Financiamiento electoral ilícito y la narcoactividad

“Preocupa el financiamiento de campañas políticas por estos grupos criminales y el poder que logren en el territorio nacional”.

Financiamiento electoral ilícito y la narcoactividad

La corrupción es un gran desafío para los guatemaltecos; sin embargo, para combatirla debemos estudiar sus raíces y crear sistemas de transparencia, control y respeto a la ley.  El tema del narcotráfico se ha abordado poco y muchos desconocen cómo afecta la dinámica de un país.

El Decreto 48-1992, Ley contra la Narcoactividad, en su artículo 2, indica que droga es “toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el organismo de una persona viva, modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia”. Esta abarca las legales, que incluyen, por ejemplo, el alcohol y el tabaco; y sustancias consideradas ilegales como la cocaína, cannabis, anfetaminas y heroína.

En Guatemala el gran problema lo está generando el mercado de las drogas ilícitas, el cual produce trasiego, consumo y una economía clandestina.  El país se ha convertido en una zona de tránsito ilegal entre países del sur hacia el norte de América.

Solo respecto a la cocaína, para 2009, Naciones Unidas calculó que este mercado era de alrededor de US$85 millardos, el norteamericano de US$38 millardos y el europeo de US$34 millardos. Según un estudio de Mark Schneider para el mismo año, el mercado de cocaína (contrabando y tráfico) entre Guatemala y Estados Unidos era de US$10 millardos y 10% se usaba para sobornos de oficiales locales.   

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el periodo 2013-2016 se registró un aumento del 56% de la producción de cocaína a nivel mundial. En informes recientes se señala que entre 2015 y 2016 Colombia aumentó en 50 mil hectáreas el área de siembra (de 96 mil hectáreas a 146 mil). Además es el mayor productor de cocaína, y ocupa el 69% del total de hectáreas dedicadas a este cultivo ilícito a nivel mundial.

“Preocupa el financiamiento de campañas políticas por estos grupos criminales y el poder que logren en el territorio nacional”.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) señala que el precio de un gramo de cocaína en 2017, puesto en Estados Unidos fue de US$160 -mientras que en Colombia fue de US$3.5, Guatemala US$13 y México US$26 (www.havocscope.com)-. La DEA también informó que el consumo de cocaína en EE. UU. ha permanecido constante en los últimos años. Sin embargo, el aumento de la producción en Colombia hace suponer un inevitable incremento del mercado ilícito y sus ganancias.

Para evaluar Guatemala, se pueden utilizar como referencia las incautaciones de cocaína en las últimas dos décadas, las cuales han tenido altas y bajas. A pesar de que ha mejorado en los últimos tres años, la cantidad es mínima en relación con lo que se trafica. Mientras que el Departamento de Estado de EE. UU.  calculó que en 2017 pasaron 1,400,000 kilogramos, el gobierno tan solo decomisó para el mismo año 13,659 kilogramos (aproximadamente 1%).

El auge de una economía ilícita determinada por el alto nivel de rédito que genera el tráfico de drogas distorsiona la economía de un país por la necesidad de los grupos criminales de blanquear sus ganancias. Además, el surgimiento de mafias cada vez más complejas, implica altos niveles de soporte logístico, seguridad para la mercancía, organización para el lavado de dinero, redes criminales de influencia en tomadores de decisiones y funcionarios públicos, que afectan el poder legítimo. Adicionalmente, este mercado desarrolla prácticas criminales colaterales, tales como el tráfico de armas, trata de personas y otras. Al contar con tantos recursos, dinero y capital, se incrementa las prácticas de corrupción y, lo más delicado, se debilita el Estado de derecho.

Respecto a la certeza del castigo, según datos del sistema penitenciario, de los 1,236 casos actuales relacionados con el tema, 75 correspondían al tránsito internacional; 82 al comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, 290 a la promoción y fomento; y 376 a la promoción o estímulo a la drogadicción. A la posesión para el consumo le corresponden solo 346 casos.

Preocupa el financiamiento de campañas políticas por estos grupos criminales y el poder que logren en el territorio nacional. Ante esta situación, es imperante contar con datos actualizados respecto al tráfico ilícito de drogas para desarrollar planes y estrategias, sistematizar la información y elaborar indicadores que permitan revisar las políticas públicas en materia de trasiego de cada una de las drogas ilícitas en Guatemala e ir mejorando la investigación, la prevención y el control. Urge que el Tribunal Supremo Electoral cuente con un sistema para evitar este tipo de financiamiento electoral. ¿Puede afectar el dinero de la narcoactividad en los resultados de las elecciones? ¿Cómo abordar el tema de las drogas de forma responsable y decidida? ¿Cree que el mercado de las drogas ha aumentado en el país?