Necesitamos una política de desarrollo urbano en Guatemala si a futuro deseamos disfrutar de ciudades que brinden empleo, vivienda y bienestar a sus ciudadanos. Esta fue mi conclusión del Encuentro Nacional por el Desarrollo #ENADE2018, titulado “Aquí estamos viviend@”.
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El déficit habitacional en el país es de aproximadamente dos millones de viviendas, de las cuales medio millón podría arreglarse con mejoras, lo que se conoce como déficit cualitativo. El problema es que la población y los hogares aumentan, pero el número de nuevas viviendas no llega ni a 10 mil por año, lo que hace que el déficit crezca 5% anual y se vaya acumulando.
Previo al evento, Fundesa realizó seis talleres de distintos temas, donde participaron alrededor de 500 expertos y 45 organizaciones, lo que por un lado permitió hacer un buen diagnóstico, pensar en conjunto, presentar algunas propuestas y hacer redes. Los talleres se titularon vivienda desde un enfoque social, un barrio a la vez, acceso a la vivienda, servicios domiciliares, instituciones y normas, e impuesto a la propiedad. Algo interesante fue que se recopiló la información de la opinión de participantes y expertos por medio de 28 preguntas. Me referiré a los resultados de tres temas que considero fundamentales: política, servicios y normativa.
Respecto a la política, la mayoría señaló que el centro de cualquier política de vivienda debe ser el desarrollo de las personas, evitando la segregación por medio de una planificación armoniosa de viviendas, barrios y ciudades. Más de la mitad opinó que una gran parte de las enfermedades que padece la población, sobre todo la niñez, se podrían prevenir si se invirtiera en mejorar las condiciones de las viviendas. Los elementos que están fuera de la vivienda son los que le otorgan valor (áreas verdes, comercio, transporte, vialidades, escuelas y otros). “Un mejor barrio genera mayor calidad de vida”. Hay un gran consenso en que la conservación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales debe verse como una inversión en infraestructura urbana, debido a los altos retornos que genera. Se concluyó que la vivienda es un motor generador de riqueza, no solo por convertirse en el principal patrimonio familiar, sino por la actividad económica que genera a su alrededor, como el empleo y la inversión.
“Necesitamos una política de desarrollo urbano en Guatemala si a futuro deseamos disfrutar de ciudades que brinden empleo, vivienda y bienestar a sus ciudadanos”.
En relación con los servicios públicos, la mayoría está de acuerdo que una ciudad no será sostenible si no garantiza acceso adecuado a agua y a saneamiento. Para ello, es necesario fortalecer la gobernanza, reforzar la gestión integral de los servicios, y trabajar en el ordenamiento territorial. Los servicios domiciliares, aunque públicos, tienen un costo que hay que asumir. Por eso, se necesitan mecanismos que capten recursos, e incentivos que permitan la prestación y gestión de dichos servicios con estándares de calidad. Hubo grandes coincidencias respecto a que un factor clave para la provisión de servicios domiciliares es contar con un sistema de información y monitoreo que permita conocer calidad, cantidad y dinámica de la gestión del servicio, para así planificar su prestación. Además, se señaló la necesidad de reducir la ineficiencia en el sistema de reciclaje y su inadecuada disposición final.
Referente a normativa, instituciones e impuestos, la mayoría comentó que no se aplicaba la ley, las atribuciones están atomizadas en entidades de distinta jerarquía y especialidad, los tiempos de actuación están ligados a ciclos electorales, y que hay poca capacidad técnica, financiera y administrativa. Adicionalmente se reconoce que el proceso de urbanización en el país tiene una relación con el crecimiento económico, pero se podría capitalizar si el Estado tuviera una institucionalidad efectiva que se ocupe del tema. Definitivamente, la informalidad en la tenencia de la tierra tiene un gran impacto en la búsqueda de soluciones al déficit habitacional. Hay derechos de propiedad muy precarios, especialmente en el área rural del país. También se trató el tema del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI). Este impuesto debería generar recursos que, al invertirlos, produzcan plusvalía y revalorización de las propiedades, mejorando la recaudación, pero sin generar distorsiones en la toma de decisiones. Es importante dar a conocer los beneficios de lograr mayores ingresos a nivel local, y generar incentivos para su cobro, dado que el IUSI genera oposición en las autoridades municipales porque implica la posible pérdida de votos. Casi todos coincidieron que se necesita reformar la Ley del IUSI para lograr un sistema transparente y con una autoridad rectora (cobro y asignación). El valor del mercado, el valor fiscal y los valores contables deben guardar relación entre sí. Es necesario simplificar los trámites e implementar un plan nacional de catastro, usando tecnología de punta.
Fue un encuentro interesante. Nuevo formato y dos excelentes expositores internacionales. Adicionalmente, el proceso de discusión fue muy enriquecedor, información que debiera sintetizarse y divulgarse para que sirva de base en las próximas elecciones. ¿Cómo planificar para crear ciudades con posibilidades de empleo y vivienda? ¿Qué es prioritario en el tema de vivienda? ¿Paga usted IUSI y cómo le gustaría que lo invirtieran las municipalidades?
