Necesitamos certeza en el proceso electoral

La política nos entretiene, pero también nos angustia. Hace aproximadamente un mes se convocó a las elecciones y estamos a cuatro meses de escoger a nuestras nuevas autoridades (presidente y vicepresidente, diputados, corporaciones municipales y Parlacen).   

A partir de la teoría de la CICIG de que el problema de la corrupción en Guatemala radica en el financiamiento electoral ilícito y algunas demandas ciudadanas de mejorar el marco institucional, se llevaron a cabo varias reformas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Lamentablemente muchos de los guatemaltecos no se han percatado de estas. Varios desconocen que la primera vuelta será el 16 de junio y la segunda el 11 agosto. También están desinformados respecto al voto nulo y al voto en el extranjero. Habrá posibilidades de votar en el extranjero, pero se debe seguir un procedimiento y solo podrán votar por presidente y vicepresidente.

Así como hay personas a favor de la forma como quedó el financiamiento electoral, otros han cuestionado su diseño, la manera en que se asignarán los recursos y la capacidad de la unidad a cargo de su administración. De hecho, hay en contra una serie de recursos ante la Corte de Constitucionalidad que aún no se resuelven, lo que preocupa. 

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“Varios desconocen que la primera vuelta será el 16 de junio y la segunda el 11 agosto. También están desinformados respecto al voto nulo y al voto en el extranjero”.

Adicionalmente, los tiempos de las campañas políticas se acortaron. Ahora solo es permitido realizar campaña tres meses -del 18 de marzo al 14 de junio- (con la Semana Santa de por medio). Es obvio que no deseamos campañas políticas millonarias, ni paredes, puentes, carreteras, árboles, piedras y el país en general tapizado de propaganda política; sin embargo, se ve poca oportunidad para que tanto un nuevo candidato como una reciente agrupación política puedan darse a conocer.

No se tomó en cuenta que hay candidatos que tienen muchos años de estar en la contienda, o han sido figuras públicas y que se han dado a conocer en los medios, por lo cual disfrutan de un “capital político” que los pone en ventaja frente a otros candidatos. Igual sucede con las organizaciones políticas recién formadas si las comparamos con partidos tradicionales cuyo símbolo es reconocido por muchos. 

Además, en el caso de las corporaciones municipales, se pueden formar comités cívicos; sin embargo, solo podrán gastar el equivalente a US$0.10 por cada ciudadano empadronado, en comparación con los partidos políticos que su techo máximo son US$0.50 por cada empadronado. Posiblemente habrá menos comités cívicos que en años anteriores, menor participación ciudadana y mayor postulación de los alcaldes actuales, ya que tienen mucha más ventaja que otros.

Entre los cambios de la elección de los diputados, la ley limita a 128 los diputados distritales y 32 diputados electos por listado nacional, fijando un Congreso de 160 curules. También se castiga el transfuguismo en el Congreso, ya que queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política, razón por la que se dice que más de la mitad de los diputados actuales no podrían correr en la elección de este año. 

También se cambiaron las reglas para cancelar un partido. Las personas se preguntan por qué tanto candidato. Se podría deducir que es por la reforma que se hizo a los motivos de cancelación de partidos, ya que en el artículo 25 literal d) dice: “Si los partidos políticos no postulan candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República; o no postulan candidatos a diputados en más de la mitad del total de los distritos electorales, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República, procede la cancelación de un partido”.

Adicionalmente, en esta contienda tenemos el accionar sorpresivo de la CICIG y el Ministerio Público. Dejó a muchas personas confundidas las solicitudes de levantar el antejuicio a dos candidatos a la presidencia que habían llevado con éxito todo su proceso de inscripción. Inquieta que se dé otro tipo de intervenciones que vulnerarán la certeza del proceso y la desmotivación del guatemalteco a participar. De hecho 8 de 10 guatemaltecos entre 18 y 35 años no están empadronados y la última fecha es el 17 de marzo. Necesitamos reglas claras y un proceso sin sorpresas. Urge que la ciudadanía se informe, la Corte de Constitucionalidad resuelva los recursos pendientes y las instituciones actúen con prudencia y profesionalismo para lograr confianza. ¿Cuántos candidatos conoce a la presidencia? ¿Está de acuerdo que la campaña política dure tres meses? ¿Piensa ir a votar?