Hace unos días despertamos con la “novedosa” noticia que el Ejecutivo decretó estado de Sitio en los municipios de El Estor, Morales y Livingston del departamento de Izabal, y en los municipios de Panzós y Santa Catarina La Tinta del departamento de Alta Verapaz.
La justificación en esta ocasión fue que en los municipios referidos se ha detectado presencia de grupos de crimen organizado que realizan actividades ilícitas como narcotráfico, migración ilegal y contrabando, entre otros.
La noticia más que sorprender preocupa dado que, al parecer, decretar estados de Sitio se está convirtiendo en la primera opción que toma el gobierno para solucionar problemas de seguridad, conflictividad y gobernabilidad en algunas zonas del país cuando debería ser la última.
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Especialmente, porque la implementación de este tipo de medidas no ha dado los resultados esperados o, más preocupante, en algunos casos más que solucionar los problemas solo los esconde o se agudizan cuando termina el estado de Sitio. Por ello, es necesario sentarnos a discutir sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de adoptar este tipo de medidas.
“Realmente, la discusión debe estar orientada a encontrar la forma para fortalecer la presencia institucional del Estado para atender las diferentes demandas y necesidades de la población”.
El primero de los aspectos que salta en el análisis es la necesidad de reformar la legislación que regula este tipo de acciones para actualizarla a las condiciones democráticas de nuestro sistema político. La legislación vigente tiene más de 40 años y responde a otras lógicas y dinámicas políticas e institucionales.
De igual manera, hay otros aspectos que evidencian la incapacidad del gobierno para utilizar otras vías antes de llegar al extremo de implementar el estado de Sitio. La cultura autoritaria presente en muchos actores, tanto los que toman decisiones como en la misma población, los hace soñar con que estas medidas van a solucionar los problemas que se están enfrentando en las áreas en donde se han impuesto los estados de Sitio. La historia demuestra que esto no sucede.
Realmente, la discusión debe estar orientada a encontrar la forma para fortalecer la presencia institucional del Estado para atender las diferentes demandas y necesidades de la población. Es muy iluso pensar que una medida temporal, injustificada e innecesaria vendrá a solucionar problemas estructurales que requieren de una intervención permanente del Estado.
“El camino es fortalecer la institucionalidad pública para que esta esté presente en todo el país”.
Coincido en que las zonas en donde se han implementado los estados de Sitio enfrentan problemas de inseguridad, crimen organizado, narcotráfico y conflictividad social y agraria, entre otros, que afectan la estabilidad y la gobernabilidad. No obstante, en lo que no estoy de acuerdo es en la solución que “mágicamente” el gobierno quiere vender.
Si estamos preocupados por solucionar los problemas, entonces deberíamos apostar, en el caso de los problemas de seguridad, por fortalecer y ampliar la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC); o bien, si la preocupación es la conflictividad social y agraria, deberíamos impulsar una política de resolución pacífica y democrática de los conflictos.
El camino es fortalecer la institucionalidad pública para que esta esté presente en todo el país y tenga capacidad para atender las demandas y necesidades de la población. De lo contrario, estaremos en un círculo engañoso que no nos llevará a ningún lado. ¿Qué opina usted?
