Una bomba estalló esta semana en la arena política. Un “secreto a voces” fue revelado por el Ministerio Público en un caso que tiene impacto en el trabajo de las comisiones de postulación.
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El caso muestra la manera en que los actores políticos se articulan para tejer complejos planes para cooptar el sistema de justicia y promover la impunidad en el país. No es nada nuevo. Lo presentado por el MP desnuda la triste realidad que enfrenta la justicia y cómo está amenazada por intereses políticos que vulneran su independencia.
Más allá de sentarnos a analizar las relaciones, los nombres de los actores, escuchar las tontas justificaciones que algunos de los comisionados y actores que fueron en romería a visitar a los articuladores de estos planes están presentando públicamente para justificarse, es necesario que alcancemos acuerdos para promover una reforma profunda al sistema de justicia.
No es la primera vez que este tipo de situaciones nos enfrenta con esa dura realidad: Tenemos un Estado cooptado por estructuras que buscan promover, para el caso del sistema de justicia, impunidad. Estas circunstancias no permiten consolidar la institucionalidad democrática y que la justicia sea pronta y cumplida.
La crisis que enfrenta el sistema judicial, si bien tiene una arista jurídica, creo que en gran medida se tiene que resolver en la arista política. En principio, ojalá los actores políticos en el Congreso de la República, que será el escenario en donde se elegirán en los próximos días a los magistrados de las Salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo Electoral, establezcan con voluntad política procesos que permitan realizar un tamizaje de los candidatos y elegir a los mejores.
Entiendo muy bien la necesidad de elegir y que sea lo más rápido posible. La elección se está desarrollando en un contexto muy complejo. Por un lado, el proceso ha estado muy accidentado. Además, el caso del MP colocó en la mesa fuertes elementos para cuestionar la legitimidad y legalidad del trabajo de las comisiones.
Por otro lado, el escenario de repetir el proceso está cuesta arriba y además no tiene mucho sentido porque, dado que el mecanismo de comisiones de postulación ya caducó, no tendríamos un resultado significativamente distinto al que tenemos ahorita. Lo que necesitamos es cambiar el sistema.
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La solución de fondo está en que los actores políticos y sociales encuentren espacios de debate y discusión para impulsar una profunda reforma al sector de justicia. En alguna medida esto pasa por una reforma constitucional acotada y una serie de reformas a leyes ordinarias. La receta está hecha desde hace varios años. Un conjunto de propuestas de reformas se tendría que rescatar y desempolvar para este propósito.
Necesitamos un sistema de justicia con jueces autónomos e independientes, no jueces que deban favores y que los paguen en sus funciones.
Un sistema de justicia que no esté cooptado por intereses políticos. Un sistema de justicia autónomo e independiente. ¿Qué opina usted?
