Recientemente, una amiga me preguntaba si le podía explicar lo que estaba sucediendo en el país, ya que ella, a pesar de ser una profesional, tener negocio y seguir las noticias, no comprendía la situación de Guatemala. Compartía que tenía mucha incertidumbre, no sabía cómo planificar para el año entrante y que sus empleados tenían mucho miedo y ansiedad a pesar de que ninguno se ha contagiado.
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Realmente, el país está viviendo una serie de desafíos. Posiblemente, el más visible es el sanitario, pero también hay retos en el área económica y en la gobernanza del país.
Muchos perciben la pandemia como no controlada. A pesar de que idearon un semáforo de información por municipio, dieron más libertad a los ciudadanos para movilizarse y se permitió abrir casi todos los negocios con restricciones y medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene, no significa que ya no hay posibilidad de contagio. Ha sido evidente la poca ejecución del presupuesto y el fracaso del sistema de salud pública. Lamentablemente, en vez de estar unidos, se señala que el Ejecutivo pretende remover al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por razones que se desconocen, pero en momentos de alta demanda no tiene sentido.
Así como hay gente muy responsable en guardarse y además ser prudente para no contagiar a otros, hay irresponsables que no han tomado conciencia de la seriedad de la situación. El presidente de la República ha señalado que “es responsabilidad individual el cuidarse”, lo cual comparto; sin embargo, es un proceso de aprendizaje y de solidaridad para no contagiar a los otros. No podemos estar encerrados por siempre, por lo que se debe lograr un equilibrio. El semáforo es tan solo un referente y los datos se publican sin mayor publicidad, por lo que la gente ya no está pendiente de estos, pero igual siguen los casos y el lamentable fallecimiento de más de 2,200 personas al 8 de agosto.
En el área económica los retos son complejos. Aunque el total de la economía nunca paró, hay una pérdida grande del empleo formal, en especial en el área de hoteles y restaurantes. Muchos profesionales tienen serios problemas de ingresos. La economía informal sigue su ritmo, pero frente a una baja en el consumo. Lo interesante fue el incremento de remesas del mes de julio -histórico-, lo que significa que la economía de Estados Unidos se está recuperando. Hay preocupación de la carga tributaria y el déficit fiscal. El Ministerio de Economía está haciendo esfuerzos para poner en marcha una propuesta en el mediano y el largo plazo para el país; sin embargo, la poca certeza jurídica no permitirá atraer más inversiones a Guatemala.
Cuando se habla de certeza jurídica o reglas claras, estables y parejas para todos, nuestro país queda a deber. En los últimos días muchas voces reclaman por un Estado de derecho en Guatemala, pero pareciera que pierde esencia en la diversidad de posturas. El Estado de derecho supera cualquier coyuntura y percepciones, simplemente apela a que la ley refleje los principios generales del derecho y la justicia.
Preocupa la imparable instrumentalización de la justicia para convertirla en una herramienta para hacer política. Diez meses se ha retrasado el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los magistrados de sala. El Organismo Judicial decidió detener sus actividades desde varios meses debido a la pandemia, lo cual ha dejado a los guatemaltecos sin justicia. Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) impusiera un arbitrario procedimiento al Congreso para elegir magistrados, resultó la medicina peor que la enfermedad. Procedimiento que manda a los diputados a pronunciarse a viva voz respecto a cada uno de los candidatos (296), lo que significa escuchar el razonamiento de 47,360 votos, extremo que no solo es imposible de realizar, sino que va en contra de su Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL-, la cual manda utilizar el tablero electrónico para votar. Implica, según los cálculos de la Alianza por un Congreso Eficiente, celebrar alrededor de cien sesiones de ocho horas para lograrlo, lo que duraría al menos 3 años. Ante este procedimiento, algunos diputados redactaron un proceso para tratar de hacerlo viable.
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La intervención de la CC y sus desatinadas resoluciones ha provocado que el Congreso y la CSJ entren en un patrón de desobediencia, especialmente cuando solicitaron levantar el antejuicio de los miembros de la CC y resultaron autoamparándose. Finalmente, el viernes pasado el Ministerio Público solicitó presentar el retiro de antejuicio en contra de los siete integrantes de la Comisión Permanente del Congreso y de 92 diputados, 13 magistrados suplentes de la CSJ y seis magistrados de la CC. ¿Qué irá a pasar?
A esto se debe agregar también un problema reciente en el Organismo Ejecutivo, cuando un excandidato a diputado del partido Bien solicitó levantar el antejuicio del vicepresidente de la República por un tema eminentemente administrativo, funcionario que consiguió ampararse ante la CC. Sin embargo, la preocupación que crece cuando en sus declaraciones dice que la acción venía de “adentro”.
Difícil situación, como siempre resuenan dos narrativas polarizadas, pero la mayoría de los guatemaltecos no estamos con estas, deseamos una tercera, buena y distinta vía que persiga retomar los grandes principios que recoge la Constitución. Iniciativa donde se sumen ciudadanos honestos, capaces y determinados en la construcción de un mejor futuro para Guatemala. ¿Cómo desenredamos el nudo político? ¿Cómo logramos que nuestros gobernantes lleguen por mérito? ¿Será el momento de un pacto político en el país?
