Un estudio realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) en 2016, comparando datos de las encuestas de empleo e ingresos de 2002 y 2016, muestra que en el primer año el 59% de los asalariados percibía un salario mínimo o menos, y en el segundo año el porcentaje se elevó a 71%, y entre los dos años la cobertura de la seguridad social bajó del 35% al 32% de los asalariados (Prado, 2017).
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Otro estudio, sobre el empleo de los jóvenes, comparando datos de 2002 y 2017, evidencia que la precarización es aún mayor. En 2002 el 63% de los asalariados juveniles devengaba un salario mínimo o menor, y en 2017 era el 82%. En 2002 el 17% de los jóvenes asalariados estaba protegido por la seguridad social y en 2017, el 12%.
Las oportunidades para que las personas puedan encontrar un empleo estable y remunerado de manera justa y decente se están reduciendo aceleradamente.
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Las condiciones de contratación y de remuneración en términos generales se están deteriorando, y con ello las esperanzas y las posibilidades para alcanzar un nivel de bienestar y desarrollo integral.
Las próximas autoridades tendrán el desafío de impulsar las acciones políticas que contribuyan a favorecer el crecimiento económico y la generación de empleo desde una perspectiva de generación de condiciones propicias para que la inversión, nacional e internacional, en todos los niveles y sectores abra oportunidades de trabajo.
En este campo, a diferencia de otros, estamos en una posición en donde las próximas autoridades tienen la oportunidad de fortalecer y continuar impulsando acciones de política pública que se vienen trabajando. No se trata de inventar el agua azucarada.
Un ejemplo de ello es la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032–Crecimiento Económico Sostenido, Inclusivo y Sostenible, cuyo objetivo general es ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres tengan una empleo digno y productivo por medio de una esfuerzo integrado de la política económica y social, y de los sectores público y privado, que fomente el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la reducción de la pobreza y desigualdad.
No hay duda de que una de las prioridades de las próximas autoridades, en medio de contexto político, económico y social bastante complejo en el que asumirán, será la articulación y coordinación de las políticas públicas en los diferentes ministerios, que tienen directa o indirectamente una relación con esta problemática.
Además, una coordinación y trabajo articulado con actores privados para que estas políticas tomen vuelo y alcancen sus objetivos. Se trata de identificar y potenciar los esfuerzos, como el de la Política Nacional de Empleo Digno, no solo desde lo público, sino también completarlo con los privados.
En este sentido, las acciones deben estar orientadas a potenciar los motores de creación de empleo, como los sectores de agricultura, turismo, vivienda y manufactura ligera, entre otros, fortalecer la integración centroamericana, promover el empleo rural, la ampliación de la cobertura de la seguridad social, la capacitación para el trabajo, el cumplimiento de la legislación laboral y el fortalecimiento institucional, entre otras medidas.
La generación de empleos decentes, dignos y bien remunerados que permitan a las personas satisfacer sus necesidades, una plena realización y el desarrollo humano integral debe ser un compromiso de actores públicos y privados. Espero que el periodo de transición permita facilitar las acciones necesarias para articular, definir objetivos, diseñar propuestas y atender este problema. ¿Qué opina usted?