El próximo año será clave para la vida política e institucional del país debido a que, por primera ocasión en los 38 años de vida democrática, coincidirá la elección de los tres poderes del Estado en el mismo año. Elegiremos mediante el voto a las autoridades del organismo Ejecutivo, Legislativo, así como a los integrantes de las corporaciones municipales y los diputados del Parlamento Centroamericano; y por su parte, a través de una elección de segundo orden, los diputados del Congreso elegirán para el Organismo Judicial a los magistrados de las Salas de Apelación y de la Corte Suprema de Justicia.
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¿Qué estará en juego? En primer lugar el nombramiento de jueces y magistrados imparciales, y consecuentemente la independencia judicial, la lucha contra la corrupción e impunidad, la democracia y la gobernabilidad, así como el desarrollo integral de la población y el crecimiento económico del país. Por eso es importante que en cada proceso nos aseguremos que se elijan a las mejores autoridades, ya sea mediante un voto responsable y reflexivo o bien a través del seguimiento y la fiscalización del trabajo de las comisiones de postulación y la consecuente elección en el Congreso, esto último para la elección de los jueces en el Organismo Judicial.
Estas elecciones determinarán el rumbo del país. En este sentido es importante diseñar escenarios que nos permitan analizar los intereses y las relaciones de fuerza que tendrán los actores para elegir a los jueces. Esta elección concentrará la atención de muchos que estarán interesados en debilitar la independencia judicial. Por ejemplo, las personas que están vinculadas a procesos judiciales y aquellas que tengan el temor de ser acusadas, ya que intentarán influir en la elección de juzgadores para obtener ventajas y evadir la justicia.
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Son innumerables las historias y consistentes las críticas al modelo de comisiones de postulación, este mecanismo corporativismo que le da un papel importante a las facultades de derecho de las universidades del país y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) con el propósito de blindar de la influencia política la elección de los jueces. Objetivo que a todas luces no se ha alcanzado.
Las comisiones de postulación se han convertido en espacios apetecidos por actores externos que quieren tener control e incidencia en las decisiones judiciales. Componendas políticas y acuerdos espurios se han tejido para blindar cortinas de impunidad en el país. La democracia y la gobernabilidad necesitan de un sistema de justicia imparcial que controle y limite el poder y las decisiones de las autoridades políticas. Lamentablemente ha sucedido lo contrario.
Imaginemos tres escenarios para los diputados al Congreso de la República. En cada uno de ellos tendrán diferentes intereses y relaciones de fuerza que pondrán en juego en la elección de jueces.
El primero de ellos es la elección antes de la primera vuelta, cuando los diputados no saben si lograrán su reelección, así como desconocerán a los candidatos que participarán en la segunda vuelta electoral; o bien, el escenario en donde podrían elegir a los jueces entre la primera y segunda vuelta, aquí sabrán si fueron reelectos o no, y tendrán a un grupo de nuevos diputados electos pero no en funciones, así como a dos candidatos compitiendo por la presidencia; o el tercer escenario, en el que la elección de jueces se da posterior a la segunda vuelta electoral, ahí tendremos electo al nuevo presidente y definida la correlación de fuerzas en el Congreso, con diputados en funciones (reelectos o no) y diputados electos.
¿Qué escenario se configurará? ¿Cuáles serán los factores que pesarán en los actores no visibles y externos que intentarán influir en la elección de jueces? ¿Qué papel jugarán aquellos diputados que están enfrentando un proceso judicial y no logren su reelección? ¿Hasta qué punto podrán las autoridades electas ejercer presión o influencia en las autoridades que están en ejercicio? La independencia judicial y la lucha contra la corrupción e impunidad estarán en juego. ¿Qué opina usted?