Una crisis constitucional que pone en riesgo la gobernabilidad, el Estado de derecho y la democracia azota la vida política del país. Esta lamentable situación la estamos viviendo derivado de los intentos de algunos actores por cooptar el sistema de justicia para debilitar su independencia y seguir promoviendo la impunidad en el país.
No me gustaría entrar en los detalles legales, no por desconocimiento o mucho menos por desvalorarlos. Al contrario, considero que son elementos claves para entender y resolver esta crisis. La idea no es meterme en ese enjambre de caminos jurídicos que para nosotros los mortales resultan siempre complejos y no lo suficientemente comprensivos.
La crisis institucional y democrática que estamos enfrentando se explica de mejor manera desde la perspectiva política, analizando los actores, las posiciones y principalmente los objetivos e intereses, explícitos y no, que los motivan. Lo que está en juego, una vez más en el país, es el sistema de justicia, la democracia y los principios republicanos de separación e independencia de los poderes del Estado.
La flagrante desobediencia y el desacato a las órdenes de la Corte de Constitucionalidad (CC), de manera irresponsable y desafiante, nos ponen en la peor de las crisis institucionales en los últimos años. En el plano de la discusión política es válido disentir y no estar de acuerdo con las resoluciones de la máxima corte del país. Eso nadie lo discute. Eso constituye un elemento normal en la democracia. Lo que no se vale es desobedecerlas y no cumplirlas.
Por otro lado, algunos de manera mal intencionada están tratando de enmarcar esta crisis institucional describiéndola como una batalla de grupos ideológicos. No caigamos en la trampa y el engaño en que nos quieren meter. Lo que tenemos enfrente es una batalla de grupos que a toda costa quieren cooptar el sistema de justicia. No es una cuestión de izquierda o de derecha. Aún más descarado es el argumento que otros quieren colocar desvalorizando y restando importancia a la crisis política.
Indican que los ciudadanos, en lugar de estar preocupados por el riesgo que tiene la institucionalidad democrática en el país, nos deberíamos de preocupar por la pandemia del Covid-19, que cada día está más crítica. Desde luego que es importante dar seguimiento a la pandemia, pero no podemos dejar de lado, aunque eso quisieran muchos, la crisis política.
En un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, nos podemos despertar y encontrar no solo con los problemas que se derivan de la pandemia, sino con un sistema político completamente cooptado por grupos que promueven la impunidad. Esto sí es realmente preocupante. No le dé más vueltas al asunto.
La crisis política que estamos viviendo no es una lucha ideológica entre grupos políticos; al contrario, es una ofensiva de grupos que se han enquistado en el Estado y quieren tener el control del sistema de justicia para procurar impunidad.
Una investigación presentada por el Ministerio Público (MP) evidenció las prácticas que estos grupos desarrollan para cumplir con su objetivo y la CC, en una resolución, manda a que los diputados, que tienen que elegir a los próximos jueces, tomen en consideración esos elementos. Obvio, que estos grupos ven a la CC y sus resoluciones como un obstáculo para alcanzar su objetivo: Cooptar el sistema de justicia. No caiga en la trampa. ¿Qué opina usted?