No caigamos en el juego que busca restar legitimidad a las elecciones. Los actores políticos que perdieron poder en el evento electoral le están apostando a su última jugada. El tiempo se les acaba y la correlación de poder, en gran medida, no les favorecerá el próximo año, y su margen de acción cambia.
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Esta semana el fiscal electoral, Rafael Curruchiche, con la anuencia de la fiscal general, presentó una denuncia para retirar el antejuicio a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por incumplimiento de deberes. No quiero entrar en la discusión legal, porque no es mi especialidad, pero según entiendo, este proceso responde más a una lógica administrativa que penal.
La opinión de los abogados y sus diversas posturas resolverá no solo en los canales jurisdiccionales, sino también en la discusión mediática, la viabilidad y la sustentación de la denuncia.
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Más allá de la perspectiva legal, me gustaría presentar en esta columna dos perspectivas que nos ayudan a armar el rompecabezas. Una es la dimensión administrativa-procedimental y la otra es la dimensión política.
Varios actores de manera peligrosa y mal intencionada están hablando nuevamente de fraude electoral. Mencionan ingeniosamente que solo se deben repetir las elecciones legislativas sin analizar, por un lado, cómo se cuentan y oficializan los votos, y por otro, sin evaluar el impacto que esa posición tiene para el sistema político y democrático en el país. La democracia en la región está pasando por una época bastante gris y compleja.
En relación a la dimensión administrativa-procedimental, el voto que usted fue a depositar en las urnas electorales está resguardado y nadie va a poder alterar lo que fuimos a expresar con nuestro voto. Que no le mientan. La voluntad que usted expresó está a salvo.
El sistema electoral descansa en un complejo entramado de procesos y actores que están coordinados por los órganos temporales, desde las juntas receptoras de votos (JRV), las juntas electorales municipales (JEM) y las juntas electorales departamentales (JED). Además, hay que recordar que el TSE las integra, pero no es parte de las decisiones que se toman.
El voto descansa en la acumulación de los resultados que son plasmados en todas las actas que se elaboran en cada nivel. El sistema que se utiliza para transmitir los resultados el día de la elección no es legalmente vinculante y solo es un instrumento para publicitar y brindar datos preliminares el día de la elección. Hubo deficiencias en el traslado de los resultados y eso incrementó la sensación de incertidumbre y los cuestionamientos al TSE.
La dimensión política es la que más me preocupa. Es peligroso que actores estén tratando de restar legitimidad al resultado electoral. Si bien el proceso electoral en su conjunto enfrentó muchos desafíos y alimentó en gran medida el desencanto, no mezclemos las cosas.
Por un lado, están los problemas que se evidenciaron a lo largo de toda la elección y por otro está el resultado electoral. En el primero de los casos necesitamos revisar lo que sucedió y encontrar las vías para mejorar el sistema, sea a través de una reforma legal o reglamentaria-administrativa. Seamos claros y no confundamos peras con manzanas, como dirían por ahí. ¿Qué opina usted?