Uno de los problemas de inseguridad que afecta a miles de guatemaltecos en el país son las actividades criminales de las maras o pandillas. Estas organizaciones criminales también están presentes en El Salvador y Honduras, con características y dimensiones específicas en cada uno de los países, pero configuran un problema regional.
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Indudablemente, se necesita que el Estado implemente acciones efectivas para identificar y desarticular a estas organizaciones criminales. En el lenguaje de las políticas públicas, que son las cosas que hace y deja de hacer el gobierno, o bien las acciones que se implementan para solucionar los problemas públicos, hay dos aspectos que son fundamentales. Uno es definir el problema, una vez hecho esto, se estable la solución.
En alguna medida es lo que está pasando en la dinámica política con las maras o pandillas. Existe un consenso en que estas organizaciones criminales son un problema de seguridad. De eso no hay duda. Las dificultades se están dando en la definición y la solución que se le busca dar.
La discusión inició con la iniciativa de ley que presentó el presidente Giammattei para declarar a las maras como organizaciones terroristas. Una medida que, en medio de la desesperación y la gravedad del problema, se puede a primera vista ver como una “buena solución”.
Este tipo de acciones ofrece resolver de manera inmediata los problemas. La experiencia en este tipo de medidas, que entran en el bolsón de las políticas populistas, es que no logran cumplir con los objetivos ni con los resultados que se plantean.
Incluso, la evidencia muestra contundentemente que este tipo de medidas termina empeorando la situación, es decir, como popularmente decimos, “la medicina sale peor que la enfermedad”. Por ejemplo, en Guatemala se aplicó el “Plan Escoba” (2003), en El Salvador las políticas “Mano Dura” (2003) y “Mano Súper Dura” (2004) y en Honduras la “Ley Antimaras” (2004) y la tasa de homicidios se incrementó en los años posteriores, en los tres países, en lugar de reducirse.
Sin lugar a duda, tenemos que encontrar soluciones para atender este problema y también estoy seguro de que no se necesita declarar a las maras como organizaciones terroristas para lograrlo.
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Estoy consciente que son estructuras criminales que han causado mucho dolor y sufrimiento. No hay forma de describir la cara humana de la tragedia que se vive cada día y que es motivo suficiente para que el Estado tome medidas en el asunto.
Por ello, las políticas de seguridad y de política criminal deben estar orientadas a atender el problema de fondo y no caer en la trampa de las medidas que no van a solucionar nada; al contrario, la experiencia muestra que lo pueden empeorar.
Las vías de solución pasan por acciones que busquen desarticular a estas estructuras y evitar, a través de la prevención, que las personas sigan involucrándose en estas organizaciones.
Esto no requiere nueva legislación, sino la implementación de medidas que no se han ejecutado de manera efectiva, como los métodos especiales de investigación y una coordinación efectiva entre las instituciones de seguridad y justicia. ¿Qué opina usted?
