A pesar de que en la última década los homicidios se redujeron anualmente de 6,292 a 3,871 y la eficiencia de la justicia criminal mejoró de 23% a 33%, aún falta camino por recorrer. El Flujograma de la Justicia Criminal es una herramienta que mide la eficiencia del sistema de seguridad y justicia, y de las instituciones que lo integran: El Ministerio de Gobernación (Mingob), encargado de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), el cual regula la seguridad interna. El Ministerio Público (MP) es el que ejercita la persecución penal pública. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es el que realiza la investigación científica forense y emite dictámenes periciales. El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) lleva a cabo la defensa pública gratuita en el ramo penal y el Organismo Judicial (OJ) se encarga de impartir justicia.
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La eficiencia global cuantifica el desempeño del sistema en su conjunto, el indicador establece una relación entre los casos que han salido de forma definitiva del sistema en un año determinado, expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado más los que en años anteriores no hayan sido resueltos. La eficiencia es baja, ya que en el año 2018 de cada 100 casos que se encontraban en el sistema solo se les dio salida a 33.
“Lamentablemente, no existen criterios consensuados para priorizar intervenciones, acciones ni proyectos. Cada institución mantiene un enfoque individual”.
Para mejorar la eficiencia del sistema es necesario que las instituciones del Flujograma identifiquen oportunidades de mejora y, a partir de ellas, definan metas y planes de trabajo de manera conjunta, utilizando una buena base de datos. En la actualidad, estas instituciones planifican actividades y solicitan recursos financieros al Ministerio de Finanzas de manera individual y sin una perspectiva coordinada.
Un estudio realizado por el CIEN señala que las instituciones que forman parte del Flujograma han experimentado un crecimiento en las asignaciones presupuestarias recibidas en los últimos siete años. Los recursos han crecido todos los años. Lo trasladado en 2018 fue de Q8,864.9 millones. Al analizar la distribución de los recursos de cada institución para el período 2012-2018 destacan tres elementos: 1) La PNC sigue siendo la institución que más recursos recibe; en 2012 recibió Q969.8 millones más que el OJ, en 2018 está diferencia aumentó, ubicándose en Q1,684.3 millones. 2) Aunque el OJ es la segunda institución que más recursos recibe, la diferencia con los recursos que recibe el MP se ha reducido, pasando de Q418.5 millones en 2012 a Q266.5 millones en 2018. 3) El Inacif y el IDPP son las que menos recursos reciben, de hecho aumentó la brecha de los recursos recibidos en comparación con los del OJ y el MP.
El presupuesto total propuesto para el ejercicio fiscal en 2020 asciende a Q91,900 millones. El propuesto para las instituciones del Flujograma asciende a la cantidad de Q9,359.3 millones. Al comparar el presupuesto aprobado en 2019 para las instituciones del Flujograma con el propuesto para para 2020 se encuentra un crecimiento de 5.6%, equivalente a Q494.4 millones. Este no crece de manera homogénea, por ejemplo: El presupuesto propuesto para el OJ es el de mayor crecimiento interanual (14.9%), que en términos absolutos representa un incremento de Q300.5 millones. Por otro lado, el IDPP tiene el mayor decrecimiento, de Q21.1 millones. Los recursos económicos siempre serán escasos; sin embargo, si se trabajara coordinadamente y con visión estratégica, con los pocos asignados se podrían obtener mejores resultados.
El CIEN concluye que no existen cambios drásticos en el Proyecto de Presupuesto 2020 para la justicia criminal. Se mantiene una brecha entre los recursos solicitados o propuestos y los asignados, pero debería de buscarse mejor eficacia en el uso de los recursos financieros. Lamentablemente, no existen criterios consensuados para priorizar intervenciones, acciones ni proyectos. Cada institución mantiene un enfoque individual. Sin embargo, se visualiza una ventana de oportunidad para identificar resultados que puedan producirse de manera conjunta. Un desafío de cara al año 2020 es que las máximas autoridades al frente de la mayoría de estas instancias cambiarán de dirección, por lo que habrá que ponerse al día en los próximos meses.
Se recomienda que por medio de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia se desarrolle un plan estratégico de mediano y largo plazo, se tracen metas priorizando delitos y se establezcan indicadores. También deben identificarse cuellos de botella y mejorar la gestión de las instituciones. Realizar y publicar encuestas de victimización de forma periódica permitirá conocer en el tiempo si han bajado los delitos y evaluar las intervenciones que han funcionado y seguirlas practicando, así como terminar con los proyectos que no agregan valor. Es imperante lograr sinergia, aprendizaje y resultados. Diseñar un sistema de rendición de cuentas para que los ciudadanos conozcan y colaboren con el plan es importante para que tanto la seguridad ciudadana como la justicia criminal mejoren. Se espera que para la formulación del presupuesto del año 2021 se trabaje de forma conjunta, integral y estratégica. ¿Cuáles delitos considera prioritarios que sean abordados por las instituciones? ¿Cómo lograr una mejor coordinación entre las organizaciones? ¿Cómo mejorar la gestión pública de las instituciones?
