A los guatemaltecos nos preocupan los índices de desempleo, inseguridad, corrupción, pobreza y la ausencia de servicios públicos. Por su parte, a Estados Unidos le preocupa los flujos de migración ilegal y narcoactividad, que coincidentemente les repercute en los mismos índices que a nosotros nos agobian. Impactan las cifras de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que han tratado de migrar en los últimos meses. Definitivamente hay muy pocas oportunidades en los países del Triángulo Norte y muchos van detrás del “sueño americano”.
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Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2017 la cantidad de personas centroamericanas que buscaban refugio o asilo en otros países se incrementó sustantivamente. A finales del año pasado se habían registrado a más de 294 mil personas solicitantes de asilo y refugiadas del norte de Centroamérica, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Según informó el canciller mexicano, hubo una crecida de los flujos migratorios que, según sus cifras, alcanzaron las 140 mil personas en mayo de 2019, máximo en casi 20 años. Muy posiblemente exaltada por las caravanas, traficantes, ideólogos y noticias en los medios de comunicación que motivaron a migrar durante este año.
“Es claro que el gobierno debe mejorar su comunicación”.
De todos era sabido que entre las promesas de Donald Trump para ganar la presidencia estaba la construcción de un muro con la frontera de México para impedir la migración ilegal, el que no se está construyendo físicamente, sino por medio de acuerdos y medidas migratorias. Desde hace varias semanas Estados Unidos se refería al término de “un tercer país seguro”, basado en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967). Un tercer país seguro es prácticamente un territorio de tránsito (país 3) donde se asienta temporalmente un solicitante en espera de que su pretensión de asilo sea resuelta favorablemente por el país elegido o de destino (país 2), pues justifica que no puede retornar a su país de origen (país 1) por peligrar su vida. En la Unión Europea (UE) existe una reglamentación internacional desde el año 1990 -el Convenio de Dublín- que tiene como fin determinar cuál Estado miembro de la UE se hace cargo de cada solicitud de asilo realizada por una persona en suelo europeo. Armoniza las decisiones y evita contradicciones. También Estados Unidos cuenta desde el año 2002 con un acuerdo de tercer país seguro con Canadá que provocó la reducción de migrantes.
Como un reflejo natural, el desborde migratorio de centroamericanos al norte en los últimos meses provocó en Estados Unidos también un problema administrativo, financiero, logístico y de seguridad nacional. Indudablemente no iban a poder resolver en tiempo y con justicia las múltiples solicitudes de asilo y mucho menos abrigar temporalmente a tantos aspirantes acompañados de sus hijos menores, por lo que recurrió a otros países como una instancia intermedia entendida como “segura”. En este caso, supone que quienes pretendan asilo en Estados Unidos desde Centroamérica tendrían que pedirlo desde México o Guatemala. Los hondureños y salvadareños desde Guatemala, y los guatemaltecos desde México.
El primer pulso lo tuvo Donald Trump con Manuel López Obrador, cuando anunció a finales de mayo que gravaría con una tasa del 5% todos los productos importados de México si no obtenía colaboración para frenar la migración ilegal. Después de ocho días, lograron un acuerdo migratorio y se dejó en suspenso la aplicación de aranceles. Según la “BBC”, en el marco del acuerdo se enviaron 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, se establecieron retenes en calles de localidades cercanas a la frontera para localizar migrantes indocumentados en automóviles y autobuses, y se congelaron cuentas bancarias de 26 personas -que manejaban unos US$450 millones- vinculadas a individuos que presuntamente participan en el tráfico de migrantes y la organización de caravanas. El texto del acuerdo señala que los solicitantes de asilo que crucen la frontera estadounidense serán devueltos “rápidamente” al otro lado, donde podrán aguardar mientras llega la respuesta sobre su futuro.
En Guatemala, el presidente, Jimmy Morales, estaba a punto de firmar un acuerdo el lunes 22 de julio, que lamentablemente los ciudadanos no conocíamos. Ante la amenaza, unas personas interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el fin de evitarlo, tribunal que concedió la protección solicitada e indicó que el presidente no podía firmar el acuerdo en representación de Estado y lo debía remitir al Congreso para su aprobación. Ante esta negativa, el presidente Trump explicitó las consecuencias y amenazó con aumentar los aranceles a la importación, gravar las remesas y restringir las visas a Estados Unidos. Es de recordar que una tercera parte de las exportaciones de Guatemala van a ese país y las remesas representan más de Q9,300 millones, lo que hubiera resultado en una verdadera catástrofe económica para el país.
Finalmente, el viernes el ministro de Gobernación firmó un acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos luego de que la CC matizara el sentido de su resolución. Ahora tocará una buena discusión al respecto en Guatemala, posiblemente tendrá que ser conocido y aprobado por el Congreso de la República y por último ratificado por el presidente. Es claro que el gobierno debe mejorar su comunicación, es urgente generar oportunidades de empleo para los guatemaltecos y proveer los servicios públicos. También tendremos que prepararnos para crear las condiciones de un tercer país seguro -lo cual se ve como un gran desafío- y lamentablemente pareciera que no hay otra salida. ¿Qué opina de ser un tercer país seguro? ¿Hay posibilidades de decirle “no” a Estados Unidos? ¿Cómo lograr una agenda para el desarrollo de Guatemala y de toda la región centroamericana y construir nuestro propio sueño?
