Ahora quieren intervenir las elecciones

“Este adefesio inconstitucional le ha costado a la comunidad y al gobierno de Guatemala en 10 años de operación 180 millones de dólares, o sea más o menos ¡18 millones de dólares al año!”

Ahora quieren intervenir las elecciones

Desde que este adefesio inconstitucional que reiteradamente ha violado la ley y la Constitución que se llamaba CICIACS, y que desde entonces decidieron llamarla CICIG, me opuse por principio a la ilegalidad de intervenir el sistema de justicia, destruyendo las instituciones procesales guatemaltecas y llamando a esa ilegalidad “lucha contra la corrupción”.

¿Ha disminuido la corrupción? Lo dudo muchísimo. ¿Ha mejorado el proceso penal guatemalteco? No, absolutamente no. ¿Ha mejorado el Ministerio Público y sus métodos de investigación y se ha entrenado a la Policía y al MP para mejorar la calidad de las investigaciones criminales y presentar evidencia científica y no testigos protegidos que son criminales de dudosa reputación que dirán cualquier cosa para reducir sus sentencias? No, absolutamente no.

¿Se han atacado a mafias internacionales como Coutiño Internacional o los bufetes de abogados corruptos que colaboran con la mafia rusa y con las mafias internacionales de pasaportes falsos? No, absolutamente no. ¿Se ha perseguido a la UNE, uno de los partidos políticos más corruptos de la historia del país junto con el PP, y a Sandra Torres, a Joviel Acevedo, a las mafias dentro de las ONG de DD. HH., otra mafia de lavado de dinero y crimen organizado? No, absolutamente no.

“Este adefesio inconstitucional le ha costado a la comunidad y al gobierno de Guatemala en 10 años de operación 180 millones de dólares, o sea más o menos ¡18 millones de dólares al año!”

A esta farsa de “lucha contra la corrupción”, que es el turismo judicial de burócratas corruptos y demás baja estofa de la ONU y las ONG, a este desastre de violación al debido proceso, testigos falsos, testigos comprados, persecución penal ilegal, violación a la Constitución, al debido proceso, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia, a eso le llama CICIG “grandes triunfos y grandes logros”.

Este adefesio inconstitucional le ha costado a la comunidad y al gobierno de Guatemala en 10 años de operación 180 millones de dólares, o sea más o menos ¡18 millones de dólares al año! Yo me pregunto que con ese dineral, ¿cuántos laboratorios para el Inacif podríamos haber construido? ¿Cuántas unidades especializadas contra el crimen organizado de maras y pandillas de extorsionistas hubiéramos ya puesto en operación? ¿Cuántos fiscales y policías hubiésemos ya mandado a entrenar al FBI de los Estados Unidos para que regresaran a Guatemala a fundar una Escuela de Altos Estudios de Criminalística e Investigación Criminal y mejorar así la calidad de las investigaciones del MP y la PNC?

Ah, no, pero como esta desgracia llamada CICIG es intocable según la prensa corrupta y fafera, cualquiera que haga ver sus múltiples fracasos y abusos automáticamente es calumniado de fascista, corrupto, pagado por el Mariscal Zabala o cualquier otra ensarta de improperios, insultos y agravios.

¿Y ahora, para terminar de destruir la República y la democracia, este adefesio inconstitucional llamado CICIG ahora quiere firmar un acuerdo ilegal con el TSE para intervenir la elecciones generales de 2019 y controlar los medios de comunicación? ¡¿Cómo así, señores?!

En ningún lugar del mandato dice que la CICIG, menos en la ley electoral guatemalteca, o una entidad internacional puede intervenir en asuntos internos políticos guatemaltecos, menos cuando ya hay una posible candidata títere de CICIG como demostró la nefasta ex fiscal general Thelma Aldana y su partido político de extrema izquierda a favor del aborto y la agenda antifamilia LBGTI Semilla.

Ya es hora, señor presidente Morales, que expulse usted de nuevo al “non grato” Velásquez por la enésima violación a la ley de la Constitución y la soberanía guatemalteca. Esta nueva falta gravísima a los asuntos internos guatemaltecos lo justifican completamente. ¡Firme usted el decreto de expulsión por esta nueva aberración, y restaure el despedazado Estado de derecho de la República!