Recientemente, el presidente Donald Trump recibió un memorándum con una lista de los países que tienen alto tránsito de drogas ilícitas y de sus grandes productores. En esta se encuentran 22 países, cinco que no pertenecen a este continente (Afganistán, Birmania, India, Laos y Pakistán), Bahamas, Haití y República Dominicana, del Caribe, y el resto de América Latina: Desde México, pasando por todos los países de Centro América, Panamá, Ecuador, Colombia, Bolivia hasta Venezuela. Este documento se elabora anualmente antes de cada año fiscal, que en Estados Unidos va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Aunque año con año en la lista se siguen repitiendo los mismos países, se comentó que, a excepción de Bolivia y Venezuela, todos están colaborando, y que estos dos países son importantes por ser lugares de tránsito o producción de drogas. El memorándum también advierte a México que necesita hacer más para evitar que las drogas ilícitas crucen la frontera.
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Esta semana quedó la evidencia de que hay fuerte presencia de narcoactividad en el país. Luego de la noticia del martes 3 de septiembre en la que el Ejército de Guatemala señaló que una patrulla había sido emboscada cuando efectuaba patrullaje de reconocimiento en búsqueda de pistas clandestinas en El Estor, Izabal, y que lamentablemente habían fallecido tres miembros del Ejército y había heridos dos soldados que luego fueron rescatados.
“¿Cómo hacer un frente común en la región contra la narcoactividad?”
Existen dos versiones de lo sucedido. La primera es la del Gobierno que indica que el equipo del Ejército realizaba un patrullaje de verificación, debido a que había sido alertado de la presencia de narcotráfico en el lugar. Salió a tomar fotografías a una pista clandestina que supuestamente es utilizada por el narcotráfico. Subió a la aldea Semuy 2 y cuando iba de regreso le informaron que había “mucha gente” en la zona, por lo que optó por regresar. Luego fue emboscado, sus integrantes empezaron a discutir y le dispararon al sargento. Le quitaron el fusil a otro, quien dio la orden de no disparar porque había mucha gente civil armada de palos, machetes, piedras y otros, pero los soldados dispararon al aire. Por otro lado, el exguerrillero Julio César Macías López (quien tiene orden de captura) comentó que la comunidad estaba nerviosa al ver que estaban rondando por allí unos militares y que más de 200 campesinos detuvieron a los miembros del Ejército y les preguntaron qué sucedía. Él comentó que el oficial se asustó, ordenó que la tropa se dispersara, se atrincheró y luego ordenó que dispararan contra la población, dejando abandonados a tres de sus soldados…”, quienes más tarde “fueron desarmados y asesinados”, señaló Macías.
Las necropsias del Inacif de los miembros fallecidos señalan que los hombres murieron “por proyectil del arma de fuego de carga múltiple, posiblemente escopeta”, armamento que no usa el Ejército. Ellos llevaban fusil marca Galil. Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) investiga el caso. El Gobierno sostiene que se trata de una ofensiva del narcotráfico apoyada por los comunitarios y organizaciones locales.
Ante la situación, el miércoles 4 el presidente decretó estado de Sitio no solo en algunos municipios de Izabal, sino en todos, y se agregaron otros que pertenecen a Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, para un total de 22 municipios. El decreto fue ratificado por el Congreso de la República el sábado 7, con algunas modificaciones.
Existen grupos en Guatemala que han estado actuado de forma impune en los últimos años y en coordinación con algunas ONG, otras instituciones y narcotraficantes han violado de forma constante el Estado de derecho del país. De hecho, un medio de comunicación señaló que varias organizaciones como Conic, CUC, CCDA y la Fundación Turcios Lima, dirigidas por exguerrilleros, provocan invasiones en el valle del Polochic. Así mismo, las autoridades han identificado 49 pistas clandestinas ilegales, territorio que se utiliza para trasladar droga a México y luego a Estados Unidos proveniente de Venezuela, Colombia y Honduras. Lo lamentable es que algunos “invasores“ colaboran con los narcotraficantes en su actividad, por un lado es un peligro para ellos y por otro es difícil atacar el problema cuando hay muchos comunitarios inocentes involucrados que desconocen la forma en que estos criminales operan. No es de olvidar que al inicio los narcotraficantes invierten en las aldeas y comunidades con el fin de lograr el apoyo local; sin embargo, luego los obligan a plegarse a sus intereses de forma violenta y brutal.
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Ahora, el Gobierno tiene alrededor de cuatro semanas para en principio poner orden y conocer realmente qué está pasando en esta área. Esperamos que tenga un buen plan y que se aproveche esta oportunidad para recuperar el territorio, proteger a los civiles inocentes, investigar a organizaciones civiles que actúan en el área de forma impune y estudiar hasta dónde abarca la presencia de grupos clandestinos. Además, debemos estar alertas de que no se den abusos e intereses mezquinos en este mes. El Ministerio Público deberá acelerar su investigación y presentar lo más pronto posible lo que sucedió el martes pasado en El Estor y lograr atrapar a los responsables. El Gobierno debe mantener comunicación constante con los ciudadanos.
Esperamos que este caso sea el parteaguas para que se defina una política clara para contrarrestar la narcoactividad a futuro y podamos combatir gradualmente este flagelo. ¿Qué opina de la muerte de los miembros del Ejército? ¿El periodo de 30 días que dura el estado de Sitio será suficiente para tomar el control del territorio? ¿Cómo hacer un frente común en la región contra la narcoactividad?
