Existe una gran preocupación respecto a qué tan afectada se encuentra Guatemala por la narcoactividad. En los últimos meses se han detectado avionetas no autorizadas que aterrizan y luego que desalojan el cargamento son quemadas. En varias oportunidades algunos de los comunitarios protegen el área y son usados como escudos humanos mientras descargan las avionetas y huyen del lugar, impidiendo la reacción inmediata de las fuerzas de seguridad.
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A inicios de septiembre de este año los radares del Ejército detectaron una nave no autorizada en los alrededores del municipio de El Estor. Se sospechó de un vuelo con cargamento de cocaína. Ante esta situación, enviaron una patrulla de nueve soldados con el fin de hacer una ronda de reconocimiento y localizar una pista de aterrizaje clandestina y la aeronave detectada por los radares. Sin embargo, al llegar a la aldea Semuy II del municipio de El Estor, fueron emboscados por comunitarios armados y tres de ellos fueron asesinados.
Esto provocó que el 4 de septiembre, el presidente de la República decretara estado de Sitio por 30 días en 22 municipios de Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz y Petén. Estos municipios por su ubicación y difícil acceso han sido considerados como una de las rutas de la cocaína en el país. El estado de Sitio fue ratificado de urgencia nacional por el Congreso de la República y luego fue extendido por 30 días adicionales (excluyendo dos municipios de Izabal), el cual se dio por concluido el 4 de noviembre.
“La ausencia de servicios públicos es un factor de riesgo para que miembros del crimen organizado se aprovechen de la necesidad de la población local”.
La pregunta que la mayoría de los guatemaltecos se hace es si esta acción tuvo resultados positivos. La declaratoria del estado de Sitio visibilizó que las comunidades del área en general se encuentran abandonadas por el gobierno central y las municipales, situación que se repite en muchas comunidades del área rural del país, donde hay carencia de servicios básicos de salud, educación básica, vías adecuadas de comunicación y energía eléctrica, entre otros.
Definitivamente, la ausencia de servicios públicos es un factor de riesgo para que miembros del crimen organizado se aprovechen de la necesidad de la población local y la coaccionen a cometer hechos ilícitos. En las comunidades abordadas, la población afirmó que por muchos años han esperado proyectos de desarrollo de parte del gobierno; sin embargo, sus demandas no han sido atendidas y servicios que anteriormente estaban disponibles han sido retirados, en especial en salud, educación seguridad e infraestructura. Por ejemplo, la Ruta Nacional 7E, que es la que transita por estas comunidades, es de difícil acceso. La misma va de San Julián, en Cobán, cabecera del departamento de Alta Verapaz, hasta Río Dulce, en Livingston, Izabal. Su acceso difícil hace atractiva esta ruta para el trasiego de ilícitos.
Según un estudio reciente de CIEN, el estado de Sitio en los 22 municipios produjo algunos resultados. Fueron capturadas 851 personas, de las cuales una tercera parte (243) fue por órdenes judiciales que no se habían ejecutado. Esto resalta la debilidad institucional del Estado para hacer cumplir las órdenes de captura emitidas por los jueces del Organismo Judicial, pues es probable que, de no decretarse el estado de Sitio, las capturas no se hubieran ejecutado.
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Además, incautaron un contenedor con un cargamento de jade que estaba siendo sustraído ilegalmente de la Sierra de las Minas, armamento, explosivos, vehículos y radiocomunicadores. Se desmantelaron cinco narcolaboratorios para el procesamiento de cocaína y también se inhabilitó un complejo de producción de cocaína de alrededor de 177 hectáreas. Asimismo, se erradicaron alrededor de 226 mil plantas de marihuana y se identificaron y destruyeron 17 pistas de aterrizaje clandestinas. Y se realizaron varias operaciones en las que participaron más de 10 mil funcionarios de distintos ministerios.
El CIEN señala que el estado de Sitio fue pertinente, dado los acontecimientos en la región; sin embargo, tan solo fue una medida temporal y persiste la preocupación en la población que no haya cambios de fondo y los problemas sociales y de delincuencia sigan presentes en las comunidades.
¿Qué se recomienda? Definitivamente, mejorar la presencia institucional del gobierno en el área por medio de intervenciones sociales y de seguridad a fin de mantener un mejor clima de confianza. Es muy importante priorizar los servicios de salud con equipamiento e insumos para las necesidades locales. Además, se requieren otros servicios públicos, como educación e infraestructura. También deben formularse proyectos productivos que involucren a las autoridades municipales y a la población para que logren sostenibilidad y se generen ingresos en esa región. Deberá incentivarse a los distintos actores de la comunidad y al gobierno coordinar esfuerzos para erradicar a estos grupos clandestinos y, definitivamente, la urgencia de contar con una Política Nacional para contrarrestar la narcoactividad con un presupuesto asignado y acciones concretas en los corto, mediano y largo plazos. Sin desarrollo ni autoridad estamos en un peligro de convertirnos en un país seriamente amenazado por la narcoactividad. ¿Qué opina de los resultados del estado de Sitio? ¿Cómo lograr que los servicios públicos lleguen a todos los guatemaltecos? ¿Cuál estrategia sugeriría para contrarrestar la narcoactividad?
