Luego del ambiente causado por el presidente de la República, Jimmy Morales, al pronunciar su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en New York, el pasado martes, los guatemaltecos nos encontramos en una situación de incertidumbre, preocupación y angustia. Si bien el presidente y su equipo habían detectado algunas decisiones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que no les parecían, fue hasta que se inició el proceso de solicitud del levantamiento del antejuicio del presidente, hace más de un año, que empezaron con los señalamientos en contra de esta institución.
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Por algunas acciones de la CICIG en conjunto con el Ministerio Público (MP) y la complacencia de algunos jueces, a criterio de varios expertos en la opinión pública, se habían dado diversos excesos. La recomendación fue entrar en un proceso de enmienda de sus errores, con un análisis objetivo del actuar tanto de los personajes como de ambas organizaciones.
Lamentablemente, lejos de reformularse y escuchar, se percibió poca apertura y, por el contrario, se mantuvo una actitud hacia la polarización, tensando cada vez más, al punto de radicalizar las relaciones con el gobierno. Adicionalmente la mediatización de la justicia y la exaltación de ciertas figuras desafortunadamente confirmó el temor de algunos, que las acciones se estaban utilizando con fines proselitistas.
Lo que es fatal es que durante este tiempo no se dieran las condiciones para logar un acuerdo ya que, según el gobierno, al no tener respuesta de Naciones Unidas, decidieron unilateralmente el 31 de agosto no prorrogar el acuerdo de la CICIG, cuyo mandato finaliza el 3 de septiembre de 2019, luego de 11 años de operación.
Ha causado mucha presión el haberle prohibido el ingreso al comisionado de CICIG al país. A pesar de todos los procesos legales a favor de él, difícilmente volverá a Guatemala. Sin embargo, si somos personas que creemos y abogamos por las instituciones y no por los funcionarios de turno, debiéramos buscar un buen trato o arreglo para que no se deje vulnerable a Guatemala sin el apoyo de la CICIG, para que realmente no haya marcha atrás respecto a la corrupción y la impunidad, se lleve a cabo una propuesta de transformación de las instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia, y además exista voluntad política para el cambio.
“Es imaginable pensar que hubiéramos podido procesar un gobierno tan corrupto como el de Otto Pérez y Roxana Baldetti sin el apoyo de la CICIG”.
Es imaginable pensar que hubiéramos podido procesar un gobierno tan corrupto como el de Otto Pérez y Roxana Baldetti sin el apoyo de la CICIG. El destapar los negocios de algunos exdiputados, exfuncionarios y candidatos presidenciales como Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi nos liberó que llegaran a ser presidentes y siguieran saqueando al Estado.
Sin embargo, el no haber ido creando institucionalidad interna y haber contado con plenos poderes avalados por una Corte de Constitucionalidad desbordada y sin límites, provocó el efecto pendular en el que hoy nos encontramos.
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En total desacuerdo que el presidente Morales use al Ejército de escudo, al igual que nombre de forma arbitraria a los mandos de la Policía Nacional Civil. El presidente debe tener claro que su mandato es pasajero y que este tipo de acciones son verdaderamente un retroceso para el país.
Debiera considerarse que el mandato de CICIG se extendiera por dos años más (hasta el año 2021) y que durante estos tres años se diseñe un plan y un cronograma para transferir las competencias a distintas instituciones locales. Debiera de incluir un proyecto de reformas al sector justicia que involucre desde el inicio a guatemaltecos y que cuente con los mejores juristas y profesionales para proponer y aprobar una propuesta integral e innovadora para el país.
No queremos llegar a los extremos de Nicaragua, mucho menos de Venezuela. Debe mantenerse la libertad de expresión y de manifestación. Deseamos fortalecer la democracia y contar con un plan para combatir la corrupción e impunidad, que no solo consista en la persecución penal, sino en cambios de sistemas y procedimientos, y una verdadera transformación de la sociedad en promover valores como el mérito, la honradez, la solidaridad y la eficiencia. Buscamos el desarrollo, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos. Estamos de cara a un proceso electoral, esperamos que se cuente con buenos candidatos con propuestas y equipos capaces que motiven a los ciudadanos a ir a las urnas e iniciar el cambio tan anhelado para el país. ¿Vendrá el comisionado de nuevo a Guatemala? ¿Estaría de acuerdo de que la CICIG permaneciera por tres años para mejorar la justicia criminal del país? ¿Cómo salir de la polarización actual?
