experiencia de la población general respecto el Estado de derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
Lamentablemente, Guatemala se ubica en la posición número 101 de 128 países evaluados; con una reducción del 2.3% en el último año. Los punteos más bajos se encuentran en: ausencia de corrupción (0.34 de 1), justicia civil (0.37 de 1) y justicia penal (0.30 de 1). Preocupa el estancamiento y bajo nivel de la justicia en el país y que la corrupción continúe siendo un tema sin mejoría; es más, va en detrimento, ya que en el año 2014 este era de 0.37 de 1.
Sin embargo, no todo es negativo. Es de resaltar que el factor “orden y seguridad” ha ido mejorando de 0.54 a 0.59 en los últimos seis años. En este sentido, el CIEN presentó recientemente una radiografía de la seguridad ciudadana con datos a julio de las denuncias de nueve diferentes delitos y el comportamiento de esos indicadores en los últimos 12 meses. CIEN señala que las denuncias de los delitos han disminuido. Con relación a los homicidios, la cantidad mensual regresó a niveles de inicio de año; sin embargo, la tasa viene a la baja de 20.1 a 16.6 por cada 100 mil habitantes. De enero a julio de 2020 ha habido un 35% menos de homicidios que en el mismo período del año anterior. Las denuncias por extorsiones (932) muestran una tendencia al alza, pero no alcanzan aún a las registradas entre marzo de 2019 y de 2020.
Es urgente recuperar el orden constitucional eligiendo a los magistrados, analizar profundamente cómo mejorar el sector de justicia y tomar acción para su transformación. ¿Puede la CC cambiar el procedimiento para elegir a los nuevos magistrados? ¿Percibe una mejora en la seguridad ciudadana? ¿Cómo lograr la certeza jurídica?
