La discusión sobre una propuesta de reforma constitucional en materia de justicia afloró en medio de las lluvias y la crisis de la pandemia del Covid-19. El anuncio del presidente y una propuesta que circuló, de manera preliminar, generó bastante discusión sobre los objetivos que busca, el modelo planteado para elegir a los jueces y sobre si es el momento político para impulsar un proyecto de este tipo.
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Varios son los problemas que se tienen que solucionar en el sistema de justicia. Uno de ellos es brindar condiciones para que los jueces sean imparciales e independientes.
En la actualidad el sistema de justicia se ve asaltado por grupos externos que socavan significativamente la independencia e imparcialidad de los togados.
Sin embargo, creo que hay tres aspectos clave a considerar en la reforma para diseñar un modelo de elección que logre más independencia e imparcialidad en el sistema de justicia. Las tres piezas del rompecabezas son: El diseño del mecanismo de designación de jueces, el período de su ejercicio y un sistema de carrera judicial. Hay otros aspectos, sin duda, pero estos son los fundamentales.
En este sentido, las comisiones de postulación se convirtieron en el espacio de disputa de los actores que buscan controlar el sistema judicial. Este modelo corporativista se pervirtió y degeneró.
El penoso y lamentable papel que han jugado varios comisionados representando a algunas facultades de derecho, que en algunos casos no tenían estudiantes inscritos, pero sí un decano participando en las comisiones, o representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que son electos a través de cuestionadas elecciones y que han permitido que grupos externos tengan una influencia en la elección de las cortes, por citar solo algunos de los problemas que a todas luces evidencian la caducidad de este mecanismo.
La propuesta de reforma que circuló termina siendo contraproducente para brindar independencia e imparcialidad al sistema de justicia. Les asegura mayor protagonismo a las facultades de derecho de las universidades y al colegio de profesionales, ya que pasan de ser comisionados que postulan candidatos a electores que nominan directamente a jueces.
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Es una locura “premiar” a estos actores y ampliar el margen de acción y poder en el sistema judicial. No son todos los decanos, ni todos los comisionados, pero no intentemos tapar el sol con un dedo. En las comisiones participan actores que se articulan para tejer complejos planes para cooptar el sistema de justicia y promover la impunidad en el país.
Por ello, sí es necesario discutir a profundidad el modelo que están planteando porque pareciera que parte de una realidad muy distinta a la que estamos viviendo en la justicia. Necesitamos sacar del modelo de elección de jueces a las universidades y al gremio de abogados representado en el CANG.
La otra pieza es ampliar el periodo de ejercicio de los jueces para que no deban “agradecer” a las personas o grupos que los eligen. Al ser electos por un plazo mayor les permite actuar en un marco de mayor independencia.
Si a esto le sumamos el sistema de renovación parcial, el efecto que tendría el plazo aumenta significativamente.
Por último, la reforma debe asegurar condiciones para que se fortalezca la carrera judicial y que el Consejo de la Carrera Judicial se convierta en el rector (verdadero) de este sistema. La discusión empieza. Ojalá los actores políticos establezcan espacios para analizar, reflexionar y construir una reforma constitucional consensuada que solucione los principales problemas del sistema de justicia. ¿Qué opina usted?
