Luego del descanso vamos despertando de nuevo a la realidad. En menos de dos meses se celebrarán las elecciones y aún no se tiene claridad de los binomios que participarán. Como dice uno de los candidatos, “la política se judicializó y la justicia se politizó”. Lamentablemente se interpretan las normas para favorecer intereses particulares y no como indica la ley.
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Recién hace cuatro años se percibía un cambio para Guatemala. Después de muchos años del reinado de la corrupción, parecía que íbamos por un buen rumbo. Cada caso revelaba y generaba más indignación, morbo o seguramente mucha vergüenza. Y luego de la crisis que se tuvo con el presidente y la vicepresidenta se logró por la vía legal, pacífica y democrática renovar el gobierno en septiembre del año 2015. La población estaba harta de la vieja forma de hacer política y proclamaba un nuevo modo de gobernar. La mayoría optó por nombrar a un binomio sin experiencia ni plan y ajeno al espectro.
En el Congreso, por su parte, muchos de sus miembros para sobrevivir trabajaron con distintos grupos algunas reformas. Conformaron mesas de trabajo para discutir la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Servicio Civil, entre muchas otras. Adicionalmente se presentó una reforma al sector de justicia del país.
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“Se necesita un nuevo acuerdo de sociedad, que empieza con el buen comportamiento de cada uno de nosotros”.
Tristemente se sigue creyendo que al reformar leyes se logra modificar comportamientos antisociales e indeseables de los individuos. En la mayoría de los casos no se analiza el terreno en el que aterrizarán las leyes, su operatoria, las instituciones, su organización ni los incentivos para acogerlas. No se revisan sistemas, procesos ni tampoco su aplicación y compatibilidad con otras leyes. Inclusive se proponen reformas y se aprueban a pesar de ser inconstitucionales.
Por varios años se discutió dentro y fuera del Congreso la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El nuevo marco normativo es desafiante, pues tiene lagunas, acciones difíciles de aplicar y, además, su redacción es precaria. Se hicieron reformas respecto al financiamiento electoral, se agregó el voto en el extranjero y se le dio validez al voto nulo. Adicionalmente acortaron el tiempo para hacer campaña y modificaron reglas relacionadas con las nuevas agrupaciones políticas. Se determinó en 160 el número de diputados, aunque se ignoró el concepto del voto nominal. Desafortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral no tuvo la visión de realizar las reformas internas que requería, no pudo fortalecer su organización y las unidades nuevas son muy débiles para aplicar la ley. Será importante luego de las elecciones revisar todo en su conjunto y proponer los cambios necesarios para mejorar el sistema y aprender de los errores. Se requerirá más discusión, estudiar la dinámica de la institución, asesorarse con expertos y ser más realistas.
Otra ley que se abordó y se reformó en el Congreso fue la de Contrataciones. Lastimosamente, lejos de lograr eficiencia con transparencia, se hicieron modificaciones que han frenado la ejecución del gasto público. Adicionalmente, debido a tantos señalamientos penales, muchas juntas de licitación tienen miedo de actuar. La Contraloría General de Cuentas decidió cambiar de estrategia. Les dio más poder a los auditores, pero sin unificar criterios, lo que ha causado notorias arbitrariedades. Se sabe que, por ejemplo, ante casos similares los dictámenes de los auditores son distintos. Al no tener claras las reglas los funcionarios prefieren no ejecutar.
Respecto a la Ley de Servicio Civil, no se concluyó nada. Si no se avanza en una sociedad que premie la excelencia, principalmente en los funcionarios públicos, difícilmente cambiará el país. Se mantienen los privilegios vía los pactos colectivos sin límite financiero, aún no se tiene información del censo de empleados públicos y no hay una carrera definida en Educación, Salud ni Gobernación.
Por último, la reforma presentada ante el Congreso del Organismo Judicial no progresó. Es importante analizar cuáles fueron los obstáculos. Se advirtió que la propuesta de la reforma constitucional debía haber sido analizada por lo mejores profesionales previo a presentarla. Sin embargo, se trató de imponer, guardando las formas en sacrificio del fondo. A pesar de que muchas organizaciones hicieron sus comentarios, no fueron tomadas en cuenta. Luego, en el Congreso, todos los esfuerzos de realizar cambios se esfumaron y se parqueó la iniciativa.
Para salir adelante de esta crisis existencial y poder gobernar a futuro, será necesario que se apoye un mínimo de reformas cruciales. Definitivamente no es una reforma legal ni constitucional la que cambiará la cultura de la corrupción por el mérito y la legalidad, sino un convencimiento profundo de transformación de los valores del actuar en el país. Se necesita un nuevo acuerdo de sociedad, que empieza con el buen comportamiento de cada uno de nosotros, pasando por una renovación de las instituciones e iniciar el camino hacia el desarrollo. De lo contrario nadie podrá gobernar y el país no tendrá futuro. ¿Qué cinco temas le parecen prioritarios? ¿Quiénes tienen el liderazgo para lograr un nuevo acuerdo? ¿Cómo lograr un país diferente?