Las protestas que se han dado en varios países en Latinoamérica muestran una gran inconformidad de muchos de sus habitantes con los sistemas políticos, económicos y sociales. En el año 2015, en Guatemala, ciudadanos indignados por la corrupción de forma pacífica salieron a las plazas a exigir la renuncia de la vicepresidenta y del presidente, logrando un cambio en el Organismo Ejecutivo.
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Venezuela lleva muchos años de protestas de los ciudadanos en contra del régimen, con casi ningún éxito, con muchos fallecidos y miles de detenidos. Nicolás Maduro y su gobierno tienen hundida a Venezuela en la peor crisis de la historia, con serios problemas humanitarios y económicos. En enero Juan Guaidó, presidente del Legislativo, anunció que asumiría las responsabilidades que le concede la Constitución de su país para convocar a nuevas elecciones nacionales y ser presidente interino. Actualmente, alrededor de 50 países reconocen a Guaidó como presidente, sin embargo Maduro sigue operando en su país. En Nicaragua ha sido reprimida su población luego de las protestas que iniciaron en abril del año pasado por reformas al sistema del seguro social. Sin embargo, Daniel Ortega se mantiene fijo en el poder.
“Es el momento de la transformación del país”.
Días atrás se pudieron observar manifestaciones masivas en contra del presidente del Ecuador por la eliminación de subsidios a los combustibles, decisión que causó muchos días de conflictos y daños, obligando al Gobierno a retroceder con la decisión, decretar estado de Excepción y cambiar temporalmente la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. El fondo del problema es que existe oposición a un plan de ajuste económico anunciado por el presidente Lenín Moreno. En Perú los ciudadanos protestaron luego de que el presidente, Martín Vizcarra, decidiera disolver el Congreso y convocar a elecciones. El Tribunal Constitucional anunció que el 29 de octubre resolverá si admite o no la disolución. En Bolivia hay protestas y violencia debido al escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado domingo 19 de octubre, cuando se notificó que Evo Morales salió como el ganador.
Y por último Chile, que la semana pasada, luego de una jornada muy violenta iniciada por un grupo de estudiantes que se oponían al alza del precio del metro y que terminó en actos de brutalidad, quemando varias estaciones, saqueando comercios, con varias personas heridas y algunos muertos. El Gobierno dio marcha atrás al alza y estableció toque de queda en varias comunas. Sin embargo, el sábado una manifestación pacífica de miles de chilenos en Santiago protestó ya no solo por el alza del metro, sino por la desigualdad económica. Solicitaban, entre muchas demandas, un cambio al sistema de pensiones, educación universitaria gratuita y hasta una reforma constitucional -evento que sumó frustraciones de muchas personas y aglutinó a políticos de oposición para alzar su voz en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Un día después, el presidente pidió la renuncia de su gabinete con el objetivo de conformar uno que responda a las demandas de la población. También señaló que levantaría el estado de Emergencia. Lo que podemos observar es que cuando los países tienen sistemas democráticos más sólidos, los gobiernos están dispuestos a realizar cambios. Claro está, si la población no está de acuerdo con una medida que toma el gobierno, tiene todo el derecho de protestar, pero no de hacer daño a otro ciudadano, destruir propiedad, saquear comercios ni cometer actos de vandalismo y terrorismo.
Hay muchas discusiones respecto a estos sucesos recientes, en especial por la violencia y agresividad de estos movimientos. La OEA señaló la semana pasada que “las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social”. Varios defienden a los manifestantes y agresores, señalando que es debido a que la gente ha perdido la paciencia de que los gobiernos no responden a sus necesidades. Es un hecho que las malas condiciones en que viven muchos habitantes en el continente son un caldo de cultivo para la explosión de la población.
Honduras también se ha visto afectado también por esta ola de protestas y violencia, y Guatemala no está lejos de contaminarse. Después de cuatro años, la corrupción continúa, el gasto público se concentra en funcionamiento, especialmente beneficiando a los pactos colectivos del sector público y aumentando la burocracia. Hay mucha pobreza, la desnutrición crónica afecta a la mitad de los niños, la mayoría de los jóvenes no tiene oportunidades de educarse y 8 de cada 10 guatemaltecos carecen de un empleo formal. Los casos de conflictividad se incrementaron en 60% de 2017 a 2018 y una quinta parte son de alcance nacional. El problema es que tanto las necesidades como los conflictos no son debidamente atendidos. Grupos de criminales se aprovechan de la situación precaria de la población y terminan en delincuencia, como la respuesta de los pobladores luego de invadir el área de Lachuá, la quema de camiones de una empresa en El Estor, acciones delictivas realizadas por Codeca o los escudos humanos que se han formado entre las autoridades y las narcoavionetas para proteger la narcoactividad.
Es momento de la transformación del país. Urge contar con un nuevo modelo de desarrollo que brinde oportunidades de mejora a todos los guatemaltecos y que aumente su calidad de vida. Es imperante que los tres organismos del Estado y la Corte de Constitucionalidad asuman el rol que la Constitución les asigna para que se cuente con reglas claras y se afirme el Estado de derecho. Adicionalmente, debe mejorarse la gestión del gobierno, inversión y generación de empleo; y trabajar con transparencia y honestidad. El “statu quo“ nos está llevando a más pobreza, conflicto y zozobra, que puede terminar en un estallido social. ¿Qué opina de lo que está sucediendo en otros países de Latinoamérica? ¿Cómo prevenir algo similar en nuestro país? ¿Cómo lograr que el gobierno esté al servicio de todos los habitantes?
