El siempre olvidado Sistema Penitenciario

Hay tantos eventos diarios que difícilmente nos da tiempo de reaccionar y reflexionar sobre lo que está sucediendo en el país. El martes pasado desde muy temprano se escuchaba en las noticias que en la Granja de Rehabilitación Pavón había problemas. Luego de varias horas de duración de un motín interno se reportaron 19 privados de libertad heridos y siete fallecidos. Después de una semana, aún se desconoce a detalle lo que sucedió, aunque preliminarmente se informó que el conflicto podría haberse iniciado por aspectos de lucha de poder en el penal.

Luego de varias horas, las autoridades lograron entrar y hacer la requisa, se evidenció que los reclusos estaban armados, poseían teléfonos celulares y algunos gozan hasta de guardaespaldas. Pareciera insólito; sin embargo, lo que es evidente es que el control interno del centro no necesariamente lo tiene el gobierno, sino los que habitan allí.

Este brutal encuentro de nuevo hace evidente el desafío que presenta el Sistema Penitenciario en Guatemala. Un informe del CIEN señala que la población reclusa se ha incrementado desmedidamente en la última década. Entre los años 2008 y 2018 la población privada de libertad creció 190%, de 8,400 a 24,400 personas. Esto ha empeorado las condiciones en las cárceles por la escasez de espacio y servicios, así como las malas condiciones de vida. El hacinamiento ha generado descontrol en los establecimientos carcelarios porque la institución opera con un déficit de personal e instalaciones sobrecargadas.

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“El CIEN considera que la sobrepoblación carcelaria es el problema medular, ya que de este se desprenden otras deficiencias”.   

En el caso de Pavón, a marzo de 2019 había 4,064 reclusos cuando la cárcel fue diseñada para 960. La tasa de ocupación es de 423%. Controlar un centro de este tipo con tantos privados de libertad es casi imposible. Por otro lado, este centro es una cárcel de mínima seguridad donde se han mezclado múltiples perfiles criminales, lo cual no permite rehabilitar a algunos y pone en peligro no solo a los privados de libertad, sino a las visitas, los guardias y los vecinos. 

Guatemala tiene una tasa de prisionalización de 141 reclusos por cada 100 mil habitantes, la más baja de Latinoamérica; sin embargo, tiene la tasa de ocupación carcelaria más alta en la región. Adicionalmente, el sistema de la justicia criminal no ha sido capaz de responder a los distintos casos presentados en los últimos años. La cantidad de personas en prisión preventiva ha crecido a un ritmo superior con relación a la población reclusa total: En 10 años la población reclusa total creció 190% (de 8,400 a 24,400), las personas en prisión preventiva aumentaron 300% (de 2,900 a 11,600) y las personas que cumplen condena, 125% (de 5,700 a 12,800). 

El CIEN considera que la sobrepoblación carcelaria es el problema medular, ya que de este se desprenden otras deficiencias que no permiten un adecuado funcionamiento de la institución. Es indispensable abordar este tema en dos aspectos: 1) Fortalecer el uso de las medidas alternas al encarcelamiento, y 2) Ampliar y modernizar la infraestructura existente. Con únicamente la implementación de medidas alternas no se lograría deshacinar las cárceles, ya que solo pueden ser aplicadas para cierta categoría de privados de libertad (alrededor de 1,500). Lo más urgente es la planificación de la infraestructura penitenciaria a mediano y largo plazo. Se estima un déficit de aproximadamente 14 mil espacios carcelarios, para prisión preventiva de 5,200 y de 8,800 para cumplimiento de condena. Debe priorizarse la construcción para cumplimiento de condena. Actualmente hay 21 cárceles, pero solo cinco son de cumplimiento de condena. También se sugiere considerar la construcción y puesta en marcha de prisiones de máxima seguridad. 

Paralelamente debe adaptarse un sistema de carrera del personal y realizar una planificación financiera para su implementación. Clasificar al personal actual, reubicarlo en una estructura jerárquica, priorizar al personal de las unidades especializadas como el grupo élite, la Inspectoría y la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria, cuya especialización es un proceso y debe ser adecuadamente remunerado y reconocido. 

Por último, debe continuarse con la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión penitenciara que tenía como objetivo ir mejorando los centros, compensar a los privados de libertad que han tenido un buen comportamiento y rehabilitarlos para que luego puedan reinsertarse en la sociedad.

Si deseamos más y mejor seguridad ciudadana, es importante planificar, modernizar y controlar el Sistema Penitenciario. ¿Se tomará en cuenta en el presupuesto de 2020 la ampliación de infraestructura del Sistema Penitenciario? ¿Por qué se ha descuidado tanto el sistema? ¿Cuál candidato tiene la mejor propuesta relacionada a los centros penitenciarios?