El anuncio sorpresivo de la adquisición de dos aviones argentinos Pampa III por un costo de Q210 millones por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, con el despliegue de publicidad del presidente de la República, Jimmy Morales, y su comitiva en Argentina, vía una noticia del diario “Clarín” y la manifestación en redes sociales tanto del gerente de la fábrica como del presidente de Argentina, indignó a la mayoría de la población guatemalteca.
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El miércoles tanto el vocero del Ministerio de la Defensa como el vicepresidente negaron la compra y luego se fueron revelando más detalles. Resulta que existe un Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República Argentina, firmado en 1980, y que por medio de una actualización se hará la compra, vía una transferencia del Banco de Guatemala al Banco de Argentina. Ante los hechos, rápido reaccionaron los medios de comunicación, los ciudadanos y los funcionarios.
El viernes, el ministro de Finanzas, durante una citación en el Congreso, comentó que no cuentan con un dictamen presupuestario para su financiamiento y el viceministro de la Defensa señaló que la compra de las aeronaves es necesaria para el combate al narcotráfico y que el Ejército actualmente no cuenta con estos equipos. Sin embargo, no se reveló de dónde saldrían los recursos económicos. Por último, por medio de tres comunicados de prensa, el Ejército de Guatemala reveló que la compra de estos aviones es parte de una estrategia del Gobierno para lograr interceptar naves tipo jet que recientemente han violado la soberanía del espacio aéreo nacional. Esta consta de la adquisición de sistema de defensa aérea IA-63 Pampa III al gobierno argentino, de un buque de apoyo logístico y ayuda humanitaria tipo BALC a través de un memorando de cooperación del año 2005 con el gobierno colombiano, y que a finales del año en curso se adquirirá un avión bimotor por medio de un evento de licitación pública de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
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“Rápido se inició una discrepancia de ideas respecto a las prioridades del país”.
Lamentablemente, el gobierno no tuvo la capacidad de comunicar de forma acertada el tema y, con las fallidas compras de aviones de gobiernos anteriores y la ausencia de información de esta, hay sospechas de corrupción. Rápido se inició una discrepancia de ideas respecto a las prioridades del país. Se empezó a comparar el costo de los aviones con inversiones en otras áreas como la desnutrición. Muchos están molestos por la opacidad del tema, algunos se oponen por ideología, ya que esto implica aumentar el poder del Ejército, otros por la forma como se está realizando la compra, expertos por el tipo de aviones, varios por el simple hecho de que sea el gobierno de Jimmy Morales y unos por simplemente oponerse; la verdad, todo esto sin información oportuna.
Lo que es evidente es que en general los guatemaltecos desconocen el desafío de la presencia de la narcoactividad en el país y su prioridad para tener futuro. De acuerdo que la prioridad para el desarrollo es la inversión en la nutrición, salud y educación de los niños y jóvenes, y la generación de empleo; sin embargo, la presencia del crimen organizado transnacional es verdaderamente una amenaza para la seguridad nacional y debe ser abordada. Al final el desarrollo debe ser integral.
Un estudio de CIEN señala que en Guatemala el acceso a las sustancias no controladas y su trafico ilícito, desde las zonas de producción a las zonas de consumo, pasando por las de tránsito, se ha convertido en un serio problema. Este fenómeno criminal lo constituyen tres dimensiones: el trasiego, el consumo y la economía ilícita. El país es una zona de tránsito, particularmente de cocaína, que viene desde las zonas de producción de Suramérica hacia las zonas de consumo, en especial Estados Unidos.
Según datos proporcionados por el Observatorio Nacional sobre Drogas de la SECCATID, puede deducirse que existe un aumento considerable de cocaína transitando por el territorio nacional. ¿Cuál es el impacto de los cambios en la oferta y la demanda de drogas a nivel mundial en relación con la seguridad en Guatemala? Algunas consideraciones: 1) El auge de una economía ilícita determinada por el alto nivel de rédito que genera el tráfico de drogas, distorsionando la economía del país por la necesidad de los grupos criminales de blanquear sus ganancias. 2) El surgimiento de estructuras criminales cada vez más complejas, que implican altos niveles de soporte logístico, seguridad para la mercancía, organización para el lavado de dinero, red criminal de influencia en tomadores de decisiones en el poder local que distorsionan las dinámicas del poder legítimo. 3) El desarrollo de prácticas criminales colaterales, que implican una mayor inversión en actividades diversificadas de la economía ilícita, tales como el tráfico de armas, trata de personas y otras. 4) El incremento de las prácticas de corrupción. 5) El debilitamiento del Estado de derecho.
Ante esta situación, se recomienda contar con datos e información que permitan una comprensión cuantitativa y cualitativa del impacto del tránsito ilegal de drogas en la seguridad en Guatemala, así como con una política integral explícita para el abordaje de los ámbitos del problema de la droga: El trasiego, el consumo y la economía ilícita; además de comunicar y anunciar de forma efectiva y oportuna a la población. Esperamos que la compra del equipo se haga responsablemente, en ley y obedezca a una estrategia. ¿Qué opina del tráfico ilegal? ¿Cuáles peligros enfrenta el país con la narcoactividad? ¿Quién de los dos candidatos a la presidencia tiene la mejor propuesta respecto al tema?