Es increíble lo que ha pasado en Guatemala en la última semana: Los representantes de la Fiscalía de los lacayos de la CICIG en el MP y el mismo vocero de la CICIG han salido públicamente aceptando que personal del MP ha negociado abiertamente con testigos en el caso Vielmann y Sperisen para corromper testigos y hacerlos mentir en juicio contra estos dos acusados.
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Estos son los hechos, los audios son innegables y los hechos son tan claros que según entiendo, el mismo Vielmann ya ha presentado denuncia penal ante el MP por esos graves delitos cometidos por los mismos operadores de justicia que están obligados a perseguir el delito con la ley en la mano y no a cometer delitos y abuso de poder.
De esa situación, la única culpable es la CICIG. Esa entidad, que es una aberración inconstitucional que suplanta las funciones y usurpa el poder constitucional que tiene el MP de perseguir delitos, es por su propia naturaleza de experimento inconstitucional la entidad que abusa del poder desnaturalizado de la inmunidad diplomática y que con una CC corrupta se opone a las decisiones soberanas del pueblo de Guatemala, expresadas a través de sus autoridades legítima y democráticamente electas.
“¿Cómo es posible, guatemaltecos, que el presidente de la República, el Congreso y la fiscal general mantengan esta ilegalidad dentro de nuestro sistema?”
Esta situación fue así desde el inicio. Desde el primer nefasto comisionado, el socialista y delincuente Castresana, que fabricó testigos falsos, dejó a los asesinos de la familia Musa libres porque le convenía tener a políticos corruptos y asesinos de aliados, desde que Dall’Anese siguió con las mismas prácticas al presentar el caso “Pavón” a sabiendas que era con testigos falsos que estaban presentando un caso falso y podrido de evidencia ilegal. Eso mismo fue lo que hizo que cuatro tribunales y jurisdicciones distintas en todo el mundo: La CSJ en Guatemala con el caso Giammattei, la justicia en Austria con el caso Figueroa, la justicia en Suiza con el caso Sperisen y la Corte Suprema en España con el caso Vielmann, dejaran libres a los acusados o revocaran las sentencias de primer grado por manifiestas ilegalidades en los casos presentados por la CICIG y las oenegés de extrema izquierda aliadas a esa aberración inconstitucional.
En cualquier jurisdicción del mundo, si a un juez se le demuestra que la Fiscalía o una anomalía inconstitucional como la CICIG ha presentado testigos o testimonios falseados o abiertamente mentiras contra cualquier acusado, el juez no solo detiene la persecución penal sino que inmediatamente ordena que se persiga penalmente a los fiscales e investigadores involucrados en el gravísimo delito de iniciar y continuar una investigación penal con pruebas o testigos falsos, o evidencia o testimonio fabricados.
Esa es la justicia CICIG y de la FECI, y ese es el gravísimo daño que le ha hecho a la justicia el experimento nuevamente fracasado y fallido de la ONU en Guatemala. ¿Cómo es posible, guatemaltecos, que el presidente de la República, el Congreso y la fiscal general mantengan esta ilegalidad dentro de nuestro sistema? ¿Cuándo va, usted, señor presidente, a anular el Convenio con la CICIG? ¿Cuándo van, ustedes, señores diputados, a cancelar el Convenio con la CICIG en el Congreso? ¿Hasta cuándo, señora fiscal general, va a usted a mantener a la mafia de fiscales de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana adentro del MP? ¡Ya basta, guatemaltecos! ¡Ya no más!
#CicigFueraYa
