Un contexto electoral complejo alimentado por una crisis política de representación y legitimidad, una ciudadanía bastante apática y un Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ha tenido dificultades para implementar un conjunto de reformas electorales se constituyen en las principales características de esta elección en la que la incertidumbre ha primado en varias áreas.
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La inscripción de las candidaturas es una de ellas. Estamos a un poco más de 10 días de campaña y hay varios binomios que están en el limbo, y no sabemos a ciencia cierta si estarán finalmente en la boleta el día de las elecciones.
Estamos en un momento clave para hacer un alto en el proceso electoral y realizar un balance de lo que ha sucedido. Un análisis crítico y constructivo nos permitirá identificar las cosas que se han hecho bien y las que no con el objetivo de construir democracia.
En políticas públicas a esto se le denomina perspectiva incremental, que en buen chapín puede ser “vamos de a poquito”, sabiendo que los cambios se dan gradualmente y no de la noche a la mañana.
Ese fue el dilema de poner en práctica en el que entró el TSE con la implementación de las reformas electorales aprobadas en 2016. Las dificultades en llevarlas a cabo han alimentado el clima de incertidumbre electoral, la insatisfacción con el desempeño del TSE y con el impacto de las reformas. Habrá que analizar en dónde se dio el problema.
Es decir, si es en el diseño de la norma, o en la forma en que la interpretó y aplicó el órgano electoral. Este análisis alimentado con resultados objetivos de lo que la reforma logró permitirá identificar las áreas a mejorar.
Lo podemos hacer en el caso de la primera fase del proceso en donde las actividades del TSE se concentraron principalmente en la inscripción de los candidatos y el empadronamiento, entre otras.
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El TSE tiene la oportunidad de enmendar algunos errores y cuidar celosamente, de cara a lo que resta de la elección, aquellas tareas y procesos que son fundamentales para resguardar la legitimidad y credibilidad de la elección.
Lamentablemente, algunos actores han enfatizado que la legitimidad del proceso descansa en si logran participar como candidatos o no, argumentando que si no participan la elección pierde legitimidad. Esto en la teoría y en la práctica no es así. La legitimidad y credibilidad de la elección descansa en otros pilares que están sólidos y que sostendrán la elección.
Uno de ellos es el trabajo de los Órganos Temporales (Juntas Electorales Departamentales -JED-, las Municipales -JEM- y las Receptoras de Votos -JRV-) que trabajan de manera incansable para resguardar el voto que emitimos en las urnas.
Esta es una de las cosas más bonitas de nuestro diseño electoral. La recepción, el conteo (escrutinio) y la transmisión de los resultados electorales descansa en manos ciudadanas y voluntarias que no están afiliadas a partidos políticos y dedican su tiempo y esfuerzo de manera desinteresada a ser guardianes del voto.
Otro de los pilares fundamentales para la legitimidad y credibilidad del proceso electoral es la participación de los ciudadanos en la elección. Una de las cosas más curiosas de la cultura política de los chapines es que a pesar de que no tenemos confianza en los partidos políticos ni en el sistema, salimos a votar masivamente el día de las elecciones.
La tendencia de participación electoral desde 1985 ha sido creciente, es decir, los porcentajes de personas que vamos a votar se van incrementando en cada elección.
La elección de 2015 registró una participación, en primera vuelta, del 69%, siendo la más alta de estos en más de 30 años de democracia. Espero que este año esa tendencia se mantenga y los ciudadanos vayamos a votar, ojalá en un porcentaje mayor al de la última elección, y manifestemos nuestro parecer político en las urnas.
De igual manera, la legitimidad y credibilidad del proceso electoral descansan también en que los actores políticos respeten la normativa, en todos los aspectos (campaña, fiscalización, entre otros), y la responsabilidad que tienen para colocar su granito de arena; y en que el TSE, como órgano supremo en materia electoral, promueva el respeto y cumplimiento de la ley.
Ya ven, la legitimidad del proceso electoral no descansa en personas o candidaturas, sino en la institucionalidad electoral (TSE y órganos temporales), la disposición y voluntad de los actores a respetar la ley y en el cumplimiento de los procesos. La democracia la construimos todos. ¿Qué opina usted?
