En las últimas columnas hemos conversados sobre la ventana de oportunidad del proceso de transición y cómo se puede aprovechar para impulsar acciones y definir algunos acuerdos en materia de política pública. Es un espacio en donde las próximas autoridades pueden empezar a calentar motores y establecer una agenda de políticas públicas.
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La educación es uno de los factores que posibilitan el desarrollo y bienestar social de las personas y de los países. La educación no se pelea con nadie, ni nadie está peleando porque mejoremos nuestro sistema educativo. Hay consensos y acuerdos bien identificados sobre la importancia de fortalecer las intervenciones públicas.
El gobierno cuenta con ocho políticas educativas, que son el resultado del trabajo conjunto entre diferentes sectores, instituciones y organizaciones que integran el Consejo Nacional de Educación.
El conjunto de estas acciones públicas tienen el propósito de orientar el trabajo del Sistema Nacional de Educación para que este sea de calidad, incluyente y efectivo, en materias específicas de cobertura, calidad, modelo de gestión, recurso humano, educación bilingüe e intercultural, aumento de la inversión educativa, equidad y fortalecimiento institucional, y descentralización (Consejo Nacional de Educación, 2012).
Los desafíos en materia de educación son grandes si consideramos que la tasa neta de cobertura alcanza el 46.78% en el nivel preprimario, el 78.21% en el nivel primario, el 44.67% en el ciclo básico y el 24.51% en diversificado. Los niveles preprimarios y medio son los que reportan la tasa más baja de cobertura y ponen, evidentemente, sobre la mesa la necesidad de priorizar y ampliar la cobertura con calidad, no se olvide que ambos elementos deben ir de la mano: cobertura y calidad.
Para este objetivo el Ministerio de Educación (Mineduc) debe considerar un incremento de la matrícula con calidad, asignando los recurso humanos, financieros e infraestructura necesario.
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), en su propuesta “+ cobertura + calidad = mayor educación” identifica una serie de requisitos para mejorar la calidad educativa.
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Entre los aspectos que se priorizan se encuentra contar con docentes competentes que ejerzan un liderazgo proactivo y dinámico en el aula, los que deben ser formados (inicial y continuamente) a nivel universitario.
Por otro lado, se reafirma la importancia que tiene para la formación educativa cumplir como mínimo con 180 días de clase, que a corto plazo puedan ser incrementados a 200 o más, siempre considerando no solo la presencia, sino también la calidad y el aprovechamiento del tiempo en las aulas.
No está de más recordar, a pesar de las complicaciones administrativas–financieras que conlleva, ejecutar oportunamente los programas de apoyo, como la alimentación escolar, la entrega de útiles escolares y valija didáctica. Se busca que los estudiantes cuenten con las herramientas e instrumentos básicos para desarrollar sus cursos.
Por otro lado, visto desde la comunidad educativa, se resalta el papel clave que pueden desarrollar los padres de familia cuando se involucran en los asuntos “educativos” y asumen su corresponsabilidad.
De igual manera, dentro de las recomendaciones se enfatiza dotar de tecnologías de comunicación e información con capacitación, implementar el Currículum Nacional Base (CNB) para que la educación también desarrolle competencias para la vida y el trabajo.
Estos son algunos de los aspectos que se consideran prioritarios para asegurar la calidad de la educación. Aprovechemos el espacio político que da el periodo de transición y pongamos sobre la mesa las acciones de política pública que impulsarán las autoridades que asumirán en enero para mejorar la cobertura y la calidad de la educación. No busquemos fórmulas “mágicas”, mejor lleguemos a acuerdos e implementémoslos. ¿Qué opina usted?
