Unidos haremos más

En los últimos días el país ha vivido de nuevo una tensión innecesaria debido a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo -Ley de ONG-, Decreto 2-2003. El Congreso de la República, después de algunos años de discusión, aprobó el 11 de febrero tales modificaciones, que tuvieron su origen en la legislatura pasada, bajo el Decreto 4-2020. Propuesta, que pese haber tomado buen tiempo para su aprobación, carece del sustento técnico, jurídico y presupuestario; o sea, mal redactada, confusa y desfinanciada.

Con relación al Decreto 4-2020 que contiene las fallidas reformas, es de precisar que conforme a las leyes actuales las ONG deben ser fiscalizadas por el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas (en caso de manejar fondos públicos). Por lo que su flujo de financiamiento, captación de donaciones y manera de erogar fondos debe cumplir con sus objetivos aprobados, operar con rigor contable y ser sujetas a fiscalización. Cualquier denuncia por donaciones espurias, desviación de fondos o prácticas obscuras, con la normativa actual es más que suficiente.

“Se espera que todo lo vivido en estos días sirva a futuro para trabajar unidos, lograr mejores leyes y ser eficientes”.

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Desde que se aprobó en el Congreso el decreto 24-2020, muchas organizaciones se pronunciaron en contra y plantearon varias acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad -CC-, indicando que era inconstitucional y que atentaba contra distintos derechos. Sin embargo, el presidente de la República sancionó el decreto, quien previamente justificó públicamente el 27 de febrero, juntamente con su gabinete, que había recibido comentarios de tres constitucionalistas y de la Secretaría General, que estimaron que la normativa no contenía inconstitucionalidades, por lo que recomendaban sancionarla. Además, dijo que consideraba que era necesario fiscalizar a las ONG.

Por último, el 28 de febrero fue publicada dicha ley en el diario oficial, informando que la misma empezaría a regir ocho días después de su publicación. Tardíamente, el 2 de marzo la CC otorgó un amparo provisional a varias organizaciones que accionaron contra el decreto 4-2020. Por medio de un comunicado señaló que “el decreto conlleva amenaza de violación a los derechos humanos, por lo que suspende el acto de aprobación del Decreto Legislativo 4-2020 que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, así como todo acto posterior a la misma”.

Ante la situación, el presidente Alejandro Giammattei comentó que la ley ya había sido sancionada y publicada, razón por la se aplicaría una vez se cumplieran los ocho días. En el ínterin se fue polarizando la sociedad, en especial en las redes sociales. Finalmente, ante tanta incertidumbre, el Congreso de la República solicitó una aclaración a la CC, institución que por medio de un comunicado el 5 de marzo indicó que: “Conforme a la doctrina general del derecho y ordenamiento jurídico guatemalteco, el proceso legislativo finaliza con la entrada en vigencia de la ley porque al suspender el acto de aprobación del proyecto de ley, una de las etapas del proceso legislativo, quedan suspendidos de igual manera la sanción, promulgación, publicación en el ‘Diario de Centro América’ y adquisición de vigencia de dicha ley”. Aclaración que el presidente comentó que respetaba la decisión de la Corte, aunque no compartía su actuar.

¿Cuáles lecciones nos deja este proceso? El Congreso de la República debe seguir la Ley Orgánica: Respetar los procesos, tiempos y que previo a decretar las iniciativas de ley, estas cumplan con todos los requisitos, especialmente de revisión, dictamen legal y apoyo presupuestario. Además, previo a redactar la ley definitiva, debe escuchar a la sociedad y analizar las leyes vigentes. Preocupa que la CC se esté extralimitando en sus funciones, pues, según la normativa, lo que procedía era que una vez publicada la ley, interponer recursos de inconstitucionalidad y en caso de evidenciarse, no clausurar de una vez todo el decreto. A criterio de muchos la CC no debería opinar sobre la normativa durante el proceso en el Legislativo, ya que está interviniendo en la misión que le compete al Organismo Legislativo. Por el otro lado, es sumamente complejo que muchas veces la normativa en Guatemala sea tan ambigua y mal redactada que llega al colmo que ni los abogados se ponen de acuerdo, no digamos las interpretaciones de cada ciudadano hace de esta, razón por la cual debe mejorarse.

Lo interesante fue que a muchos sorprendió el viernes 6 de marzo un pronunciamiento del presidente Giammattei, quien publicó desde su cuenta oficial en Twitter una foto de una reunión en la que participaron la fiscal general, los magistrados titulares de la CC, el presidente del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, así como el procurador de los Derechos Humanos y el director del Sistema Penitenciario. Aunque no se conoce del todo cuándo se convocó dicha reunión y detalles de la agenda, es positivo que las autoridades se unan y trabajen coordinadamente en temas importantes para el país. Según lo comunicado por el presidente, la reunión interinstitucional fue muy productiva, se sentaron las bases para las reformas del sector de justicia y del Sistema Penitenciario. “Vemos la urgente necesidad de ampliar el número de cárceles e implementaremos los grilletes electrónicos para reducir el hacinamiento”, señaló el Dr. Giammattei.

Se espera que todo lo vivido en estos días sirva a futuro para trabajar unidos, lograr mejores leyes y ser eficientes para beneficiar el desarrollo y bienestar de los guatemaltecos. Se desea que este primer esfuerzo de coordinación sea exitoso y el primero de muchos más, respetando el rol que a cada uno le compete según la Constitución. ¿Cuáles son los tres temas que considera merecen una coordinación interinstitucional? ¿Cómo lograr que cada institución pública cumpla el papel que le toca? ¿Cómo lograr reglas claras, estables y parejas para todos?