Más y mejores servicios públicos

En los últimos años varios guatemaltecos en el área urbana se han enfocado en temas de corrupción y persecución penal; sin embargo, se ha descuidado la gestión pública y el desarrollo, especialmente, los servicios como la educación y la salud. Es deplorable el estado en que se encuentran las carreteras y el mal desempeño económico del país. Mucha pobreza y pocas oportunidades.

Un instrumento clave para conocer las prioridades del gobierno y los temas que abordará el último año de su periodo es el proyecto de presupuesto que se está discutiendo en el Congreso de la República para el ejercicio fiscal 2019. Este asciende a Q89,775.1 millones y presenta un incremento de Q12,785.6 millones respecto al año anterior (16%). Se concentra en Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (28%) -donde están transferencias a entidades autónomas, descentralizadas y gobiernos locales-, en el Ministerio de Educación (21%), en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (19%), para los servicios de la deuda pública (13.6%) y para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (8%). Respecto a la composición se siguen priorizando los gastos de funcionamiento a costa de la inversión pública.

De nuevo el proyecto de presupuesto es deficitario. Se proyectan ingresos tributarios de Q65,210.5 millones (equivalentes a 10% de la producción nacional).  Sin embargo, expertos señalan que esta cifra no es realista. Se calcula que estos ingresos podrían ser hasta Q2,200 millones menos, basado en la capacidad de recaudación, en el desempeño económico del escenario medio que plantea el Banco de Guatemala y otros factores.

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En la última década el gasto aumentó en un 43%, pero los ingresos solo en 15%. Preocupa que la masa salarial ha crecido, especialmente en los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, al pasar de 65% en el período 2004-2007 a un 74% en el período 2016-2017. Por ejemplo, en Educación los aumentos responden a incrementos salariales debido a un pacto colectivo. Está pendiente su renovación, el cual asciende a un costo de Q4,909.4 millones, pagadero en tres años (20018-2020). Se asignarían Q1,041.7 millones para este año, Q1,627.4 para el próximo y Q2,240.3 para 2020. Se pretende aumentar un 5% a los maestros y a trabajadores administrativos, otorgar bonos y dar otros privilegios. Del año 2006 al 2017 el presupuesto del ministerio pasó de Q4,920.8 millones a Q13,937.2 millones -casi el triple-, mientras que la cobertura de educación primaria disminuyó de 95% a 78% y la calidad está estancada.

Se recomienda discutir más el presupuesto, retomando los principios y compromisos del pacto fiscal. Cada entidad debe explicar sus costos de recurso humano, compras e inversión, así como presentar resultados. Si los ingresos tributarios son bajos, hay que ser austero en el gasto. Se sugiere establecer el techo presupuestario a partir de fijar un déficit fiscal cercano al 1.5% de la producción anual. Si el Estado se va a endeudar, que sea para financiar desequilibrios transitorios entre los gastos e ingresos totales y no para financiar el gasto corriente o el servicio de la deuda pública.

Se debe eliminar todo el gasto inefectivo que no logra mejoras. Existen muchos programas y proyectos que traen una inercia que no benefician a los ciudadanos, pero implican un gran gasto.  Se ve urgente implementar un sistema público de rendición de cuentas periódico que provea información relevante para la gestión pública. Esta práctica debe aplicarse a todos los recursos públicos, incluyendo las donaciones a las ONG y las asignaciones de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Es importante dar seguimiento a indicadores de procesos de productos, y verificar resultados que formen parte de las distintas etapas de la cadena de la generación de valor público.

Avanzar hacia la consolidación del presupuesto del sector público para su integralidad permitiría conocer de mejor manera la situación financiera y el uso de los recursos correspondientes a las transferencias que hace el gobierno central. Deben establecerse incentivos para que las municipalidades gasten mejor, rindan cuentas y no tengan tanta dependencia de las transferencias centrales. Se recomienda recuperar gradualmente la participación de la inversión pública, pero en proyectos que previamente cuenten con los estudios que garanticen su calidad y eficiencia. Importante tener gestión por resultados y no solo por actividades. Por último, es imperante revisar la normativa de los pactos colectivos del sector público. El no tener límites financieros está condenando al país a destinar recursos a aumentos salariales masivos sin lograr más y mejores servicios públicos a los ciudadanos. ¿Está de acuerdo que el gobierno gaste más de lo que le ingresa? ¿Qué opina de los pactos colectivos? ¿Cuáles deberían ser las prioridades del país?