Mientras usted lee esta columna, estimado lector, la Corte de Constitucionalidad, la que supuestamente está para mantener y defender el orden constitucional, acaba de anular todo el proceso de calificación de expedientes para candidatos a magistrados de Salas de Apelaciones y de la CSJ, y retrotrae todo el proceso a empezar de cero por requisitos que no están contemplados en la Constitución para el nombramiento y calificación de magistrados a las cortes.
PUBLICIDAD
¿Todo por qué? ¿Cuál es el trasfondo político? Que a la señora Hellen Mack y a un magistrado aliado a la izquierda exguerrillera no les conviene que este Congreso actual en funciones escoja los magistrados y quiere que el siguiente Congreso, el que de ahora hasta el final de los 4 años entrantes llamaré “el Congreso del fraude”, resultado del masivo fraude electoral en primera vuelta (donde se robaron más de 650 mil votos y más de 22 diputaciones como los mismos funcionarios ahora presos por incompetentes del TSE ya admitieron libre y públicamente) quieren, digo, que ese “Congreso del fraude” escoja a los magistrados y no el actual.
Así la CC coloca en una posición insostenible a los comisionados, pues cometerían el presunto delito de prolongación de funciones y usurpación de funciones si se extralimitan del plazo legal y constitucional para tener las listas de candidatos listas 4 meses antes de que termine el actual periodo de la CSJ y si cumplen el amparo ilegal de la CC estarían cometiendo presunto delito de desobediencia, lo cual los coloca en la imposible posición de poder ir presos si cumplen y si no cumplen con este enésimo fallo ilegal de la CC.
¿Por qué ilegal? Porque los requisitos constitucionales son los únicos que cualquier candidato a las cortes debe cumplir y estos requisitos están en el 207, 208 y del 211 al 218 de la Constitución y ninguna ley puede ampliar, alterar o modificar lo que establece la Constitución a menos que expresamente el texto constitucional así se lo permita.
Con ello, luego del fiasco de la CICIG, el G-14 y las corruptas ONG nacionales y extranjeras con esa intervención grosera ilegal y hasta asesina de la justicia guatemalteca por largos 11 años, ahora, esa misma maquinaria liderada por la millonaria de ONG Mack quiere, como lo trató de hacer también con amparos ilegales la ultima vez para la actual CSJ, tener una injerencia ilegal, usando a los corruptos magistrados de la CC para sus aviesas y políticamente motivadas intenciones.
De allí mi pregunta: ¿Queremos luchar contra la corrupción o queremos fortalecer verdaderamente el Estado de derecho, entrenando a jueces, magistrados, investigadores y fiscales en academias criminalísticas de primer mundo?
¿Va a seguir para siempre el circo de la ex CICIG fracasada y derrotada a través de sus adláteres, las corruptas ONG de extrema izquierda? ¿O algún día vamos a ponernos a trabajar en serio en mejorar e independizar el sistema de justicia completo de cualquier corrupta influencia política nacional y extranjera en Guatemala?
