Una de las preocupaciones en la organización del proceso electoral es la violencia electoral. Preocupa que se están intensificando las manifestaciones de violencia electoral en varios lugares del país. Lamentablemente, en algunos casos, el desenlace ha sido fatal, cobrando la vida de candidatos y miembros de partidos políticos.
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Estas acciones deben ser investigadas y esclarecidas por las instituciones pertinentes para encontrar a los culpables y vincularlos a procesos legales para que se haga justica. Por otro lado, la sociedad debe condenar, repudiar y rechazar a los políticos y los partidos que tutelen o promuevan este tipo de comportamientos en el evento electoral.
Una de las condiciones para que el proceso electoral se desarrolle en orden, libertad y legitimidad es la ausencia de violencia electoral, es decir que los actores políticos resuelvan los conflictos mediante mecanismos democráticos, legales e institucionales y eviten utilizar la fuerza y las armas.
No está de más indicar que este ideal es difícil de alcanzar en una sociedad en la que la violencia históricamente ha sido utilizada como método para resolver conflictos y la cultura autoritaria prevalece en actitudes de los actores políticos.
No respaldo ni promociono la violencia, solo resalto la característica de nuestra sociedad. La conflictividad está presente y se manifiesta de diferentes maneras, y el proceso electoral no es ajeno a esas dinámicas. Al contrario, la conflictividad electoral en muchos casos se alimenta de factores como el crimen organizado, el narcotráfico y la conflictividad social, entre otras.
Por otro lado, la legitimidad y la legalidad del proceso electoral también están asociadas a los niveles de conflictividad que se registrarán a lo largo de toda la elección. Los momentos clave son la fase de campaña electoral, el día de las elecciones y después, cuando los actores políticos, independientemente si el resultado es favorable o no para ellos, los aceptan y le dan legitimidad al proceso.
Resulta llamativo que varios candidatos desde ya, de manera muy irresponsable, están hablando de fraude electoral sin considerar la dimensión y el impacto que tienen sus señalamientos. No digamos de la imposibilidad real y concreta que eso suceda.
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Lamentablemente los mensajes de fraude electoral solo desinforman de manera maliciosa y empañan el clima electoral. Los actores que hacen este tipo de señalamientos dejan entrever que desconocen, por ejemplo, el papel que juegan los órganos temporales -las juntas departamentales (JED), las municipales (JEM) y las receptoras de votos (JRV)- integradas por ciudadanos que resguardan el voto que usted depositará en las urnas electorales. Duerma tranquilo, que los fraudes electorales son parte del pasado.
El TSE realiza un importante esfuerzo para atender, desde la perspectiva del evento electoral, aquellas situaciones violentas. Ha desarrollado un esfuerzo sistemático para recopilar información, sistematizarla, analizarla y construir de manera permanente una serie de elementos que permiten identificar riesgos y atender la violencia electoral.
Lo importante de estos esfuerzos es que, al identificar riesgos en materia de violencia electoral, el TSE a través de los espacios y medios institucionales puede coordinar con otras instituciones y otros actores, tanto sociales como políticos, acciones para prevenir, reaccionar y dar seguimiento a este tipo de eventos.
La responsabilidad no es exclusiva del TSE, sino de todos los actores, especialmente los políticos, que deben asumir una posición responsable y democrática, y evitar la violencia electoral.
Incluso los ciudadanos debemos criticar y rechazar toda manifestación violenta. Si esto no se alcanza, las instituciones deben actuar y hacer valer la ley para que prevalezca el orden, la libertad y la legalidad del proceso electoral.
Por ello, veo con buenos ojos que el TSE impulse la celebración de acuerdos locales para el desarrollo de elecciones transparentes, éticas y en paz.
El compromiso para evitar, denunciar y condenar la violencia electoral está en las manos de todos nosotros: El TSE, el Ministerio Público (MP), los partidos políticos, los órganos temporales (JED, JEM y JRV), las organizaciones de la sociedad y los ciudadanos que debemos velar por una elección en paz. ¿Qué opina usted?
