El Flujograma de la Justicia Criminal es una herramienta desarrollada por la Coalición por la Seguridad Ciudadana que mide los niveles de eficiencia del sistema de seguridad y justicia y de las instituciones que lo integran: Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Organismo Judicial (OJ) y Sistema Penitenciario (SP). Esta cuantifica el desempeño del sistema en su conjunto. Establece una relación entre los casos que han salido de forma definitiva en un año con el total de casos que ingresaron para el mismo año, más los pendientes de años anteriores por resolver.
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En enero la Coalición adquirió el compromiso ante la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ) de medir la eficiencia del sistema del año 2018, lo cual se logró en tiempo récord debido a la colaboración y el apoyo de los distintos equipos.
“Difícilmente se tendrá un control de los privados de libertad con el hacinamiento actual”.
La buena noticia es que la eficiencia global del sistema de justicia criminal mejoró de 26.6% en el año 2017 a 33.2% en el año 2018. Y, aunque a diciembre de 2018 el sistema de justicia criminal tenía alrededor de 1.2 millones de casos pendientes de resolver y dos terceras partes de los casos que habían ingresado al sistema no se habían resuelto, va avanzando.
El MP y el OJ son las instituciones que directamente inciden en la eficiencia global. Por un lado, el MP muestra una mejora en la última década, pasando de una eficiencia del 24% en 2009 al 38% en 2018; por el otro, el OJ ha experimentado un retroceso, bajando su eficiencia del 23% al 20%. Sin embargo, de 2017 a 2018, ambas progresaron (MP de 26.6% a 33.2% y OJ de 18% a 19.8%).
Dentro de la lógica del Flujograma, el desempeño del resto de las instituciones (PNC, IDPP e Inacif) contribuye a que tanto el MP como el OJ atiendan los casos con mayor celeridad, garantizando la calidad con la que se realiza el trabajo. En la PNC se mide la eficiencia basándose en las investigaciones especializadas que realiza para el MP. En 2018 se registró un incremento de 10.7% en 2017 a 13.3% en 2018. Asimismo, se encuentra el Inacif, que elabora distintos análisis de balística, genética y pruebas psicológicas, entre otras solicitudes que realizan los fiscales del MP o los jueces del OJ. En 2018 aumentó levemente su eficiencia en las solicitudes que atendió, pasando de 89.2% en 2017 a 89.9% en 2018. Por otro lado, el IDPP -la instancia que provee servicios de defensa para los acusados que no pueden costear la contratación de un abogado privado- experimentó un incremento en la eficiencia de las defensas realizadas de 86.6% en 2017 a 89.3% en 2018. El mayor desafío se encuentra en el Sistema Penitenciario. Como no se habilitaron más espacios carcelarios y el número de privados de libertad aumentó, el nivel de ocupación pasó del 340% al 352%.
El Flujograma permite visualizar los retos que se presentan en las distintas instituciones para lograr justicia pronta y cumplida. Con esta información se puede trabajar en cada organización, planificando, cambiando procesos y resolviendo cuellos de botella para conseguir mayor eficiencia interna por organización y del sistema. La coordinación de las instituciones es fundamental y lo ideal es que compartan una misma visión y tengan objetivos en común relacionados, por ejemplo, con la disminución de delitos, como homicidios y extorsiones.
Muchas veces se cree que no se puede adelantar por falta de recursos financieros; sin embargo, este no es el caso. Según el Ministerio de Finanzas, estas instituciones cuentan con más de Q2,200 millones en saldos de caja, recursos acumulados no ejecutados de años anteriores. Esto merece un análisis para optimizar la gestión interna y que se invierta el dinero. Adicionalmente se visualiza un gran reto con la ampliación y construcción de infraestructura especialmente en el OJ y el SP, razón por la que debe buscarse de manera urgente una solución.
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Difícilmente se tendrá un control de los privados de libertad con el hacinamiento actual. Además, por el aumento de la persecución penal y la presentación de casos de tres o más sindicados, al no estar preparado el OJ, se han dilatado mucho los procedimientos. La prisión preventiva se elevó de 36% a 47% en los últimos seis años. El artículo 268 del Código Procesal Penal señala que una persona no debe pasar más de un año en esta condición; sin embargo, varios pasan hasta varios años.
Debemos medir para saber cómo estamos, planificar hacia dónde vamos, establecer metas, hacer cambios, para luego verificar qué funciona y qué no y entrar en el círculo virtuoso de la mejora continua. Para lograrlo se requiere recopilar datos y generar información de forma sistémica, razón por la cual se recomienda crear una plataforma que esté al servicio tanto para los tomadores de decisiones como para los ciudadanos, que permita de forma oportuna conocer dinámicamente cómo va la justicia criminal en el país. En este sentido es de aprovechar el Sistema Integrado de Justicia (SIJ), creado por la CICIG, que utiliza las distintas bases de datos de las organizaciones y por medio de un programa sofisticado permite presentar información muy valiosa para la planificación y asignación del dinero. Adicionalmente, se tiene la expectativa de trabajar una propuesta interinstitucional para el próximo año, presentar un presupuesto en conjunto y lograr ser más efectivos en el uso de los recursos, todo para mejorar la justicia en el país. ¿Se percibe un progreso en la justicia? ¿Cómo lograr cambios en las organizaciones del sector? ¿Qué le parecería que todos nos uniéramos para reducir los homicidios y las extorsiones?
