A pesar de que en los últimos 10 años han habido muy pocos avances en salud y educación, en seguridad ciudadana estamos relativamente mejor, razón por la que las propuestas y acciones deben enfocarse en seguir avanzando. Según encuestas de opinión, los guatemaltecos comentan que la inseguridad es el segundo problema que más les preocupa, razón por la que se esperan buenas propuestas de parte de los candidatos.
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La semana pasada el CIEN presentó el tema “Seguridad ciudadana y justicia criminal”, como parte del proyecto “Ruta para el desarrollo de Guatemala 2020-2024”. Una encuesta de CIP-Gallup señala que el porcentaje de hogares donde alguno ha sido víctima de la delincuencia en los últimos cuatro meses del año 2009 fue del 32% y actualmente es del 18%. También señala que la principal victimización encontrada es en un 88% de delitos contra el patrimonio (robo o asalto). De hecho, las denuncias por extorsiones han aumentado en los últimos cinco años.
Además, es importante resaltar que la tasa de homicidios para Guatemala bajó de 40 a 22.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en la última década; en el año 2008 hubo 6,293 homicidios y el año pasado fue de 3,871. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún el país se encuentra en el número 10 de los países latinoamericanos más violentos y en el número 13 a nivel mundial.
Para mejorar los indicadores en seguridad, la Policía Nacional Civil (PNC) juega un rol importante. La tasa de policías por cada 10 mil habitantes ha aumentado en los últimos 10 años (a 22), en una década se duplicó el número de policías (38,714), pero es importante anotar que un buen resultado depende no solo de la cantidad, sino de su calidad, coordinación, el equipo y la logística. Lo que se ve como una debilidad es la carrera policial. Es imperante que el mérito sea el principio más importante; iniciando con mejoras en el reclutamiento y con una academia que funcione correctamente. Luego deben respetarse los ascensos internos y fortalecer la carrera policial. La infraestructura de las sedes policiales es un gran reto, se invierte poco en parte debido a que el 85% de los inmuebles no son propiedad del Estado, tema que debe irse solucionando.
Respecto a las áreas sustantivas como la inteligencia y la investigación, se recomienda fortalecer el sistema nacional de inteligencia y que la Dirección General de Inteligencia Civil cumpla su papel en el análisis estratégico de la inteligencia criminal. En cuanto a la investigación criminal, es determinante contar con autoridades y equipos competentes en este tema y que se pongan de acuerdo para afianzar la coordinación interinstitucional.
El desafío más grande lo presenta el Sistema Penitenciario, que, a criterio del CIEN, está colapsado.
En 10 años se triplicó el número de privados de libertad -de 2,983 a 8,409.
Sin embargo, los espacios carcelarios se han mantenido en menos de 7 mil (lo que ha provocado una tasa de ocupación promedio del 350% y un 41% de privados de libertad en prisión preventiva, que llevan más de dos años en espera a que termine su proceso judicial). Es urgente reducir el hacinamiento para retomar el control de las cárceles y planear a futuro el cambio hacia el nuevo modelo de gestión penitenciaria. En este sentido es urgente planificar, diseñar y ampliar la infraestructura del sistema, de lo contrario difícilmente se logrará privar a los condenados de su libertad para rehabilitarlos.
La investigación concluye que las políticas públicas en el área de seguridad y justicia deben estar fundamentadas en datos actualizados y concretos, y en una coordinación interinstitucional efectiva y eficiente, para poder resolver la inseguridad en el país.
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El flujograma de justicia criminal al año 2017 muestra que la eficiencia del sistema es apenas del 26.6% (29.8% en el MP y 17.8% en el Organismo Judicial -OJ-).
En este sentido la recomendación es que basada en datos, que agrupa el Sistema Integrado de Justicia (SIJ) diseñado por la CICIG y la encuesta de victimización, se establezcan metas de reducción de dos o tres delitos como homicidios y extorsiones, se realice un plan, que cada institución haga una estrategia y que los recursos para el año 2019 se asignen con base en estos.
Tal vez el reto más importante para los próximos meses es el cambio de autoridades en el Ministerio de Gobernación, el OJ y el Instituto de la Defensa Pública Penal, razón por la que temas como fortalecer la carrera de los funcionarios, planificar y dedicar presupuesto para la infraestructura, así como transferir el SIJ al MP son cruciales. ¿Cómo mejorar la seguridad ciudadana? ¿Ha sido usted víctima de extorsión? ¿Confía usted en la Policía?
