En épocas de la pandemia de Covid-19 no todo es negativo. La seguridad ciudadana presenta mejoras. Claro está que el reto es vivir en libertad y en paz; sin embargo, la clave es cómo lograrlo. Según el Índice de Denuncias de Delitos de CIEN -IDD- a abril, las denuncias contra las personas (homicidios, secuestros, violaciones y lesiones) se redujo 2% y las relacionadas contra de la propiedad (extorsiones, robo de vehículos, motos, furgones con mercadería y residencias) bajó en 1.4% comparado con el mes anterior.
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La Covid-19 amenaza con la muerte; no obstante, las restricciones contra la libre locomoción, el derecho de reunión y acción se han traducido también en menos homicidios y baja en las denuncias de extorsiones. En lo que llevamos del año hasta abril se han salvado 392 vidas más en relación con el año anterior, lo que da como resultado una tasa de homicidios interanual de 18.9 por 100 mil habitantes. Las denuncias por extorsiones bajaron a niveles de inicios de 2019. La tasa disminuyó por segundo mes consecutivo.
Aunque nos encontramos en las semanas más críticas del contagio, es importante diseñar una ruta para la apertura de los servicios, en especial el relacionado con la seguridad ciudadana. Definitivamente, deberían basarse en un plan de ir devolviendo a los ciudadanos sus libertades y que además contemple contener el crimen y los delitos.
Con relación a la Policía Nacional Civil (PNC), por la declaratoria del estado de Calamidad, es la designada para garantizar su acatamiento, por ende, como fuerza es absorbida para el cometido sanitario, lo que consecuentemente reduce su capacidad operativa, investigativa y prospectiva al mínimo. La política de contención del delito iniciada a principios de año con los estados de Prevención en varios municipios se interrumpió por el estado de Calamidad, aunado por la desproporcionada parálisis del Organismo Judicial. El CIEN opina que la PNC debe recuperar su capacidad operativa e investigativa y seguir enfrentando, en las actuales circunstancias, a las estructuras criminales. Así anticiparse con planes estratégicos y tenerlos operando en pleno, durante la fase de mitigación, previo a pensar en una fase de apertura, donde la recuperación de las libertades ciudadanas hará menos viable el combate de la criminalidad.
Otro tema abordado por el CIEN es el relacionado con el crimen organizado y la narcoactividad. Según la Organización de Estados Americanos -OEA-, el Covid-19 se ha vuelto “una ventana de oportunidad” para el crimen organizado en Latinoamérica. Los distribuidores concretan sus entregas desde aplicaciones como WhatsApp e inventan y copian métodos de negocios legales (reparto a domicilio de comida y medicina). Volcar toda la seguridad a la emergencia sanitaria debilita y descuida aún más la obligación de prevenir el consumo y el trasiego de drogas y así los grupos criminales se empoderan.
Del 6 de marzo al 13 de abril, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil -SGAIA- incautó 50 kilos de cocaína, 305 libras de marihuana, 641 onzas de la misma droga, 58 toneles con químicos para droga sintética y erradicó 203 mil matas de marihuana. El Ejército ha incautado en lo que va del año 4,116 paquetes de cocaína. Se cree que ha disminuido la cantidad trasegada, ya que, según el Ministerio de la Defensa, el precio de un kilo en las calles de New York ha subido en un 30% por la paralización del transporte aéreo y la suspensión de la vida nocturna. Además, ha influido la “Operación Orión” de Estados Unidos en aguas caribeñas, desde las costas de Venezuela hasta las de la Florida. A futuro, se intuye un aumento del flujo de cocaína del sur al norte, ya que dicha operación tiene una temporalidad limitada.
Respecto al Sistema Penitenciario (SP), hasta ahora se ha logrado prevenir contagios en las cárceles. Desde mediados de marzo no ha habido traslado a tribunales. Preocupan los grupos vulnerables -alrededor de 1,500 privados de libertad- para las cuales debe evaluarse el arresto domiciliar temporal o resguardarlos con medidas de prevención más estrictas. Deberán de reprogramarse las audiencias y definitivamente los procesos judiciales se atrasarán. Esto impactará al SP en el corto y mediano plazo, ya que muchas personas en prisión preventiva (12,300) quedarán recluidas más tiempo en lo que concluye su juicio.
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En la fase de reapertura de servicios, una vez el OJ reinicie sus labores, el SP deberá cumplir con protocolos sanitarios de traslado a tribunales y juzgados. Por lo que se recomienda inicialmente que las audiencias se realicen por videoconferencia para reducir las salidas. Luego se podrán reanudar las actividades de rehabilitación y hasta superada la pandemia por completo permitir visitas nuevamente. La crisis del hacinamiento debe abordarse con medidas sustitutivas, agilización de la redención de penas y ampliación de la infraestructura mediante el préstamo BCIE.
Es importante no concentrarse solo en la coyuntura, sino trabajar a futuro con el objetivo de aprovechar esta crisis como una oportunidad para lograr más y mejor seguridad. ¿Se siente más seguro? ¿Considera que habrá más o menos delincuencia luego de la pandemia? ¿Cómo mantener bajos índices de delincuencia?
