Recientemente, se ha puesto sobre la mesa el tema de los funcionarios públicos, especialmente relacionado a la cantidad y calidad, su eficiencia y las plazas fantasma. La Constitución establece en su artículo 108 que “las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil conservarán ese trato”. La Ley de Servicio Civil -Decreto número 1748 del Congreso de la República- data desde 1968 sin haber sido modificada hasta la fecha y tiene por objetivo la administración del personal que labora en la administración pública, ya sea por nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido.
PUBLICIDAD
Sin embargo, los tres organismos del Estado, inclusive las municipalidades y varias entidades descentralizadas y autónomas, tienen su propia ley. En un reciente estudio del CIEN se menciona la existencia de cerca de 45 diferentes regímenes. Los Órganos de Control fueron creados con su propio régimen de administración de personal. En el caso del Registro General de la Propiedad, su personal ni siquiera figura como empleado público. Las municipalidades cuentan con la Ley de Servicio Municipal (1987). El Ejecutivo tiene excepciones que incluyen a la mayoría de sus trabajadores. El personal del Ministerio de la Defensa Nacional se rige por la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (1990). En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Ley rige a empleados técnicos, administrativos y de servicio, pero para los diplomáticos en las delegaciones acreditadas en el extranjero opera la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala (1963). En el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) tiene su propio régimen. En cuanto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura y Deportes, el personal docente se rige por el Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional (1961).
“Además, la investigación de CIEN señala que existe una serie de obstáculos para lograr la eficiencia y la eficacia en el aparato gubernamental”.
Estas diferencias violan el principio constitucional de igual trabajo e igual remuneración, pues crean disparidad donde debe haber uniformidad. La proliferación de normas de administración de personal en el Estado señala que la Ley de Servicio Civil dejó de ser la regla para convertirse en la excepción, es una norma desfasada y no existen políticas homogéneas para el recurso humano.
Además, la investigación de CIEN señala que existe una serie de obstáculos para lograr la eficiencia y la eficacia en el aparato gubernamental. Los procedimientos son obsoletos, se dan regulaciones innecesarias, controles excesivos, duplicidad de funciones, recurso humano poco capacitado, abuso de partidas presupuestarias, un régimen sancionatorio débil, discrecionalidad en los ascensos -obviando el proceso de oposición-, mala remuneración a algunos profesionales y los resultados de las evaluaciones del desempeño no son vinculantes. Adicionalmente, se abusa la figura de la negociación colectiva para la creación, remuneración, ascensos, permutas y traslados de trabajadores. Los pactos colectivos han contribuido enormemente en romper la uniformidad de la Ley del Servicio Civil.
CIEN encontró que el personal rota con frecuencia. Cerca del 85% de los puestos gerenciales cambia cada 4 años; el 55% del personal catalogado como permanente es reubicado con cada gobierno. Adicionalmente, persisten las plazas por referencia, especialmente en el sector de magisterio y de salud, y entre los elementos de la PNC. En cuanto a la promoción del personal, tiene más importancia la antigüedad en el puesto que los méritos profesionales y la evaluación en el puesto. No se percibe la aplicación de planes eficaces de capacitación, de evaluación o de profesionalización del personal contratado, o de la importancia y peso para la promoción. Los salarios están protegidos. No existe evaluación del puesto que vincule el salario al rendimiento. Existe la protección contra despidos, lo que imposibilita la implementación de una efectiva carrera en la administración pública. La clasificación de puestos públicos no ha sido debidamente actualizada. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo suscritos con los sindicatos de trabajadores públicos son por lo general proteccionistas, costosos para el erario e insostenibles en el largo plazo. No existe correlación entre los beneficios que obtienen los trabajadores por esta vía y las responsabilidades y obligaciones que deberían de asumir.
¿Qué se recomienda? CIEN apunta a que el principal problema radica en el generalizado incumplimiento de la ley. Es necesario contar con institucionalidad adecuada para romper el círculo de la discrecionalidad, la burocracia y la falta de transparencia. En este sentido, debe analizarse el sistema de servicio civil guatemalteco y promover una reforma que atraiga recurso humano mejor capacitado, que impulse la carrera administrativa basado en la meritocracia y promueva el servicio anclado en principios. Estos deben ser principios generales de excelencia, gestión pública por resultados, asistencia al usuario, transparencia y ética, y evaluación constante, entre otros. Además, deben revisarse y regularse los pactos colectivos de condiciones de trabajo vigentes, evaluar el rol de la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec), contar con un censo actualizado de todos los trabajadores del Estado y profesionalizar a los empleados públicos.
Es urgente lograr el consenso en estos principios generales, evaluar los distintos regímenes de servicio civil en Guatemala y modificarlos de acuerdo con los mismos. Se requiere de funcionarios capaces, profesionales y al servicio de la población. ¿Qué opina de la burocracia nacional? ¿Cómo lograr atraer a los mejores al Gobierno? ¿Está de acuerdo con los pactos colectivos en el sector público?
