Resulta interesante el énfasis que el presidente actual ha puesto en el tema de seguridad ciudadana. De hecho, es una de las mayores preocupaciones de la población. Aunque la cantidad y la tasa de homicidios por cien mil habitantes han disminuido en la última década y la tasa de denuncias de los distintos delitos ha bajado -a excepción de la extorsión-, la población se siente insegura.
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Entre las acciones del Ejecutivo se pueden mencionar los estados de Prevención en varios municipios, inicialmente en Mixco y San Juan Sacatepéquez, luego en Villa Nueva, El Tejar, Chimaltenango, San Andrés Itzapa y la semana pasada en seis municipios más de Escuintla: Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Tiquisate, Puerto San José, Palín y Escuintla. Esta determinación ha permitido al equipo de gobierno la captura de varios individuos, desarticular algunas bandas y realizar allanamientos y requisas en centros penitenciarios. Estos municipios coinciden con los lugares donde se ha reportado mayor tasa tanto de homicidios como de denuncias de extorsiones. Ahora bien, se desconoce quiénes son los que están extorsionando, si son grupos organizados, pandillas o personas en lo individual, ya que no existe acceso a esta información.
Entre las acciones del gobierno se incluye una iniciativa de ley que actualmente se discute en el Congreso que pretende “declarar” a las pandillas como terroristas. La iniciativa de ley 5692 propone una reforma al Código Penal, artículo 391 bis, para tipificar el delito de “Terrorismo con fines de desorden público social”.
“Resulta interesante el énfasis que el presidente actual ha puesto en el tema de seguridad”.
¿Será que esta reforma contribuiría a disminuir la delincuencia en Guatemala? Recientemente el CIEN hizo un análisis de esta iniciativa revelando información importante. Se sabe que el país se encuentra en el Triángulo Norte (conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras), región que se convirtió en la última década en uno de los lugares con mayor violencia homicida en el mundo. Esto se debe a la debilidad institucional, la presencia del crimen organizado y la articulación de las pandillas. Respecto a las pandillas, el CIEN resalta que, a pesar de ser un fenómeno común entre los tres países, cada uno enfrenta particularidades en la forma de abordar a estos grupos.
En los tres países dominan los grupos llamados MS13 y Barrio 18. Lamentablemente, se desconoce con exactitud cuántos activistas hay por país. Guatemala tiene entre 15 mil y 20 mil pandilleros, Honduras entre 25 mil y 35 mil mientras que El Salvador cuenta con alrededor de 70 mil. En este país muchos de ellos están privados de libertad (18%, equivalente a 13 mil) lo que equivale a casi 40% de la población reclusa y cuentan con cárceles que albergan exclusivamente a pandilleros. En Guatemala, del total de reclusos (25 mil) aproximadamente 1,200 están identificados como pertenecientes a una pandilla (8% del total de pandilleros está en prisión), representando únicamente al 5% del total de población carcelaria.
Tanto en El Salvador como en Honduras, los pandilleros son considerados terroristas; sin embargo, de acuerdo con los expertos en cada país, el hecho de que la ley los tipifique como tales no ha tenido el resultado de reducir la violencia ni su actividad delictiva. Si bien se realizaron múltiples operativos para arrestar a los pandilleros, no se dan más procesamientos o condenas. Además, el aumento de capturas, especialmente en El Salvador, hacinó más las cárceles y fortaleció a las pandillas dentro de los centros penitenciarios. Este mandato saturó extremadamente el aparato judicial y carcelario sin resultados en reducir la delincuencia, ya que los pandilleros siguen operando, planificando y ejecutando delitos desde las cárceles (extorsiones, sicariato, coordinación con miembros no encarcelados, y otros).
Por parte, el Organismo Ejecutivo comunicó que la intención de esta reforma legal es sancionar la pertenencia a una pandilla. Sin embargo, se considera que la propuesta presentada no cumplirá esta intención, que, por la redacción del texto, se entiende que el hecho punible es “organizarse, constituir o pertenecer” a uno de estos grupos, y “ejecutar actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, (…)”. En consecuencia, únicamente la pertenencia a una pandilla no es suficiente para sancionar a la persona, solo si la persona ha estado relacionada a la comisión de un delito. El artículo no está redactado de forma clara y de ser aprobado habrá, definitivamente, grandes dificultades en su interpretación.
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Usar la palabra “terrorismo” es complejo y puede generar confusión, debido a que no existe una definición universal del término. Guatemala, al haberse adherido a los convenios de Naciones Unidas, consideraría, igual que dicha institución, que el método terrorista es una acción que atenta contra terceros inocentes para debilitar o coaccionar al Estado. CIEN considera que las normas y los mecanismos establecidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada son suficientes para la persecución penal de los pandilleros ya vinculados a una asociación ilícita.
Para mejorar los indicadores de seguridad y abordar el fenómeno de las pandillas se requiere un abordaje integral. CIEN recomienda tomar en cuenta otros factores asociados a este reto, como el hecho de que jóvenes vulnerables sigan siendo reclutados por grupos delictivos, en los que algunos encuentran referentes de vida y una forma de generar ingresos. Es importante contar con programas de capacitación y educación para ellos. El actual marco jurídico para la persecución penal de los delitos cometidos por los pandilleros es suficiente para procesarlos. El mayor desafío y prioritario debe ser contar con un Sistema Penitenciario funcional, en el que el gobierno tenga el control interno y pueda rehabilitar a los privados de libertad. ¿Ha sido alguna vez extorsionado? ¿Cree que una ley resolverá el fenómeno de las pandillas? ¿Qué opina que los privados de libertad sigan delinquiendo desde la cárcel?
