En los últimos días, en medio de un proceso de elección de magistrados cuestionado y golpeado fuertemente por la revelación de una investigación que muestra el perverso juego de intereses y poderes en las comisiones de postulación, afloró la discusión de promover reformas profundas al sistema de justicia.
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El contexto muestra la necesidad de alejar a los actores políticos de la justicia y de reformar el método de elección de jueces. Las comisiones de postulación caducaron y no dan para más.
La discusión afortunadamente no es nueva. Los registros, sin el ánimo de irnos muy lejos, aparecen con bastante fuerza desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Incluso, hay un acuerdo específico que identifica las debilidades del sistema de justicia y, en consecuencia, determina una ruta para reformarlo, procurando su autonomía e independencia.
Este aspecto se puede ver de manera positiva, ya que no se parte de cero. Hay iniciativas que pueden ser un importante punto de partida para identificar las áreas a reformar y aglutinar el conjunto de propuestas específicas que se presentaron en cada una de ellas.
Por otro lado, también es una oportunidad para que con responsabilidad y madurez política nos sentemos a revisar lo sucedido en las diferentes experiencias de reforma. Esto, con el ánimo de construir las condiciones técnicas y políticas para lograr la reforma, identificando aquellos elementos que por un lado facilitaron los procesos, pero especialmente aquellos que bloquearon o impidieron el cambio.
La idea es, desde luego, no caer en las mismas trampas. Es decir, necesitamos identificar aprendizajes y lecciones aprendidas que los actores que estamos interesados en reformar el sistema debemos considerar.
En la agenda legislativa han perfilado varias iniciativas de reforma. Una que presentaron las universidades San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), otra que llevó el expresidente Otto Pérez Molina y no olvidemos la que fue presentada por los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en 2016 con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el procurador de los Derechos Humanos (PDH), entre otras organizaciones, como algunas de las propuestas más relevantes que se han discutido ampliamente en la opinión pública y que tuvieron significativos avances en la arena legislativa.
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No cabe duda que el ambiente político está bastante convulso. Aparentemente, la crisis no tiene una solución óptima.
No importa el camino que la Corte de Constitucionalidad –CC– tome: Repetir todo o una parte del proceso… ninguno asegura resultados positivos. Lo único que sí nos permitiría avanzar y mejorar el sistema es la reforma.
Por eso hay que aprovechar el espacio, independientemente del tiempo que tomará la elección de los jueces, para impulsar las reforma al sistema de justicia, que pasa en gran medida por cambiar algunos aspectos en la Constitución y otros en unas cuantas leyes ordinarias.
La primera reacción de muchos actores, frente a la posibilidad de una reforma constitucional, es de miedo o cautela, lo que frena o paraliza, argumentando que no hay condiciones para hacer un cambio de ese calado.
No obstante, más allá de sentarnos a esperar las condiciones ideales, porque estas nunca se darán y nos podemos quedar a “dormir el sueño de los justos”, es generar esfuerzos para alcanzar acuerdos entre los diferentes actores sociales y políticos para una reforma constitucional. La justicia no puede esperar más. ¿Qué opina usted?
