Guatemala se aproxima a una elección de presidencia, de Congreso y de alcaldías, además de cambiar este 2019 de contralor general de la Nación, y todas las cortes de Apelación y la Corte Suprema de Justicia con el complicadísimo y engorroso sistema de comisiones de postulación.
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Estas geniales ideas de “mejorar la justicia”, como las comisiones de postulación, han resultado peores que los sistemas anteriores de designación de jueces y magistrados por los poderes del Estado. Es obvio, por ejemplo, que la izquierda y los grupos de poder que quisieron apañar los delitos cometidos por la CICIG y sus adláteres no solo han empeorado el sistema de justicia, sino que inclusive se ha permitido que la CICIG y algunos fiscales del MP presenten testigos y testimonios falsos además de alterar pruebas y presionar a fiscales y jueces, creando estos “juzgados de alto riesgo” que no son más que tribunales de fuero especial con otro nombre y que de ninguna forma garantizan ni la independencia ni la imparcialidad judicial.
No es posible una economía de mercado ni una república sin Estado de derecho. Por ello, casi desde nuestro propio origen como república constitucional, ese anhelo y lucha han sido de los más importantes de la República de Guatemala en nuestro afán por ser una república próspera y desarrollada y con crecimiento económico sostenido y generalizado.
“No es posible una economía de mercado ni una república sin Estado de derecho”.
Es obvio, creo yo, para estas alturas, para cualquier analista objetivo, que el modelo de intervención extranjera en el sistema de justicia, queriendo suplantar e instrumentalizar al MP como arma de poderes extranjeros, que son los que controlan a la CICIG y a las ONG de izquierda y extrema izquierda, que la apoyan, junto con algunos bufetes de pésima reputación, es un modelo fracasado, extinto y en franco deterioro.
Espectáculos vergonzosos como los de la semana pasada en los que un reo demuestra que investigadores de la CICIG mantenían una relación irregular con una testigo protegida para varios casos en los que sus declaraciones fueron centrales en la fabricación de lo que ahora es obvio, fueron acusaciones falsas o falseadas con testigos corruptos, es solo una cuenta más en el rosario de ilegalidades, delitos y violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia y garantías procesales en Guatemala.
Qué razón tenía la embajadora Nikki Haley cuando, en su visita a Guatemala, reprendió públicamente al “non grato” Velásquez y a la cuestionadísima y acusada de cometer varios delitos ex fiscal general Thelma Aldana de dejar de hacer shows en los medios con los acusados y dedicarse, como lo hace el FBI (Buró Federal de Investigaciones), a investigar y construir los casos antes de presentar a los jueces la investigación y solo dar conferencias de prensa si con una sentencia de culpabilidad se ha derrotado allí la presunción de inocencia del acusado. ¡Vaya que tenía razón la señora embajadora ante la ONU de la administración Trump!
Ahora creo que hay que proponer y a la vez exigir al Congreso que derogue el acuerdo original de creación de CICIG, y dejar de una vez por todas a ese adefesio inconstitucional y violador de derechos humanos en lo que la CICIG se volvió.
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Proponer un programa de entrenamiento y capacitación permanente de fiscales, jueces e investigadores de la PNC y el MP con el FBI en Quantico, Virginia, para entrenar a personal guatemalteco y graduarlo como agentes especiales extranjeros del FBI. Además iniciar un programa de capacitación y entrenamiento con el Inacif, con los laboratorios de criminalística del FBI y el Departamento de Justicia de los EE. UU. para que la prueba y la evidencia científica sea la principal arma del MP contra el delito y ya no las declaraciones de criminales o testigos corruptos como lamentablemente algunas fiscalías del MP han dado en producir, destruyendo el Estado de derecho en Guatemala.
¡Dios proveerá!
