En las distintas encuestas de opinión, los guatemaltecos señalan la seguridad entre los tres mayores retos que tiene el país. El Gobierno ha prometido mejorar la seguridad ciudadana y de entrada ha presentado una iniciativa de ley en la que se define a las pandillas como “terroristas”. Esta acción ha provocado una gran discusión en el país, lo cual es muy importante, ya que ayuda a buscar la raíz del problema y tomar acción al respecto.
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Recientemente, el CIEN presentó un análisis de la seguridad ciudadana del año pasado y dio una serie de recomendaciones para mejorarla en varios campos. Para hacer recomendaciones, es indispensable contar con datos; sin embargo, en el área de seguridad y justicia criminal se carece de información cuantitativa que sirva para, por un lado, conocer cuáles políticas y acciones han sido exitosas y, por el otro, establecer metas para una mejora continua de la seguridad ciudadana
El CIEN cuenta con un índice denominado Índice de Denuncias de Delitos (IDD) y da seguimiento mensualmente a nueve delitos divididos a su vez en dos subíndices, uno contra las personas y otro contra la propiedad. El primero recopila homicidios, lesiones, violaciones y secuestros. El segundo contempla extorsiones y robos de: vehículos, motocicletas, furgones con mercadería y viviendas.
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“Deben fortalecerse las instituciones relacionadas con la justicia criminal”.
Es importante señalar que el índice se basa en las denuncias con excepción de los homicidios, por esto es crucial hacer periódicamente las encuestas nacionales de percepción de seguridad y victimización para conocer lo que se llama la cifra oculta o “la cifra gris”.
Recientemente se publicó la encuesta realizada hace unos años, la Enpevi 2018. Al preguntar a los mayores de 18 años si habían sido víctimas de al menos un delito, entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, resultó que 16% respondió que sí. Encuestas similares en otros países muestran que Guatemala tiene menos victimización que Panamá y Argentina (19%), y Perú y México con 26% y 29%, respectivamente. Lamentablemente, los guatemaltecos se sienten inseguros, ya que en la misma encuesta se preguntó al respecto y 9 de cada 10 personas consideraban que la inseguridad había aumentado en el país con relación al año anterior y más de la mitad de la población se sentía insegura caminando a solas en su barrio.
El IDD apunta que el número de homicidios disminuyó en el último año de 3,881 a 3,578 (de una tasa de 23.7 por cada 100 mil habitantes a 21.5 por cada 100 mil habitantes, tasa que llegó a ser 46.4 por cada 100 mil habitantes hace una década). Las denuncias de los demás ocho delitos disminuyeron con excepción de las extorsiones, que muestran un aumento del 70% (de 8,672 a 14,714).
Ahora bien, la Enpevi indica que el 77% de los delitos no son denunciados. Las extorsiones son el delito que tiene mayor subregistro, pues apenas una cuarta parte denuncia. Estas cifras indican que dicho delito demanda de mayores estudios y acciones para combatirlo. Resulta que las personas no denuncian porque creen que la autoridad competente no hubiera hecho nada, por falta de pruebas, por miedo -tanto a represalias como a las autoridades- y otras razones. Además, entre las personas que denuncian más de la mitad se sintió insatisfecha con el manejo de su denuncia tanto en la Policía Nacional Civil (PNC) como en el Ministerio Público (MP) y los juzgados de Paz.
El CIEN recomienda dar seguimiento a las denuncias y hacer las encuestas de victimización al menos cada dos años. Se debería contar con bases de datos robustas de los distintos delitos y denuncias, incluyendo las distintas instancias del sector de seguridad y justicia que permitan accionar de forma estratégica. La información puede servir también para trazarse metas e ir reduciendo los distintos delitos. Adicionalmente, es determinante diseñar programas para que la gente se sienta más segura. Este es el típico caso en el que la percepción no coincide con la realidad y aunque las cifras muestren que el país ha mejorado en el tema de seguridad la gente no lo percibe así.
Paralelamente, deben fortalecerse las instituciones relacionadas con la justicia criminal, iniciando con los programas de prevención a los delitos y la conflictividad, seguir profesionalizando a la PNC, mejorar la investigación criminal y la inteligencia, hacer cambios radicales en el Sistema Penitenciario -ampliar la infraestructura, crear la carrera de los agentes, reactivar el nuevo modelo de gestión y bloquear las señales telefónicas en los centros penitenciaros-, contar con una política para contrarrestar el narcotráfico, mejorar los procesos tanto en el MP como en el Organismo Judicial para lograr mayor eficiencia y lograr una gestión por resultados.
Es muy importante organizar un observatorio no gubernamental, técnico e imparcial, involucrar a medios de comunicación, empresarios y a la ciudadanía en general para lograr transmitir a la población la realidad y además contribuir cada uno al logro de tener y sentir más y mejor seguridad. ¿Ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses? ¿Percibe que la seguridad ha mejorado? ¿Cómo lograr un país seguro?