En el Congreso de la República se está discutiendo y aprobando una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). A pesar de que desde muchos espacios e innumerables actores han demandado y solicitado al Congreso la aprobación de esta reforma, en este momento, dado el contexto político, el nivel de avance en la implementación de los cambios aprobados en 2016 y la cercanía del proceso electoral, paradójicamente resulta inconveniente, riesgoso y poco responsable aprobar una reforma electoral.
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Hay varias razones por las cuales no se debe aprobar. La primera de ellas está relacionada con los tiempos político-electorales. Estamos a las puertas de una elección y las reformas, que eventualmente se aprobarían, requerirán de un proceso de implementación para ajustar la normativa, la institucionalidad y los procesos a los cambios aprobados.
“No podemos colocar al órgano electoral en una situación complicada que limite la capacidad de reacción y ejecución de la normativa”.
Este factor es importante principalmente porque en este momento el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está de lleno, con todas las energías y en algunos casos con muchas dificultades, desarrollando el proceso de implementación de las reformas que se aprobaron en 2016. Es decir, una nueva reforma vendría a acumular el trabajo del TSE, y en el contexto del país esto se convertiría en una variable que puede complicar la elección. Hay experiencias de países cercanos en los que reformas implementadas con poco tiempo han generado más problemas de los que buscaba resolver.
Las consideraciones sobre “los tiempos de implementación” deben incorporarse en la discusión y aprobación. No podemos colocar al órgano electoral en una situación complicada que limite la capacidad de reacción y ejecución de la normativa. Esto afectaría significativamente la credibilidad y la certeza del proceso electoral. Impensable e indeseable es el escenario en el que actores políticos pongan en duda la elección. Un mal proceso de implementación nos acerca a esa terrible situación.
“Los diputados están pensando en modificar la normativa para su beneficio y no necesariamente para perfeccionar, democratizar e institucionalizar el sistema electoral”.
Por otro lado, tampoco se tiene claridad del objetivo que se persigue con esta reforma. Los beneficios que las modificaciones traerían para los ciudadanos, el sistema electoral y de partidos políticos, la representación política y el sistema democrático. En el fondo de la discusión está la sombra del transfuguismo, que pareciera ser la principal motivación y el único interés que tienen los legisladores para hacer avanzar esta reforma. Dado que algunos de ellos enfrentarían dificultades para buscar la reelección si no modifican la LEPP.
Los diputados están pensando en modificar la normativa electoral para su beneficio inmediato y no necesariamente lo están haciendo para perfeccionar, democratizar e institucionalizar el sistema electoral y de partidos políticos, ni están pensando en lo que los ciudadanos pueden ganar con la reforma. Que en última instancia es lo que muchos estamos esperando. Por ejemplo, cambiar la forma para elegir a los diputados al Congreso dejando atrás la elección por listas cerradas y bloqueadas y pasar a mecanismos más democráticos que den más posibilidades de elección a los votantes.
Por estas razones resulta, en este momento, inconveniente, riesgoso, inoportuno y poco responsable aprobar una reforma electoral. Ni los ciudadanos ni el sistema tendrán beneficios en el corto plazo. Los diputados sí salen ganando si aprueban el transfuguismo. No corramos. En 2020 se instalará una comisión para evaluar el proceso electoral del próximo año y hacer propuestas de reforma que perfeccione el sistema. Guardemos la carta y la ponemos sobre la mesa en ese momento. ¿Qué opina usted?
