Lo que vivimos durante 2015 nos dio mucha energía y esperanza. Estábamos cansados de tanta corrupción y totalmente indignados. Muchos días en la plaza protestando y solicitando la renuncia primero de la exvicepresidenta Rosana Baldetti y luego del expresidente Otto Pérez tuvieron sus frutos. Las investigaciones de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), con el apoyo ciudadano, provocaron un cambio de autoridades. Era claro que ya no se deseaba la “vieja política”, entendida esta como la práctica de llegar al poder para aprovecharse del cargo, buscar rentas personales y transar con los recursos públicos.
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“Según el Tribunal Supremo Electoral, actualmente hay alrededor de dos millones y medio de guatemaltecos que, a pesar de contar con Documento Personal de Identificación (DPI), aún no se han empadronado”.
Han pasado más de tres años desde aquel entonces y mucha de la ilusión se perdió. Lamentablemente, el gobierno no tuvo la capacidad ni la fuerza para hacer las reformas estructurales que el país necesitaba para mejorar la gestión pública y dar resultados.
En materia de recursos humanos se hizo una propuesta para reformar la Ley de Servicio Civil, pero no se ha discutido a fondo. Se ha hecho muy poco respecto a limitar las negociaciones y montos de los pactos colectivos del gobierno, lo cual está asfixiando financieramente al Estado. La masa salarial ha aumentado y aún no se conoce el número de empleados públicos.
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“Fue difícil motivar a los estudiantes universitarios a investigar temas relacionados con la política y más aún interesarlos en conocer cómo funciona el gobierno”.
La Ley de Contrataciones, reformada en varias oportunidades, no logra dar la certeza para avanzar con la inversión pública. También se requiere un análisis del actuar de la Contraloría General de Cuentas, ya que se ha visto que hay distintos criterios para evaluar y fiscalizar los recursos, lo que genera una gran incertidumbre por el procedimiento que se está llevando a cabo. Varias veces acuden a lo penal sin haber agotado la vía administrativa. Adicionalmente, una contraloría sin control puede utilizarse como un medio para inhabilitar a adversarios políticos.
Y, por último, se requiere una Ley de Presupuesto que norme la planificación, asignación y ejecución de recursos. Hemos sido testigos en los últimos días de como un presupuesto teóricamente formulado por el Ministerio de Finanzas, en el Congreso “le quitan y le ponen recursos” a distintas instituciones sin ninguna evaluación de impacto ni criterio técnico. Se dan fondos extraordinarios a la Universidad de San Carlos, bonos para el magisterio, incremento a los salubristas, más recursos al Organismo Judicial –parte para el sindicato– y otros; le reducen a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a otros ministerios, lo que muestra que se terminan asignando recursos principalmente a los que más protestan y premiando lo político antes que lo prioritario para la población. No hay que endeudarse por gastos totalmente innecesarios. Es urgente contar con reglas con las que los miembros del Congreso tengan límites a esta atribución.
A todo esto, al menos hay una salida, las elecciones de 2019. Preocupa tantas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y que aún el Congreso siga tratando de modificar algunos artículos a dos meses de la convocatoria. Persisten en el ambiente dudas de cómo será este proceso, y lo más desafiante es la apatía de muchos jóvenes respecto a la situación del país y su participación para transformarlo.
Este semestre se trabajó un proyecto con varias organizaciones de la sociedad civil y catedráticos, con el apoyo de la embajada de Suiza, llamado: Impacto Ciudadano. Fue difícil motivar a los estudiantes universitarios a investigar temas relacionados con la política y más aún interesarlos en conocer cómo funciona el gobierno, particularmente el Congreso. Lo que alarma es que muchos creen que basta con opinar en redes sociales y hacer comentarios superficiales.
Según el Tribunal Supremo Electoral, actualmente hay alrededor de dos millones y medio de guatemaltecos que, a pesar de contar con Documento Personal de Identificación (DPI), aún no se han empadronado. Lo más preocupante es que más de la mitad (1,645,510) son jóvenes entre 18 y 25 años y medio millón se encuentra entre el rango de 26 a 35 años (20%). Por lo tanto, se hace un llamado urgente a la juventud guatemalteca a empadronarse –solo toma cinco minutos–.
Es difícil cambiar una nación sin participar. Debemos motivar a los jóvenes a involucrarse, que se informen durante la contienda electoral, analicen a los candidatos, escuchen sus propuestas y ejerzan su voto con conciencia y conocimiento.
El próximo gobierno necesitará gente capaz, energética y entusiasta para transformar Guatemala. ¿Estás empadronado? ¿Qué esperas del próximo gobierno? ¿Qué actividades realizas para mejorar tu comunidad?